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Armando Bartra


Chiapas, Aleph




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La directora y los miembros del comité editorial que desde 1995 publicamos Chiapas somos estudiosos de la perspectiva nacional y si nos apuran hasta mundial.

¿Por qué, entonces, pergeñar una revista cuyo nombre y contenido remiten a un remoto estado del sureste de la república mexicana?

Simplemente, porque a partir de la insurrección de Las Cañadas Chiapas se había transformado en el epicentro de la política nacional y en foco irradiador de un sismo ideológico que sacudía todos los rincones del planeta.

Porque desde 1994 Chiapas es metáfora de la ignominia y emblema de la resistencia. Porque desde la aparición del EZLN el sureste esta siendo leído como compendio de la república, como breviario del subdesarrollo.

Porque en el sureste se condensa la barbarie que acompaña a la civilización capitalista, la cara siniestra de la modernidad.

Porque Chiapas es la piedra de tropiezo de la globalización salvaje, el talón de Aquiles de la "reconversión" neoliberal.

Porque "Chiapas es el corazón de la patria" como decía en los buenos tiempos la Convención Nacional Democrática.

Porque Chiapas es el Aleph, el punto donde se condensan las luces y sombras del mundo contemporáneo.

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Chiapas puede ser epicentro, Aleph, metáfora, emblema, breviario, compendio, talón de Aquiles, pero Chiapas no es todo el país.

El alzamiento de la selva precipitó la conciencia nacional y la consigna de "paz con justicia y dignidad" puso en pie a lo mejor de los mexicanos. Desde 1994 Chiapas se transformó en la Meca de la revolución "posmoderna". Y estuvo bien. Pero México no empieza ni termina en Las Cañadas.

La verdadera fuerza convocante de los neozapatistas no está en llamar la atención sobre la circunstancia chiapaneca, sino sobre la realidad nacional de la que el sureste es espejo (no tanto tenderle la mano al indio como reconocer que todos, de algún modo, somos indios). Y a este llamado no se responde sólo solidarizándose con Chiapas, sino movilizándose por justicia y dignidad para todos. Sacudiendo y ventilando, para empezar, la propia realidad local, regional, sectorial...

Importa recordar esto, porque en los últimos meses el compromiso con Chiapas se ha estrechado. Se ha particularizado a tal punto que, para algunos solidarios, conmoverse por la problemática del sureste ya no supone moverse también por el país todo, comprometerse con los grandes problemas nacionales.

Luchar contra el ninguneo del gobierno a los acuerdos de San Andrés, demandar signos de distensión que permitan reanudar con seriedad las pláticas, denunciar las progresivas incursiones del ejército en territorios zapatistas, se está transformando en una causa particular entre otras; en trinchera del sector de la izquierda y de la sociedad civil comprometido con Chiapas y solidario del EZLN.

Mientras tanto los grandes alineamientos nacionales, las definiciones políticas decisivas, las apuestas estratégicas en que se la juega el pueblo de México, están dejando de pasar por Chiapas, comienzan a transcurrir al margen de un EZLN cada vez menos arropado.

Este tendencial aislamiento -indudable aunque reversible- no significa que el país haya abandonado al EZLN, que le esté dando la espalda. La patria no tiene espalda. Lo que pasa es que los zapatistas estamos perdiendo la capacidad de acompañar las grandes causas nacionales.

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Hace tres años volverle la cara a Chiapas era darle el esquinazo al país, mientras que concentrar las fuerzas populares y de la izquierda en torno a la causa chiapaneca era la mejor manera de cuchilear el marasmo, auspiciar la unidad y acrecentar las energías sociales.

Lograr una correlación de fuerzas favorable a la paz con justicia y dignidad en el sureste era el primer escalón en la lucha por la democracia. Los escenarios eran claros: el baño de sangre en Chiapas pondría al país en la antesala de la más terrible represión; en cambio, la salida negociada abriría el camino hacia una transición incruenta y más o menos ordenada.

Esto era cierto hasta hace dos o tres años. No lo es más.

La problemática chiapaneca y la nacional siguen indisolublemente imbricadas, pero ya no es posible avanzar en Chiapas sin avanzar en toda la nación. De no haber un amplio despliegue de fuerzas, de todos los ámbitos y todos los sectores, por sus demandas particulares y por democracia y justicia para todos, no podremos superar el impasse en que se encuentran las negociaciones de San Andrés ni remover los obstáculos que bloquean el camino de la paz.

Hace dos años parecía factible ganar la batalla de Chiapas para, con ese impulso, ganar después en la batalla por la nación. Hoy la situación se ha pasmado y el estancamiento pudre día tras día el tejido social de la entidad. Aun sin ofensiva militar, el baño de sangre ya empezó, y corre por cuenta de las guardias blancas y las fuerzas represivas del gobierno estatal.

Hoy es claro que el compromiso con el lacerado pueblo chiapaneco no se agota en la solidaridad, y que sin avances sustantivos en la batalla nacional tampoco será posible progresar en el sureste.

La ominosa guerra de exterminio que se cierne sobre las comunidades zapatistas y sobre el EZLN no puede ser detenida sólo en Chiapas. Que la ofensiva del ejército federal se desate, se posponga o se cancele definitivamente, depende de una correlación de fuerzas nacional. La coyuntura y los alineamientos son globales y sobre ellos hay que operar.

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De hecho la ofensiva contra las Cañadas ya empezó. Pero los primeros tiros no sonaron en la selva Lacandona sino en la Costa y la Montaña guerrerenses, en la Mixteca y la Costa oaxaqueñas, en las huastecas veracruzana, hidalguense y potosina, en la sierra tarahumara; en todas las regiones indígenas y mestizas erizadas de soldados, sórdido campo de batalla de la guerra sucia finisecular.

Los muertos de esta guerra contra la rebeldía popular están muriendo todos los días en Guerrero, en Oaxaca, en el Estado de México, en el propio norte atormentado de Chiapas.

Los presos políticos del fin del milenio ya están en la cárcel. Suman cientos y los viejos y nuevos torturadores se ensañan con ellos todos los días.

Son los "presuntos eperristas"; los acusados -casi siempre en falso- de simpatizar con el Ejército Popular Revolucionario.

Y es una batalla formal. La declaración de guerra la firmó el gobierno cuando calificó al EPR de terrorista, cerró toda posibilidad de diálogo con él y anunció que usaría "todo el peso de la ley" para aniquilarlo.

Pero por lo visto el argumento de que en México hay una guerrilla "buena" y una guerrilla "mala", caló mas de lo que nos gustaría reconocer, y hay quienes quisieran soslayar la guerra sucia contra el EPR -en la práctica contra las pacíficas comunidades y sus líderes- Porque esta fuerza política les incordia. Debieran recordar el poema de Brecht: Vinieron por los comunistas. Yo no me preocupé porque no soy comunista. Después vinieron por los judíos, pero no me alarmé pues no soy judío...

Si no paramos esta guerra en el país no habrá paz tampoco en Chiapas, dijo la CONAI. Y dijo bien.

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Sumar y no restar, esta es la consigna. Y lo es en todos los frentes. También en uno de los ejes mayores del programa neozapatista: los derechos de los pueblos indios. El EZLN pudo empujar en San Andrés las demandas indígenas, porque en ese momento congregaba a todas las fuerzas progresistas de la nación, porque los indios están organizados y tienen proyecto y porque el gobierno -cuya finta de "solución" militar había fracasado ignominiosamente- necesitaba a toda costa que el diálogo diera señales alentadoras tanto en el exterior como en el interior del país.

Pero una cosa es prometer cuando la coyuntura obliga y otra cumplir cuando las circunstancias han cambiado.

Hoy ni el EZLN replegado a sus puestos de montaña, ni las organizaciones, foros y congresos indígenas, por sí solos, podrán hacer valer los "acuerdos" si no logran sumar nuevos contingentes a su demanda. Si no son capaces de modificar una correlación de fuerzas y una coyuntura, que a un año de las pláticas ha dejado de ser propicia.

En estas difíciles condiciones cobran toda su importancia las posibles convergencias.

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En el ámbito municipal -por ejemplo- los planteamientos autonómicos de los indios embonan perfectamente con la lucha por la democracia ciudadana en todas las comunas, indígenas o mestizas, urbanas o rurales. Una mala iniciativa de ley en torno a los derechos municipales de los pueblos indios, es una derrota en la lucha general por la democratización de los municipios, y al contrario, una reforma democrática para los municipios indios abriría paso a un nuevo municipalismo participativo.

A falta de regiones pluriétnicas -que no lograron consenso- los acuerdos de San Andrés consideran el derecho de asociación entre ayuntamientos, en vistas a la expresión unitaria de etnias que se extienden sobre varias municipalidades. Naturalmente el planteamiento incluye la asociación entre municipios de diferentes entidades federativas, pues los ámbitos de los pueblos indios son anteriores a estas divisiones territoriales y con frecuencia se extienden sobre dos o más estados.

De avanzar, esta propuesta indígena hubiera desbrozado el camino a las asociaciones municipales en general. Pues no sólo para los indios es la región un ámbito privilegiado, también lo es para los municipios democráticos y las organizaciones autogestivas mestizas de segundo nivel, que necesitan planear, negociar y promover el desarrollo en una escala suficiente, que por lo general es supramunicipal.

La "iniciativa" del ejecutivo federal, donde se pretende conceder una asociación municipal, que ya está en el artículo 115 de la Constitución, es una engañifa; placebo que en realidad prohibe el entrelazamiento horizontal entre comunas de diferentes estados. De aprobarse un planteamiento de este corte no sólo se les cerraría una puerta a los indios, se clausuraría también para los municipalistas democráticos y para todos los actores sociales de carácter regional.

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Punto de convergencia de los pueblos indios y otros sectores, es también la restauración del agrarismo constitucional y el proyecto de desarrollo agrícola justo y democrático, implícitos en la exigencia de mayor autonomía étnica.

Aquí la convergencia es de los indios con el campesinado todo, vitalmente interesado en promover una reforma rural incluyente que abra un camino a los jóvenes rurales, desahuciados por las políticas neoliberales de ajuste y "reconversión".

La enorme mayoría de los indios es campesina y los campesinos mestizos son su aliado natural. Si a dos millones de familias rurales indígenas podemos sumar otros cuatro millones de familias de labradores mestizos, las demandas de los pueblos indios, y de los campesinos todos, tendrán más posibilidades de prosperar.

Porque, a fin de cuentas, si en México no hay futuro para los campesinos tampoco lo habrá para los indios.

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El mayor desencuentro entre el EZLN y el país ha sido el reciente distanciamiento de la causa zapatista con el movimiento ciudadano por la democracia electoral.

La relación entre los rebeldes de las Cañadas y las urnas no tiene una historia lineal. De la distancia que implica haber elegido el camino de las armas, pasaron en 1994 a una suerte de alianza con el neocardenismo que de haber tenido éxito hubiera conducido la transición por la vía de un gobierno democrático, un nuevo Constituyente y una nueva Constitución. Todos sabemos que el proyecto se frustró, cuando menos para esas elecciones, y poco después el EZLN anunció su desinterés por la conquista del poder y adoptó una definición antielectoral de la política.

En un país donde "política" ha significado corrupción politiquera y donde incluso la izquierda ha visto con frecuencia en las elecciones una forma de escalar el poder sobre los hombros de los ciudadanos y las organizaciones sociales, el distanciamiento del EZLN parece prudente. Y, sobre todo, es un deslinde indispensable frente a las posiciones putchistas o guerrilleras de toma del poder a punta de AK 47, con las que, por su origen guerrillero, podrían identificarlo.

El problema radica en que al distanciarse del foquismo y de la política electorera, el EZLN se apartó también del camino por el que hoy por hoy están transitando millones y millones de mexicanos; ciudadanos convencidos de que vale la pena luchar con el voto, y de que ejercer el poder desde puestos de gobierno no sólo es legitimo sino que es uno de los mayores retos de los verdaderos demócratas.

Esto sucede en Guerrero, donde muchas organizaciones sociales deciden hacer política no corporativa y el voto de sus socios inclina la balanza electoral. Igualmente en Morelos, donde la emblemática lucha de los comuneros de Tepoztlán se encauza por la vía de las urnas y conquista el municipio sumándolo a la decena de alcaldías ganadas por el PRD. Y también sucede en Chiapas, pues en el propio San Andrés de los Pobres se ha dado una intensa lucha por el gobierno municipal. Sin duda en Guerrero, como en San Andrés y en Tepoztlán, se trata de "mandar obedeciendo". Pero sin duda, también, se trata de una lucha por el poder.

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No toda organización política tiene que ser electoral y no todo trajín democrático es por ocupar puestos públicos. Pero cuando el gobierno está en las manos prepotentes de siempre, el combate por un poder alternativo es consustancial a la resistencia popular. Y en estas luchas las elecciones y los partidos desempeñan un papel no excluyente pero sí relevante.

Más de diez millones de chilangos, hasta hoy minusválidos electorales, estrenaremos derechos cívicos eligiendo un jefe de gobierno, presumiblemente de oposición, al tiempo que el conjunto de los ciudadanos votaremos una cámara de diputados donde quizá el PRI ya no será mayoría absoluta Y todo aderezado por elecciones de diverso nivel en 7 estados de la República. No es poca cosa para un pueblo impuesto a aprobar civismo a título de suficiencia.

Pero tampoco es demasiado. Más vale no lastrar el cabalístico seis de Julio con expectativas de más.

Los males de México rebasan en tamaño y urgencia a la magia de un relativo fair play electoral: los avances de la oposición en Guerrero no detuvieron la guerra sucia, los triunfos opositores en Morelos no hicieron más segura la entidad. Y, así, no porque se elija gobernador del D.F., diputados federales y decenas de gobernadores, alcaldes, representantes y diputados locales, remitirá la militarización y cambiará de carril la economía.

Las elecciones no hacen milagros, pero para nosotros son la gran cosa. Después de todo es la pieza que siempre quisimos bailar pero nunca nos tocaban.

El pueblo de México esta haciendo política electoral, y pienso que no va desencaminado. El zapatismo habrá de tomarlo en cuenta si quiere sumar fuerzas.

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