En todos los países de alta diversidad biológica, existe una gran cantidad de etnias o culturas indígenas. Y esto no es casual: la variedad y riqueza de los ecosistemas permite y alienta el desarrollo de diversos grupos humanos que se adaptan, descubren las mejores formas de apropiación, utilización y manejo de los recursos, como garantía de supervivencia y reproducción a largo plazo, conciben a la naturaleza como una productora de una gran variedad de bienes de uso, establecen con ella relaciones de intercambio y no de explotación, y desarrollan expresiones culturales que reflejan la complejidad biológica en la que se sustentan.

Se establece así una relación entre el hombre y la naturaleza que se retroalimenta de forma solidaria: a mayor diversidad biológica/mayores expresiones culturales (grupos étnicos)/mayor defensa de la diversidad/supervivencia y reproducción del grupo/conservación y reproducción de la biodiversidad.

A la vez, dichos grupos indígenas y campesinos desde siempre han tenido como eje de lucha la tierra. Su defensa o su recuperación.

Más recientemente, cuando el simple reparto agrario, injustamente inconcluso, demuestra que por sí mismo no rompe el rol campesino de sector social explotado, asignado a través de mecanismos de distribución e intercambio altamente desiguales (vía precios bajos para productos agrícolas y materias primas y precios altos para productos industrializados; créditos leoninos; tecnologías caras y sofisticadas, generadoras de mayor dependencia), los campesinos han desarrollado luchas por mantener y expandir el control de sus procesos productivos, dándoles así un carácter económico (eliminación de coyotes intermediarios; apropiación de fases primarias de procesos industriales como aserraderos, beneficios de café, molinos, exportación directa de productos, etcétera).

Sin embargo, estas luchas económicas han también demostrado ya sus límites, pues en el fondo están inmersas en una competencia desleal, ubicadas dentro de una estrategia de desarrollo rural impuesta por los sectores dominantes, quienes al final fijan y aplican a su arbitrio y conveniencia las reglas del juego (controles monopólicos de los mercados, apertura de la frontera para importación de productos de bajo costo, competencia, dumping con caídas artificiales de los precios en determinadas temporadas, alzas violentas en las tasas de interés de los créditos agrícolas, cambios legislativos totalmente desventajosos y lesivos para las comunidades, etcétera, etcétera). Se empieza a dar entonces entre las comunidades indígenas y campesinas más avanzadas un tercer tipo de lucha: la lucha ecológica por un modelo de desarrollo sustentable, que pondere la autosuficiencia local y regional, el aprovechamiento integral y sostenido de todos los recursos del ecosistema para llevar a cabo una producción diversificada y de uso múltiple del suelo, el rescate de las tecnologías tradicionales y la adopción de tecnologías apropiadas, en todos los ámbitos de la vida comunitaria: la economía, la salud, la educación, los servicios, la vida doméstica, el rescate y la defensa de las expresiones culturales (idioma, vestido, cosmogonía, leyendas, fiestas y tradiciones) y, sobre todo, de las formas de organización solidarias (tequios, faenas, trabajos colectivos, "mano vuelta"); la apropiación y adecuación de aquellas partes del conocimiento científico y de las tecnologías "modernas" que complementen y no sustituyan los saberes tradicionales, y que se adecuen a los procesos campesinos de desarrollo, esto mediante el diálogo e intercambio indígenas-investigadores-técnicos. Todo lo anterior como base estructural para la verdadera autonomía política de las comunidades indígenas.

Esto ha sido en la práctica la lucha de los indígenas chimalapas, poseedores ancestrales de esa bio-región, hoy propiedad agraria de dos comunidades invadidas: Santa María (dueña de 460 mil hectáreas) y San Miguel (dueña de 134 mil hectáreas) (ver mapa 1). Ellos nos demuestran, aceptémoslo o no, que el hecho de que esa zona se haya mantenido relativamente tan conservada en su ecología se debe a la vigorosa defensa que a lo largo de casi quinientos años han realizado.

Los mocayas y zoques: antecedentes lejanos

Los mocayas fueron, según indicios, los primeros agricultores sedentarios de Mesoamérica. De acuerdo con sus vestigios, datan de hace más de seis mil años y se extendieron desde El Salvador en Centroamérica hasta el norte de Veracruz. Anteriores a los olmecas y los mayas, conformaron la cultura más antigua de Mesoamérica, siendo los antepasados de los zoques de Chimalapas y de Chiapas y de los pueblos hermanados mixes y popolucas.

Los pueblos de habla mixe-zoque se asentaron en la región del Istmo de Tehuantepec desde hace más de dos mil años, mas no se ha precisado hasta ahora cuándo fue que se internaron en la selva de los Chimalapas. Entre los vestigios de los primeros pobladores de Santa María están los petroglifos y huellas fósiles en sitios cercanos al pueblo. El más conocido es Congtzajo, que quiere decir "piedra del tigre", a unos tres kilómetros al suroeste, pasando el río Negro, donde en una gran roca en forma de prisma cuadrangular se encuentran impresas las huellas del tigre junto con las de otros animales. Otros petroglifos están en la poza de Má’Ka’nó a menos de un kilómetro al sur del pueblo, así como en el camino de "paso lagarto", a unos tres kilómetros al este. En una cueva anexa a un túnel por donde pasa el arroyo Nú’unpák o "palomares", a unos dos kilómetros al noreste del pueblo, hay siluetas de manos con pintura roja, como si hubieran puesto las manos y luego les hubieran echado espray. Son huellas de manos derechas y otras empuñadas, distribuidas en las paredes y el techo de la cueva. En Cuyulapa, a cuatro horas a caballo del pueblo, por el camino principal, hay una gruta con enormes formaciones de estalactitas y estalagmitas, que fue lugar de hogares de los antiguos, donde hay cenizas, carbón, piedras, tepalcates de color negro con grecas y trozos de cacharros de barro de otros colores junto a huesos como de venado, y vasijas de barro incrustadas en el piso, en unas estalagmitas en formación.

Hay vestigios más recientes, anteriores a la conquista. Los más importantes por su magnitud son las ruinas de Chimalapilla y se localizan en el margen occidental del río del mismo nombre, a unos veinte kilómetros al este noreste del pueblo, donde, según la tradición, se ubicaba el pueblo antiguo de Santa María Chimalapa. Esta zona arqueológica consiste en abundantes montículos, piedras grandes, un enorme juego de pelota y un centro ceremonial, al estilo de antes de los españoles. Otro vestigio zoque en la región sureste de los Chimalapas, cerca del límite con Chiapas, es la piedra del sol y de la luna, encontrada al pie de las lagunas del mismo nombre y, al noreste de los Chimalapas, cerca del límite con Veracruz, está la comunidad de San Francisco La Paz, donde hay dos pirámides y montículos de tierra alargados que forman una especie de plaza amplia y ahí se han encontrado fragmentos de piedras talladas que formarían piezas más grandes: figuras de hombres que se semejan a las de los olmecas más antiguos de la llanura sur del Golfo de México.

Los zoques de Chimalapas, Tabasco y Chiapas, así como los mixes y popolucas, eran pueblos pacíficos y unidos. Los zoques recorrían grandes distancias transportando entre otros productos, cacao, achiote, extle y piedras de topacio, por rutas comerciales, desde Guatemala hasta Oaxaca; eran diestros navegantes que viajaban en sus balsas de jonote por el Coatzacoalcos y otros ríos. Hacia el año 1300, los zapotecas de los valles centrales de Oaxaca, con su llegada al Istmo, separaron a los mixes de los zoques y estos últimos se mantuvieron en contacto con Chiapas, Tabasco y Guatemala. Hacia el año de 1447 d.C., los aztecas, en su paso por el Istmo rumbo a Chiapas y Guatemala, separaron a los popolucas de los mixes, derrotaron a los zoques de Tabasco y Chiapas, y los obligaron a pagar tributo. Desde entonces, los mexicas, aliados con los zapotecas, despojaron a los pueblos zoques de Niltepec, Zanatepec y Tapanatepec, al sur de los Chimalapas, que quedaron en posesión de los zapotecas, al igual que Juchitán, cuando conquistaron Tehuantepec en 1497. Los zoques de Chimalapas quedaron aislados, y se afectó seriamente su comercio, al perder el contacto con los demás pueblos hermanos.

Chimalapa: "jícara llena de oro" para los conquistadores

Cuando ocurre la conquista de México por los españoles, las rutas que pasaban por el Istmo de Tehuantepec iban costeando por el Golfo de México y por el Pacífico, y aunque había un camino de un mar a otro –más al oeste que el actual– los Chimalapas siempre quedaron fuera de todos los caminos de paso. Fue hasta el año de 1674 que Fray Francisco de Burgoa, hablando de la doctrina de Zanatepec, daba la noticia: "Otro [pueblo] tiene esta doctrina, en la montaña, siete leguas de la cabecera de malísimo camino. Llámase Chimalapa y es el mayor; tiene hasta cien casados. Es de temple muy frío y húmedo, y en donde se dan las limosnas para sustentarse los religiosos […]"¹

Así, el 24 de marzo de 1687, Domingo Pintado a nombre de todo el pueblo pagó veinticinco mil pesos en oro a la Corona de España por las tierras de Santa María Chimalapa, más de 900 mil hectáreas que quedaron amparadas por los títulos virreinales, en un acto en que los zoques de Chimalapas tuvieron que comprar sus propias tierras entregando el oro en jícaras, de ahí que Chimalapa en zoque significa "jícara de oro".

De esa compra, los zoques reciben títulos virreinales que en su introducción, textualmente dicen:

Ciento cincuenta años de lucha en defensa de la Tierra y de la Selva

Pocos informes existen sobre los Chimalapas durante la Colonia. Se sabe acaso que hacia el siglo XVII, habían sido plenamente incorporados a la alcaldía de Tehuantepec. Eran entonces utilizados por los españoles, para su comercio, los sistemas fluviales tradicionales de los zoques hasta el Golfo de México, y se inició por esos años la explotación de maderas preciosas tropicales, misma que se internó hasta las riberas del desde entonces conocido como "río del Corte" (principal afluente del Coatzacoalcos). Se sabe también que en 1787, Chimalapilla, antigua cabecera indígena, fue asolada por la viruela, y que los pocos sobrevivientes huyeron a fundar el poblado de Santa María, actual cabecera de la comunidad del mismo nombre.

En cuanto a San Miguel, existen datos que permiten ubicar una primera migración de indígenas zoques provenientes de Copainalaá, Chiapas, en tránsito hacia Chimalapilla (que, aunque abandonada, era venerada como santuario), una parte de cuyos integrantes se quedan y establecen en los márgenes del río Espíritu Santo (y fundan lo que hoy es la cabecera de San Miguel).

La lucha por la independencia, en la que no se tiene referencia alguna de que haya habido participación de los indígenas zoques chimalapas, obliga a éstos a buscar nuevamente el reconocimiento de su territorio, cosa que obtienen en 1850, cuando el general José Joaquín Herrera, presidente de México, reconoce los títulos virreinales.

De ahí hasta las primeras décadas del siglo XX, los zoques permanecen refugiados en los bosques y selvas chimalapas, como únicas poblaciones presentes, y son relativamente poco agredidos en forma directa durante este lapso, aunque a sus espaldas se trafica con sus tierras, se crean latifundios en el papel y se efectúan estudios para abrir distintas vías interoceánicas, a la par que continúa el saqueo de madera. Así por ejemplo, para 1910 y como producto de la acción de las compañías deslindadoras, se habían creado, al norte de los Chimalapas, en territorio zoque (hoy Uxpanapa), haciendas ex-tranjeras como la Mexican Land and Coffee, El Corte and Chicago Title and Trust e incluso extensiones de propiedad extranjeras tan amplias como la denominada Hearst Estate del magnate periodístico estadounidense Randolph Hearst (ver mapa 2).

Con la revolución agraria de 1910-1915 y el consiguiente cambio en la legislación, nuevamente los zoques-chimalapas se ven obligados a buscar el reconocimiento de su ancestral territorio, para entonces ya invadido por más haciendas, al norte y al poniente.

Desde entonces, los indígenas zoques, dueños originales, han cometido (y durante cincuenta años más siguieron cometiendo) un grave e involuntario "error": bajo su lógica de no apropiación privada, sino de uso de la tierra, no pueblan ni colonizan su vasto territorio; conocen sus límites naturales (cerros, ríos) que consideran inamovibles y se asientan y permanecen en la porción centro poniente (cabeceras de Santa María y San Miguel). Este "error" va a ser aprovechado poco después por latifundistas, madereros y ganaderos, provenientes sobre todo del vecino estado de Chiapas.

Cabe señalar, además, que entre 1911 y 1920 llega a Chimalapas, huyendo de la violencia revolucionaria, la primera corriente de migrantes de origen zapoteco, quienes desde entonces se especializan en actividades de comercio, el cual poco a poco controlan, y pasan cuarenta años después a arrebatarles a los zoques el control político de Santa María.

Esta temprana migración zapoteca inicia la conformación del mosaico multiétnico que existe actualmente en los Chimalapas, mismo que se va completando históricamente con la colonización efectuada por parte de peones mestizos michoacanos y chiapanecos, llevados por empresas madereras en los cincuenta; con el reacomodo de indígenas chinantecos en la zona norte de la región, a mediados de los años setenta, reacomodados con la construcción de la presa Cerro de Oro, así como con la irrupción de campesinos mixtecos, chatinos y mestizos, originarios del centro de Veracruz, quienes durante fines de esa década y principios de los ochenta, penetran a Chimalapas en busca de tierras, utilizando la brecha construida por el programa de reacomodo del Uxpanapa. Además, de 1980 a 1989, toda la porción oriente de Chimalapas es objeto de colonización ilegal por parte de indígenas tzeltales y sobre todo tzotziles chiapanecos, quienes son engañados y manipulados por la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Delegación Agraria de la SRA en Chiapas y el gobierno de dicha entidad, cuyo fin político es disputar el control de toda esta rica zona. Sin embargo, como una breve conclusión, podemos observar que las sucesivas migraciones reseñadas vienen a multiplicar la complejidad y diversidad étnicas, introduciendo –con el tiempo– otros elementos y manifestaciones propias de esta plurietnicidad y del mestizaje alcanzados, por lo que cualquier acercamiento y propuesta de solución a la problemática existente de-ben considerar necesariamente dicha diversidad.

Los últimos veinticinco años: agresivos intentos de despojo agrario

Como ya se señaló, con la revolución de 1910-1917 el marco jurídico agrario se transforma radicalmente, por lo que los chimalapas deben reiniciar (cuando se enteran de la necesidad de hacerlo) su lucha por el reconocimiento oficial a sus territorios y sus títulos.

Este reconocimiento oficial sólo se logra hasta marzo de 1967, cuando el entonces presidente Díaz Ordaz divide la comunidad original, al expedir dos decretos de "Reconocimiento y titulación de bienes comunales" (uno a Santa María y otro a San Miguel) que amparan 460 mil hectáreas la primera y 134 mil la segunda; en total 594 mil hectáreas, con lo que las tierras zoques chimalapas sufren jurídicamente un primer recorte, que habían ya padecido "de facto": 300 mil hectáreas menos de lo que señalaban los títulos originales (al norte –Uxpanapa– y al poniente de los actuales límites).

Sin embargo, ya desde 1947 (veinte años antes) cinco grandes empresas madereras, encabezadas por la Compañía Sánchez Monroy –de origen michoacano–, comienzan desde el oriente, con todo el apoyo del gobierno del estado de Chiapas, la invasión y tala de montañas chimalapas. La mecánica fue "sencilla": bajo el pretexto de que esos terrenos supuestamente estaban dentro del estado de Chiapas y "no eran de nadie" (pues los chimalapas no los habían poblado), fueron declarados unilateralmente "terrenos nacionales ubicados dentro del estado de Chiapas". Con ello, los madereros tuvieron la puerta abierta para apoderarse y explotar, durante treinta años, 100 mil hectáreas de bosques y selvas chimalapas. Esta explotación sólo cesó hasta agosto de 1977, cuando peones y obreros de las compañías, que se habían ido a una huelga porque los patrones no les permitían sembrar su propia milpa, se alían a los comuneros que luchaban por rescatar sus tierras y juntos, mediante la fuerza, expulsan a los madereros y –ya para entonces– prósperos ganaderos.

Los peones y obreros que se unen a los comuneros en esta lucha, originarios de Michoacán, Durango y Chiapas, piden entonces su ingreso a la comunidad y fundan cinco congregaciones comunales al oriente de los Chimalapas.

Cabe señalar que, a pesar de que existían las resoluciones presidenciales de 1967, éstas no se ejecutaron físicamente sino hasta 1992 (después de mucha presión política), lo que provoca que, bajo el pretexto del supuesto conflicto de límites estatales Oaxaca-Chiapas (que se explica más adelante), se aceleren de 1950 a 1990 grandes invasiones promovidas y/o permitidas por las diversas autoridades federales y estatales, y con ello se generen graves conflictos agrarios en la región, mismos que para 1991, abarcan 221 mil hectáreas (37 por ciento del territorio) (ver mapa 3).

Madereros, ganaderos y narcos (en ese orden cronológico de aparición), con abierto apoyo de los sucesivos gobiernos chiapanecos, en particular durante la gestión del general Absalón Castellanos (cuyo hermano Ernesto es detenido por los comuneros chimalapas en diciembre de 1986, cuando saqueaba madera y café en terrenos comunales) y, sobre todo en el periodo Patrocinio González-Elmer Seltzer, se apoderan mediante la violencia de grandes extensiones de terrenos comunales. Como ejemplo, ganaderos de este tipo obtienen en 1987 un acuerdo presidencial que declara como terrenos nacionales, 40 945 hectáreas de un predio nominado San Isidro La Gringa, ubicado al noreste de Santa María, veintiocho kilómetros adentro de terrenos comunales. En esta colonia de San Isidro La Gringa se asientan los ganaderos y narcos más poderosos de la región, y hay elementos para suponer que el propio Patrocinio González Garrido tenía intereses en estos terrenos, a través de prestanombres: dos años seguidos, 1991-1992, la Asociación Ganadera local de La Gringa obtiene el premio estatal de ganado de alto registro; por otra parte se tiene una imagen de satélite de la zona, en la que se ubica una pista clandestina en las estribaciones de la Sierra El Espinazo del Diablo, y por esta porción cruzaba el proyecto de autopista que González Garrido defendió hasta el final (ver mapa 4).

Para complicar enormemente el problema agrario, el gobierno de Chiapas, con la complicidad de la SRA y la omisión del gobierno oaxaqueño, trasladó a la región indígenas tzotziles y tzeltales originarios de Los Altos, quienes emigraron primero por necesidad de tierras y posteriormente por causa de conflictos religiosos. El gobierno repartió tierra ajena, "aventando" a dichos indígenas a terrenos comunales, a cambio de que "defendieran a Chiapas de los chimalapas, pues éstos le querían quitar territorio a Chiapas". Así, durante veinticinco años (1967-1992) se crearon dentro de terrenos comunales veintiocho núcleos agrarios, de los cuales trece cuentan con resolución presidencial posterior a las de Chimalapas, cinco cuentan con mandamiento gubernamental, dos cuentan con expediente instaurado ante la Comisión Agraria Mixta, tres tienen solicitud ante dicha comisión y cinco no cuentan con ningún documento (ver cuadro 1). De estos veintiocho, por lo menos tres son "fantasmas" o "semifantasmas" (no existen físicamente o cuentan con muy pocas familias) y en por lo menos ocho de los demás existen ejidatarios "nylon", es decir, que no viven ahí, tienen acaparadas tierras y cuentan con otro oficio o profesión, desde peluqueros hasta ingenieros y funcionarios públicos. Existen además otros seis predios (cinco ejidos y una colonia agropecuaria) que cuentan con resolución o acuerdo presidencial previo a los de Chimalapas y que están parcial o totalmente adentro de los bienes comunales (ver mapa 5 y cuadro 2).

Así, entre 1967 y 1990, cuando los comuneros le exigían a la SRA que ejecutara físicamente las resoluciones presidenciales y que elaborara y entregara los planos definitivos, para integrar las carpetas básicas agrarias, la SRA ilegalmente respondía "que sólo podría hacerlo hasta que se pusieran de acuerdo los gobernadores". En 1990, los ganaderos privados invasores, encabezados por Othón Portillo Chavira (quien luego sería promotor y líder de la denominada Coalición de Defensa de la Zona Noroeste de Cintalapa), utilizando y presionando a los comisariados ejidales de los núcleos agrarios, promueven dos amparos agrarios ante el Juzgado de Distrito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, contra la ejecución de las resoluciones presidenciales de los Chimalapas. En 1991 se le demuestra a la SRA que, de acuerdo con el artículo 356 de la Ley Federal de la Reforma Agraria vigente, su anterior afirmación es falsa; dicha institución responde que la disculparan, que había estado cometiendo "un error" durante ¡veinticuatro años!, pero que de cualquier forma no podría efectuarse el deslinde físico, porque desgraciadamente, "por otro error", había ahí treinta y cuatro núcleos agrarios chiapanecos (ejidos) y que "si se intentaban realizar los trabajos topográficos iba a haber violencia y muertos". Ante este "argumento", las comunidades chimalapas reflexionan, discuten y determinan que los ejidatarios chiapanecos en su mayoría son tan indígenas y tan pobres como ellos –comuneros y ejidatarios–, han sido víctimas de engaños y manipulaciones por parte del gobierno, el cual, en alianza y complicidad con intereses de ganaderos y narcos, ha propiciado un enfrentamiento entre campesinos para complicar y volver irresoluble el problema agrario y mientras, así, avanzar, apoderándose de la tierra comunal y de sus bosques. Con esta reflexión, las comunidades deciden llevar a cabo directamente, sin intervención gubernamental, convenios de conciliación agraria con los indígenas y campesinos chiapanecos bajo las siguientes bases:

1. Olvidarse del conflicto entre estados, porque todos (comuneros y ejidatarios) son campesinos y mexicanos.

2. Respeto mutuo y absoluto a la posesión de la tierra de los verdaderos campesinos que vivan en y de la tierra chimalapa.

3. Alto total a las provocaciones y agresiones entre comuneros y ejidatarios. Paz social entre campesinos.

4. No permitir, ni ejidatarios ni comuneros, ningún nuevo asentamiento humano en la región.

5. Apoyo mutuo para defender y proteger la montaña (sobre todo en la prevención y el combate de los incendios forestales).

La promoción y la firma de estos acuerdos se llevan a cabo durante todo 1991 y hasta marzo de 1992, mediante el recorrido pueblo por pueblo de una comisión comunal compuesta por doce indígenas, encabezada por los dos comisariados y acompañada por personal del Pacto de Grupos Ecologistas.

La reacción del gobierno chiapaneco y de los intereses afectados no se hace esperar y en julio de 1991 concentran a diecisiete autoridades ejidales en la Presidencia Municipal de Cintalapa, donde mediante presiones obligan a estas autoridades a firmar un acta de desistimiento de los acuerdos y dos amparos contra la ejecución de las resoluciones presidenciales de los Chimalapas (ver mapa 6).

Dos autoridades ejidales se niegan a firmar: uno de ellos, de Cal y Mayor, recibe amenaza de muerte y se ve obligado a "exiliarse" con todo y familia en la cabecera comunal de Santa María. Al otro compañero, de San Pedro Buenavista, le asesinan a su esposa y dos niños (de esto se abre un expediente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos).

Mientras tanto, se incrementan las agresiones físicas directas ejercidas por pistoleros de la Colonia de Nacionaleros de San Isidro La Gringa contra comuneros indígenas de la Congregación de San Francisco La Paz Chimalapa. En octubre de 1989, cincuenta pistoleros entran a San Francisco; destruyen casas, tiran ropa y pertenencias al río, violan mujeres y detienen arbitrariamente a tres comuneros, a los cuales, después de torturarlos tres días, los llevan amarrados a la cárcel de Cintalapa, Chiapas, de donde son liberados poco después. En diciembre de 1989, bajo presión de las comunidades, el gobierno de Oaxaca y el ministerio público del fuero común de Matías Romero, Oaxaca, acompañados por la policía judicial estatal, entran a La Gringa, y encuentran armas de alto poder y semillas de enervantes. El juez de Matías Romero gira treinta y nueve órdenes de aprehensión. De éstas se ejercen diecinueve y se llevan detenidos a estos pistoleros a la citada población de Matías Romero. Al día siguiente, son trasladados a Cintalapa, Chiapas, donde inmediatamente, "por órdenes telefónicas de la superioridad", son liberados. El 31 de diciembre de ese mismo año, estos mismos pistoleros vuelven a entrar a San Francisco La Paz a quemar casas. En junio de 1992, frente a varios testigos, es secuestrado y desaparecido un comunero chimalapa de San Francisco La Paz, por la policía judicial de Chiapas y pistoleros de La Gringa. De todos estos hechos existen dos expedientes instaurados ante la CNDH (ver cuadro 3). Por su parte, los ganaderos de La Gringa denuncian falsamente ante el ministerio público de Cintalapa, robo de ganado y homicidio por parte de comuneros, y logran que un juez gire siete órdenes de aprehensión contra líderes indígenas. Levantan también ¡una denuncia ante la CNDH! y ésta ¡emite una recomendación para que se ejecuten dichas órdenes contra los comuneros!, mismas que finalmente se ejecutan en julio de 1997: son detenidos cuatro líderes indígenas, quienes permanecen recluidos en cárceles chiapanecas durante un año y son recientemente liberados (junio de 1998) gracias al apoyo jurídico de Maderas del Pueblo del Sureste, A. C., y gestiones políticas del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas.

Tras tensas gestiones y con el apoyo ya para entonces del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, los comuneros le arrancan al gobierno federal la promesa de entrega de los planos definitivos ya para entonces (1993) elaborados y firmados. La entrega de dichos documentos, programada para el 9 de octubre de 1993, es suspendida por presiones directas del secretario de Gobernación, Patrocinio González, pese a lo cual, los comuneros, por otros medios, habían obtenido copia certificada de dichos planos definitivos, los cuales entonces ¡son desconocidos por el propio gobierno federal!

Esto obliga a una fuerte movilización comunal y ciento diez indígenas se trasladan a la ciudad de México y efectúan un plantón "ecológico" y pacífico frente a las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), desde donde realizan una denuncia internacional que, dado el contexto nacional (TLC), obliga al gobierno federal a negociar con las comunidades. Así, el 20 de diciembre de 1993 se firma un acuerdo entre las comunidades, el CNDCh, el gobierno federal y los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, en el que se señalan los siguientes compromisos gubernamentales:

1. Solución agraria definitiva para sacar a ganaderos privados invasores y otorgar un tratamiento diferencial a los ejidos chiapanecos, de acuerdo al estatus jurídico que presenten, con la base de exclusión de resoluciones presidenciales anteriores (ver mapa 6) y reconocimiento de posesiones e incorporación como comuneros de los verdaderos campesinos chiapanecos que vivan en la tierra y de la tierra.

2. Cese a la violación de los derechos humanos indígenas y solución a los cinco expedientes hasta entonces instaurados ante la CNDH (ver cuadro 3).

3. Respeto al proceso comunitario para el establecimiento de su propia Reserva Ecológica Campesina.

De estos acuerdos, sólo es parcialmente cumplido el primero, cuando se devuelven en septiembre de 1994, a la comunidad de Santa María, los terrenos invadidos de la colonia ganadera La Gringa (41 mil hectáreas en el papel) mediante el pago a los ganaderos ¡por indemnización! de 14 mil millones de pesos, de los cuales poco más de 3 mil millones fueron impunemente pagados ¡al director agrario del gobierno del estado de Chiapas!

En cambio, el proceso de regularización agraria definitiva de los núcleos ejidales chiapanecos asentados en terrenos comunales, propuesto desde 1991 por las propias comunidades chimalapas y supuestamente aceptado por el gobierno federal en 1993, queda detenido por varios años (1994-1997), debido a presiones de ganaderos y del gobierno chiapaneco. Dicho proceso, totalmente apegado a derecho, se basa en:

a) Deslindar y excluir de los bienes comunales a los seis núcleos con resolución presidencial previa a las de los Chimalapas.

b) Convertir en congregaciones comunales los ejidos y en comuneros a los ejidatarios cuyas posesiones se encuentren dentro de terrenos comunales y sus resoluciones residenciales sean posteriores a las de los Chimalapas o que carezcan de dichas resoluciones (artículo 28 constitucional); y

c) Desconocer y desalojar tanto a los supuestos "pequeños propietarios privados" (dado que son totalmente ilegales), como a los falsos ejidatarios que no cumplan con los requisitos de ley (ser campesinos, por origen y por actividad, y vivir en el lugar).

En cambio, durante esos cuatro años (1994-1997), los gobiernos federal y de Oaxaca tratan de convencer y presionar a los chimalapas para que "acepten" a los ganaderos privados y no exijan verificar en el campo la existencia y condición socioeconómica de los supuestos ejidatarios. Incluso el doctor Arturo Warman,3 a nivel confidencial ante el gobierno de Oaxaca y Chiapas, propuso como solución agraria la expropiación a los chimalapas de los terrenos ocupados por chiapanecos, respetándolos tal como están en estos momentos, para su posterior reconocimiento.

Como estrategia complementaria para tratar de sacar adelante esta propuesta contra las comunidades se llevó a cabo la cooptación de autoridades comunales y municipales y se desarrolló una intensa campaña de intimidación, difamación y guerra sucia contra los grupos de la sociedad civil que hemos venido realizando acciones de información, asesoría jurídica y apoyo político y de difusión a las comunidades.

En 1996, tras un largo proceso judicial plagado de trampas, las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa, con asesoría jurídica de Maderas del Pueblo del Sureste, A. C. y apoyo político del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, lograron que los dos amparos agrarios que existían contra la ejecución de las resoluciones presidenciales chimalapas fueran sobreseídos por improcedentes, con lo que se eliminó el último obstáculo jurídico que había para una solución definitiva al problema agrario de los Chimalapas.

A fines de 1997 y sobre todo durante 1998, ante la nueva presión surgida de la base comunal, la Procuraduría Agraria reinicia un nuevo y tímido proceso de "conciliación" y regularización, centrado únicamente en núcleos que por acciones comunales directas o ya habían aceptado su incorporación como comuneros (San Pedro Buenavista, Elsy Herrerías de Castellanos, Jerusalem y Pilar Espinoza de León) o presentaban grandes avances por pláticas directas (La Lucha, Luis Echeverría) o, finalmente, carecen de todo trámite agrario (Sarabia o La Reforma) (ver mapa 6), pero sin tocar para nada ejidos con resolución posterior y sin realizar ninguna acción de deslinde de aquellos que cuentan con resolución anterior, donde se asientan la mayoría de falsos ejidatarios y, entremezclados y encubiertos, los supuestos propietarios privados (Cal y Mayor, Felipe Ángeles, Balboa). En cambio, ese mismo año de 1998, el nuevo gobernador interino de Chiapas, Roberto Albores, a través de su secretaria general de Gobierno, Arely Tovilla, reinicia una agresiva política de "defensa del territorio chiapaneco" apoyando a los ganaderos invasores e intimidando a los indígenas chiapanecos que han aceptado conciliar e incorporarse como comuneros chimalapas.

Por otro lado, al poniente de los Chimalapas se gesta un largo, depredador y peligroso conflicto entre la comunidad de Santa María y la colonia ganadera y maderera Cuauhtémoc (ver mapa 6).

Dicho conflicto nace en 1957, al publicarse un acuerdo presidencial de creación de dicha colonia –al amparo de la política de colonización del trópico mexicano– que le otorga 40 mil hectáreas de terrenos ubicados en territorio históricamente chimalapa (pero que aún no era reconocido legalmente por los gobiernos posrevolucionarios). Al extenderse la resolución presidencial de reconocimiento a Santa María, se señala expresamente en ella la exclusión de esas 40 mil hectáreas a favor de la colonia Cuauhtémoc. El problema surge debido a que, al deslindar sus terrenos, los colonos, "por un error de interpretación", toman 45 mil hectáreas y no las 40 mil que les corresponden. Y más aún, a lo largo de los años y en tanto los chimalapas no obtenían el deslinde de sus terrenos comunales, la colonia va penetrando paulatinamente dentro de terrenos chimalapas, hasta apoderarse y saquear poco más de 11 mil hectáreas, cifra que arrojó un estudio técnico realizado en 1995 por Semarnap, Profepa, Procuraduría Agraria y una comisión comunal.

Este conflicto ha venido haciendo crisis periódicamente; explotó violentamente a fines de abril de 1998, cuando veintidós colonos que se hallaban talando la selva comunal fueron detenidos por una numerosa comisión indígena y encarcelados en la prisión de Santa María. Para su liberación, la comunidad exigió al gobierno solución inmediata y definitiva al problema agrario y pago de los daños provocados por la tala. Como respuesta oficial y tras doce días de fallidas negociaciones, novecientos policías judiciales y preventivos sitian la cabecera de Santa María, donde los comuneros, armados con machetes, retrocargas y rifles calibre 22, se parapetan esperando el ataque, mismo que se detiene a causa de que comuneros de la Congregación de Cofradía, a tiros, toman prisionero al subdirector de la policía judicial de Oaxaca, quien iba comandando el operativo.

Al día siguiente, en tanto el senador de Oaxaca y candidato a gobernador por el PRD, Héctor Sánchez, abre el cerco policiaco y se ofrece ante la comunidad como mediador, una traición de las autoridades comunales cooptadas hace que la policía detenga a siete comuneros, quienes son llevados en helicóptero a la cárcel de Matías Romero y utilizados como rehenes para obligar a la comunidad a intercambiar presos.

Después de esta tensa situación, el gobierno oaxaqueño y la Reforma Agraria prometen a la comunidad "pronta" solución, misma que hoy día nuevamente está entrampada en antesalas burocráticas, audiencias propuestas y reuniones de "conciliación" de lo irreconciliable: el interés indígena y el interés ganadero.

El "conflicto de límites Oaxaca-Chiapas"

Como se dijo en párrafos anteriores, desde 1950, asesorado e impulsado por compañías madereras, el gobierno del estado de Chiapas declaró unilateralmente que aproximadamente 160 mil hectáreas de los terrenos comunales de Chimalapas estaban dentro del estado de Chiapas, y no dentro de Oaxaca, y eran además "baldíos", es decir, "nacionales". Con base en esta declaración, en la confusión dolosa entre un problema agrario y uno de límites estatales –creada y fomentada por la oligarquía y el gobierno chiapaneco– y en la manipulación del sentimiento "localista" del pueblo de Chiapas, desde entonces intereses ajenos a las comunidades (talamontes, ganaderos y narcotraficantes) practican la invasión, colonización y depredación de la selva.

Sin embargo, jurídicamente este conflicto no debió existir, puesto que hasta 1995 las constituciones de ambos estados, en sus artículos 3 (Chiapas) y 28 (Oaxaca), señalaban claramente sus límites y no existía ningún traslape. Constitucionalmente el 98 por ciento de la superficie del territorio de las comunidades chimalapas se encontraba dentro del estado de Oaxaca y sólo 12 mil hectáreas, de las 160 mil que de facto se ha apropiado el gobierno chiapaneco, se encontraban efectivamente dentro de Chiapas (ver mapa 7). Con esto, ambos gobiernos (el de Chiapas por comisión y el de Oaxaca por omisión) han violado flagrantemente sus propias constituciones, al no reconocer en los hechos dichos límites.

Sin embargo, en junio de 1995, de forma silenciosa y unilateral, el gobierno chiapaneco, a través de su congreso local, reforma nuevamente su Constitución borrando el artículo tercero: todo lo relativo a los límites estatales. Al poco tiempo, el propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) publica unos nuevos mapas de Chiapas y Oaxaca, con unos límites mutuos totalmente irreconocibles, pero que coinciden sospechosamente con la ubicación de los ejidos y propiedades privadas ganaderas de origen chiapaneco (ver mapa 7). De todo ello, el gobierno y el congreso de Oaxaca aparentemente no se dan ni por enterados, más preocupados por el control político de la región para favorecer al partido oficial que por defender su propia soberanía estatal: al fin quienes pagan son los indígenas chimalapas y su selva.

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¹ A. González Martínez, Relación de Santa María Chimalapa, Colección Agua Quemada, Casa de la Cultura de Oaxaca, Oaxaca, 1986.

² Archivo General de la Nación, "Copias certificadas de los títulos de codiceniazgo de los vecinos de Santa María Chimalapas, Oaxaca", transcripción de mayo de 1937.

³ Poseemos copia de dicho documento.