Chiapas
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Gilberto López y Rivas
Contrainsurgencia y paramilitarismo en Chiapas en el gobierno de Vicente Fox *
Presentación
Orlando Caputo, Juan Radrigán y Graciela Galarce,
Manifiesto del cobre
José Rabasa,
Negri por Zapata: el poder constituyente y los límites de la autonomía
Ulrich Brand y Christophe Görg,
¿Globalización sustentable?
Gilberto López y Rivas,
Contrainsurgencia y paramilitarismo en Chiapas en el gobierno de Vicente Fox
DEBATE
Armando Bartra,
La llama y la piedra. De cómo cambiar el mundo sin tomar el poder según John Holloway
Atilio Boron,
Poder, "contrapoder" y "antipoder". Notas sobre un extravío teórico-político en el pensamiento crítico contemporáneo
Adolfo Gilly,
El hacedor
PARA EL ARCHIVO
Carta abierta al presidente Lula sobre la concesión de la base de Alcántara al ejército de Estados Unidos
II Encuentro Hemisférico de Lucha Contra el ALCA:
II Foro Social Panamazónico,
ALCA: el convite de la "Roma americana"
Declaración final
III Foro Social Mundial,
Llamamiento de los movimientos sociales
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La guerra o conflicto de baja intensidad
El gobierno de Vicente Fox da continuidad a la estrategia de contrainsurgencia y paramilitarismo en Chiapas del régimen anterior, últimamente definida como "guerra de desgaste o integral",[1] y que muchos han denominado de "baja intensidad". Esta constatación es importante ya que para cualquier acción relacionada con la búsqueda de la paz y el análisis de los procesos autonómicos en México es necesario partir de un diagnóstico objetivo de la situación real en la zona de conflicto y de las políticas del gobierno actual.
Quienes han optado por el concepto de "guerra de desgaste o integral" como categoría conceptual sostienen que no son correctos los términos de "guerra de baja intensidad" y de "guerra sicológica". La razón es, según sus expositores, que el término "guerra de baja intensidad", además de constituir una "expresión militar eufemística e interesada", que minimiza sus efectos destructivos en la población, "enfatiza el hecho de que no existen grandes batallas ni enfrentamientos abiertos y sería, por tanto, una guerra menos cruenta que la convencional, de menor escala", en tanto que la utilización del término "guerra sicológica" se considera reduccionista, "por cuanto éste es sólo uno de los múltiples aspectos que entran en juego en este tipo de agresión".[2] Consecuentemente,
[La] guerra de desgaste es un tipo de guerra -ubicado en manuales contrainsurgentes estadounidenses- que se concibe como la sucesión de pequeños operativos que van asfixiando al enemigo en los terrenos político, económico y militar, evitando en lo posible acciones espectaculares que motiven la atención de la prensa y la opinión pública internacionales.[3]
Sin embargo, el término de "guerra de baja intensidad" ha sido profusamente utilizado durante estos años. Hermann Bellinghausen, por ejemplo, en una colaboración publicada en La Jornada del 10 de mayo de 2002, sostiene que en Chiapas está resurgiendo la "guerra de baja intensidad",[4] por el empleo de una amplia gama de recursos por parte del Estado mexicano que a todas luces se considera ilegal. Las amenazas de muerte contra los integrantes de un concejo autónomo por parte de un grupo paramilitar, las acusaciones contra las bases de apoyo de los municipios autónomos de realizar secuestros, con la consiguiente intervención de seguridad pública estatal, la policía judicial y el ejército federal; las amenazas de los soldados durante sus patrullajes en la zona de las Cañadas en el sentido de "barrer" a los zapatistas, constituyen un universo de acciones que lleva a afirmar al colaborador de La Jornada que se trata, precisamente, de una guerra de baja intensidad.[5]
Francisco Pineda, en un documento titulado "La guerra de baja intensidad",[6] realiza un análisis de este concepto. Luego de revisar documentos oficiales "clasificados", elaborados por mandos militares, académicos en escuelas de guerra y funcionarios del gobierno de Estados Unidos, no encuentra en ellos referencias a "guerra de baja intensidad" sino, más bien, a "conflicto de baja intensidad". Desde una perspectiva histórica, Pineda entiende el conflicto de baja intensidad como "la actual estrategia militar de los Estados Unidos para combatir las revoluciones, movimientos de liberación o cualquier conflicto contra sus intereses". Los objetivos que persigue este tipo de guerra son, según el autor, de contrainsurgencia para derrotar movimientos de rebelión popular; de reversión, pues se pretende derrocar gobiernos revolucionarios que no se ajustan plenamente a los intereses estadounidenses; de prevención, ya que buscan ayudar a gobiernos aliados de Estados Unidos a evitar su desestabilización.[7]
La guerra de baja intensidad no busca sólo una victoria militar sino persigue el aniquilamiento de la fuerza política y moral de la insurgencia, además de hacer un uso limitado de la fuerza, aunque no se descarte que ante un eventual fracaso pueda transformarse en una guerra de mediana intensidad. Esta estrategia busca responder a las más diversas circunstancias. Se instrumenta en situaciones de inestabilidad, contención agresiva, paz armada, conflictos militares cortos, guerra de guerrillas, antisubversión, antiterrorismo, conflictos internos, insurrecciones, guerras civiles, guerra irregular o no convencional, guerra encubierta, guerra psicológica, operaciones paramilitares, operaciones especiales, etcétera.
La estrategia de contrainsurgencia en Chiapas
Desde los prolegómenos de la firma del TLC se da un cambio de relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, que daría pie a la aplicación sistemática de tácticas y estrategias del conflicto de baja intensidad o guerra de desgaste, para cuando el levantamiento zapatista estalla en 1994.
En todo caso, estas diferencias entre guerra de baja intensidad y de desgaste son más terminológicas que conceptuales, aunque es necesario debatir más a fondo para caracterizaciones más precisas de los procesos que están teniendo lugar en Chiapas. Un esfuerzo de reflexión nos haría ver la guerra de baja intensidad o de desgaste como una alternativa a la guerra convencional de carácter contrainsurgente o contrarrevolucionario. En este tipo de conflicto se privilegia la utilización de tropas "locales" irregulares, como ocurrió con la Contra en Nicaragua y como está ocurriendo actualmente en la región chiapaneca. Así, la guerra en el sureste mexicano consiste en la utilización de todos los medios, legales e ilegales, para derrotar a un enemigo interno: el EZLN; en el emplazamiento estratégico de soldados en un teatro de operaciones saturado, en donde las fuerzas represoras ponen mayor énfasis en la tropa local que en una "foránea". De ahí la importancia de adiestrar paramilitares que no actúan con el esquema de mercenarios traídos de otros puntos geográficos, nacionales o extranjeros.
De esta manera, existe un elemento crucial de la estrategia contrainsurgente en Chiapas: la utilización de grupos paramilitares propios de las comunidades indígenas, que son utilizados para llevar a cabo tareas de guerra sucia que el ejército prefiere no realizar directamente. Ésta fue una táctica también utilizada en Guatemala, aunque en este caso el ejército jugó el papel fundamental en el genocidio contra la población indígena.[8]
En México existe una experiencia de más de treinta años en la utilización de estos recursos ilegales en el combate a grupos guerrilleros y movimientos estudiantiles, políticos, sociales y civiles. Los Halcones, el Batallón Olimpia y la Brigada Blanca[9] fueron agrupamientos integrados desde el Estado para efectuar misiones ilegales y clandestinas contra el pueblo; grupos a los que hay que distinguir de las famosas "guardias blancas" o guardias privadas de los finqueros en Chiapas y otros lugares de la república, que también han sido ejemplo del ejercicio de la violencia extralegal.
A partir del estallido de la rebelión indígena zapatista, en Chiapas han pululado grupos paramilitares. Para precisar el origen histórico de los paramilitares se considera muy pertinente esta cita:
Aparecen casi exclusivamente entre jóvenes frustrados por las autoridades agrarias. En los 17 parajes de Chenalhó en que logramos documentar la existencia de unos 246 de ellos, la inercia agraria combinada con el crecimiento demográfico no da ni tierra, ni trabajo, aun no agrícola, a los jóvenes en edad de ser derechohabientes del ejido. Los ya casados y jefes de familia, a la par de sus padres, han vagado sin éxito en busca de empleo, sobrevivido de milagro, o de robos de parcelas y cosechas. Obligados a vivir como delincuentes, no sólo carecían de medios de subsistencia sino que, además, no tenían por qué sesionar en las asambleas y, por tanto, eran excluidos de las decisiones del ejido del que eran parias. Primera conclusión, estos criminales son productos del sistema y de sus opciones económicas, agrarias y laborales. De repente, la "paramilitarización" les ofrece a la vez solución y prestigio. Solución porque el fuerte impuesto de guerra que cobran (25 pesos quincenales por adulto si es permanente, 375 pesos por persona de una vez para quienes se niegan al anterior) les proporciona ingresos, y porque el botín de los animales, cosechas y enseres domésticos (incluidas camionetas) legitima los hurtos humillantes de elotes, café y aves de corral; prestigio porque las armas -que no son escopetas- les confieren un poder y un estatus que nunca jamás han tenido, ni ellos ni sus padres en sus tierras.[10]
El gobierno del cambio o la alternancia en el poder
Luego de una transformación y modernización de las fuerzas armadas[11] en el esquema del conflicto interno que se presenta a partir del levantamiento de 1994,[12] arribamos al año 2000, que marca un hito en la historia política mexicana, cuando la derecha nacional, emblematizada por Vicente Fox, se apropia y vacía de contenido el cambio democrático impulsado históricamente por el pueblo mexicano, y logra sacar al PRI del gobierno federal.
Al despliegue retórico del candidato Fox de lograr la paz en Chiapas en quince minutos, se impone la realidad: "el gobierno del cambio" da continuidad a las acciones contrainsurgentes en Chiapas, con algunos matices de diferenciación.[13]
Así, la utilización de paramilitares redunda en una acción de Estado. No estamos en México en una situación similar a la de Colombia, en donde los paramilitares son en realidad cuerpos completos del propio ejército (y en otros casos pueden operar con cierta autonomía relativa con respecto al Estado y, al mismo tiempo, estar en la nómina de la sección segunda -inteligencia militar- de las fuerzas armadas).[14] Sin embargo, el vínculo estatal otorga también el elemento fundamental para una definición de la experiencia mexicana:
los grupos paramilitares son aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que eso implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia.[15]
Por otra parte, no hay elementos que nos permitan aseverar que en México ha habido un cambio significativo de Estado.[16] Lo que ha habido, felizmente, es la desaparición del régimen de partido de Estado. Pero lo sustancial del Estado mexicano de los últimos dos decenios sigue incólume. Sus acciones en materia de política económica han puesto de relieve la voluntad por profundizar el modelo neoliberal. Hay continuidad en la orientación de ahondar los procesos de privatización y de incrementar aún más la dependencia estructural del país con respecto a Estados Unidos. En el marco de la puesta en práctica del Plan Puebla-Panamá, como estrategia imperial, el aparato burocrático-militar del Estado, con el auxilio de los paramilitares, cumple una función relevante.
Por ende, no hay una razón para que el gobierno de Fox, de cara a los intereses de las trasnacionales, cambie de manera sustancial la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas que llevó a cabo el anterior gobierno. Los recursos propagandísticos de Fox en materia indígena son tan sólo la cobertura de una readecuación de la estrategia contrainsurgente. La grandilocuencia del gobierno foxista para enarbolar supuestos logros en materia de políticas de paz contrasta con la realidad. Esto lo confirman los enviados del Programa Suizo de Observación y Promoción del Proceso de Paz en Chiapas.[17]
En este tenor, no se puede analizar la acción de los grupos paramilitares sin hacer una semblanza de las operaciones del ejército regular en la zona de conflicto. Es cierto que ha habido un retiro de algunas posiciones de los efectivos militares atendiendo a las señales para el diálogo que exigieron los zapatistas. Pero, a su vez, el número de soldados ha aumentado en Ocosingo, Altamirano y Comitán.[18]
Cabe destacar que el militarismo y el concomitante paramilitarismo se dan en función de "la actual etapa de expansión del capital".[19] La región sur de México y toda Centroamérica jugarían un papel muy importante como proveedores de biodiversidad, de mano de obra barata para la maquila, y de ruta de salida de las mercancías estadounidenses hacia los mercados del Pacífico. Así pues, programas gubernamentales como el de Atención a las Doscientas Cincuenta Micro Regiones, el Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva, la creación de un corredor transístmico y el Plan Puebla-Panamá toman sentido en el marco de esta expansión capitalista contemporánea.
Los intentos de desalojo de treinta y dos[20] comunidades de la selva Lacandona y de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules buscan que dichos espacios queden libres de los habitantes mayas.
Empresas trasnacionales, como Savia,[21] encabezada por Alfonso Romo, han trabajado en la Reserva de Montes Azules, en la zona de los lagos El Ocotal y El Suspiro,[22] o incluso el mismo Pemex (que junto a empresas petroleras no nacionales como Seine River Resources) han estado explorando y explotando intensa y extensamente las áreas comprendidas dentro de la reserva. Otras empresas más, como Conservation International, McDonalds, Disney, Exxon, Ford e Intel (esta última con una inversión de 250 millones de dólares), buscan explotar los recursos ahí contenidos.
Para lograr esos propósitos, las corporaciones han contado con el auxilio inestimable de dependencias del ámbito federal como son la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Desgraciadamente, la propia UNAM ha caído en el juego que el gran capital ha impuesto para la explotación de la rica gama de recursos no renovables y del impresionante stock genético con que cuenta la selva Lacandona: en noviembre de 1998, la Universidad Nacional Autónoma de México suscribió un contrato con la empresa estadounidense de biotecnología Diversa Corporation, en el cual se estableció que
Diversa [adquiriría] muestras recolectadas por científicos de la UNAM en los más variados ecosistemas mexicanos (entre los cuales destaca la Reserva de Montes Azules). Dicha compañía [buscaría] tener acceso a genomas de organismos que viven en esos ecosistemas, para desarrollar y patentar nuevos productos a partir de estos recursos genéticos.[23]
Otra de las formas como el Estado va descomponiendo el tejido social es mediante el financiamiento de proyectos productivos que rompen con la vocación tradicional del uso del suelo y las formas consuetudinarias de producción y propiedad colectiva de la tierra. Tal es el caso de la introducción de actividades altamente deforestadoras y rentables como la ganadería.[24]
La situación actual de contrainsurgencia en Chiapas
Los apoyos que los grupos paramilitares reciben de sus mecenas políticos se encubren bajo la bandera del desarrollo social y económico, de tal suerte que organizaciones como Solidaridad Campesino Magisterial (Socama)[25] auspician y cobijan clandestinamente a dichos grupos. Incluso se ha llegado al descaro de apoyar abiertamente a los grupos paramilitares como Paz y Justicia.[26] Uno de los más recientes actos a favor de este violento grupo se dio apenas el sábado 26 de enero de 2002, en la comunidad Roberto Barrios, en el cual ostentosamente enseñaron sus armas largas y recibieron financiamientos económicos de los programas oficiales como Procede, Procampo y Progresa.[27]
El paramilitarismo sirve a los fines de la contrainsurgencia, destruyendo o deteriorando severamente el tejido social de las comunidades que apoyan a la guerrilla. Actúa bajo las más diversas expresiones. Agrediendo a prestadores de servicios sociales en campamentos de desplazados, originando condiciones de expulsión de las comunidades indígenas y campesinas, coaligándose con autoridades civiles, ejerciendo acoso mediante el accionar de jueces venales y policías judiciales, infiltrando asociaciones religiosas, realizando labores de inteligencia, planteando disyuntivas desarrollistas que ocasionen deterioro ambiental, ubicando como enemigos del desarrollo a las comunidades que se niegan a seguir la lógica del capital y, sobre todo, originando o aumentando la espiral de la violencia en las comunidades, haciendo de ésta un modo de vida.
La fisonomía de las comunidades ha cambiado a partir del militarismo y paramilitarismo. La inserción de fenómenos como la prostitución y el narcotráfico no es una circunstancia natural, sino el fruto de la presencia del ejército en las comunidades de Chiapas, y la adhesión de los paramilitares a estas actividades.[28] En este sentido, el corresponsal de La Jornada en Chiapas, Juan Balboa, reportaba en 1997:
Propietarios de centros nocturnos de Ocosingo y Altamirano, dos de los municipios que forman la llamada zona de conflicto, tejieron en los últimos dos años una red de prostitución -que incluye a mujeres indígenas- en los ocho campamentos militares ubicados en el principal corredor zapatista de la selva Lacandona. Unas cien mujeres se introducen semanalmente en las Cañadas del Jataté, para satisfacer a unos tres mil militares asentados en las comunidades zapatistas de La Garrucha -donde se construyó uno de los Aguascalientes del EZLN- y en Nueva Providencia, ubicada en el corazón de la comandancia zapatista. La presencia del ejército mexicano ha provocado violencia intrafamiliar, incremento en el consumo de alcohol y en los padecimientos psicosomáticos, así como el rompimiento de por lo menos veinte matrimonios indígenas, al aceptar las mujeres tener relaciones sexuales con los soldados por un pago de cincuenta pesos.[29]
Pero es la praxis autonómica en los municipios zapatistas la que ha llamado la atención de los poderosos y provocado el incremento de las actividades de los paramilitares. Estos municipios, al ir adquiriendo un singular protagonismo colectivo mediante las autonomías de facto, se han puesto una vez más en la mira del Estado. Al desplegar estrategias de resistencia, amparadas en la jurisprudencia internacional, como las expresadas en el convenio 169 de la OIT, las comunidades zapatistas van poniéndose a la vanguardia del movimiento a favor de las autonomías, y en esta circunstancia, el paramilitarismo no deja de ser un instrumento más de la defensa de un sistema caduco y de un régimen racista.
En esta dirección, se deben destacar tres aspectos:
Se busca por todos los medios que el ejemplo de los municipios autónomos no se extienda en el país. Luego de la traición a los acuerdos de San Andrés, que significó la aprobación de la contrarreforma en materia indígena, el Estado mexicano hace uso de una multiplicidad de recursos, entre los que se cuentan la utilización de paramilitares, para borrar del mapa político nacional a estos municipios. Para ello, recurre a la utilización de la fuerza ilegítima e ilegal, a la vez que despliega las viejas artes del Estado patrimonialista para cooptar, mediante financiamientos, a quienes hace poco eran adversarios del sistema de Estado mexicano y hoy comparten el proyecto foxista.
Persiste la presencia ilegal de los paramilitares que han sido armados, entrenados y coordinados por el ejército. Estos grupos, surgidos de la delegación del uso de la fuerza por parte del Estado -situación a todas luces ilegal-, continúan vigentes en Chiapas. Tal como afirma en las conclusiones el "III Informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en México" (2002): "Los grupos paramilitares no han sido desarmados ni desarticulados, ni siquiera han sido recuperadas las armas que se utilizaron en la matanza de Acteal".
El paramilitarismo está al servicio de un gobierno que se ha caracterizado en un corto periodo por la creciente enajenación de la soberanía nacional a Estados Unidos. En el caso concreto de Chiapas, la alianza entre gobierno y trasnacionales se hace más que evidente y los paramilitares son la punta de lanza para crear condiciones de desplazamiento, para el desalojo masivo de campesinos, precondición de la instrumentación del Plan Puebla-Panamá, baluarte de la sumisión total del gobierno foxista a ese país.
El paramilitarismo tuvo un repunte sensible en el mes de agosto de 2002. Las diferentes prácticas de la contrainsurgencia han sido denunciadas por la organización no gubernamental Enlace Civil, con sede en San Cristóbal de Las Casas. Cuatro asesinatos a militantes de las bases de apoyo zapatistas, campañas de desinformación por parte de los medios de comunicación, propalación de rumores provenientes del PRI, agitación contrautonómica con el propósito de coligar fuerzas antizapatistas de diferentes ejidos que acrecienten el clima de hostilidad, son algunas de las acciones llevadas a cabo por la contrainsurgencia. En agosto de este año, se observó un recrudecimiento de la guerra de desgaste contra las comunidades autonómicas, con todas sus implicaciones de acoso psicológico y de terrorismo de Estado. Los testimonios nos indican que ésta se ha intensificado en los municipios autónomos Ricardo Flores Magón, Olga Isabel y San Manuel.
Entre el 7 de agosto, día del primer asesinato de un militante de base, y el día 25, cuando acontecen los dos últimos crímenes contra autoridades autonómicas, se presenta una serie de provocaciones por parte de los paramilitares tipificadas como sitios de comunidades, bloqueo de accesos a las mismas, agresiones para concluir en homicidios. El patrón de operación es similar: encubrir los crímenes contrautonómicos bajo el disfraz de conflictos intracomunitarios o inclusive familiares.
El vínculo entre ejército federal y paramilitares es muy estrecho, como lo demuestra la acción delictiva del grupo conocido como Los Aguilares, en la jurisdicción del municipio autónomo Olga Isabel. Militares y paramilitares están vinculados hasta por lazos sanguíneos, y esto facilita el tráfico de armas, como denuncia Enlace Civil.[30]
Otro de los grupos paramilitares activos en Chiapas, OPDIC, ya no sólo opera directamente contra las autoridades autonómicas en el municipio Ricardo Flores Magón, sino que asesora a militantes priístas para la ejecución de dichos crímenes.[31]
Además, la propaganda antizapatista se incrementó sensiblemente, en particular en el municipio de Ocosingo. En síntesis, el cerco en las comunidades zapatistas continúa, de tal suerte que la macabra metáfora del pez en la pecera sigue siendo utilizada por la contrainsurgencia, considerando a los dirigentes del EZLN los peces y a las bases de apoyo la pecera. Por consiguiente, se quiere ahogar todo tipo de democracia participativa -como la que propugna el EZLN en los municipios autónomos- por medio del acoso y asesinato de militantes de base y autoridades autonómicas.
Ahora bien, para documentar el proceso de militarización y paramilitarización que se vive en Chiapas, presentamos cinco gráficas que muestran de manera sistematizada información obtenida gracias a la difusión de Enlace Civil a lo largo del periodo comprendido entre enero y septiembre de 2002.
En la Gráfica 1 observamos el contenido, desglosado por mes, de 114 comunicados de prensa que dan cuenta de un amplio número de casos de violación sistemática de los derechos civiles y humanos de los habitantes de las zonas bajo el control zapatista, y del proceso de contrainsurgencia establecido en esas zonas.
En la Gráfica 2 se muestra la incidencia de las denuncias presentadas en cada una de las zonas o municipios en el periodo señalado. Pueden existir discrepancias entre el número de denuncias por municipio, ya que todos los municipios autónomos se encuentran dentro de municipios oficialmente reconocidos, pero no todas las quejas provienen de zonas autónomas. En algunos casos los denunciantes no precisan el municipio, por lo que se ha tomado como punto de referencia el nombre de la comunidad. Finalmente, las denuncias consideradas en "otros municipios" son de los presos zapatistas encarcelados en Chiapas y en Tabasco, así como las presentadas directamente por los integrantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Se expone en la Gráfica 3 las cifras de casos por grupo denunciante. Como queda claramente establecido, son los concejos autónomos los que realizan la mayoría de las denuncias, echando por tierra la idea de que los zapatistas no están hablando ni informando.
Para realizar la Gráfica 4 se tuvo que hacer el mayor ejercicio de subjetividad de las cinco gráficas. Las denuncias presentadas en los comunicados no tienen criterios uniformes, por lo que su clasificación es arbitraria y de mi exclusiva responsabilidad. Sin embargo, dada la amplia gama de acciones de contrainsurgencia que se desarrollan en las zonas zapatistas no quería limitarme a unas cuantas categorías, por lo que se expresa ampliamente la gama de actividades de hostigamiento. En la categoría "hostigamiento militar y paramilitar" se encuentran actividades que van desde envenenamiento de ríos, patrullajes, ostentación de armas, vuelos rasantes, hasta espionaje de las actividades de las comunidades zapatistas.
La última gráfica, la Gráfica 5, señala las instituciones denunciadas en los comunicados emitidos por Enlace Civil. Cabe señalar que en muchos de ellos no se denuncia a una sola institución, por lo que el número total de organizaciones supera al del total de comunicados.
Antes del 1° de diciembre de 2000, la violencia paramilitar estaba siendo llevada a cabo fundamentalmente por grupos emanados del PRI, o de partidos satélites, como el partido cardenista. Hoy, los patrones de comportamiento de los grupos paramilitares han sufrido ciertas transformaciones, como se observa en la Gráfica 4. La capacidad del Estado para cooptar a organizaciones que antes expresaban posturas de oposición y coincidían con los zapatistas, como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), se ha incrementado. Y la forma como va creciendo la violencia en el interior de las comunidades, inducida por el Estado, está generando condiciones propicias para una mayor paramilitarización en Chiapas.[32]
Para reforzar esta afirmación baste un ejemplo de la nueva estrategia gubernamental foxista, explicada sucinta pero contundentemente por los miembros del municipio autónomo Primero de Enero, quienes denunciaron que "los de la ORCAO y el gobierno buscan que negociemos la tierra, les interesa para llenarlas de vacas, así como Fox planea quitar la tierra de las comunidades para poner aeropuertos, aquí el gobierno y la ORCAO planean quitar la tierra para poner vacas y para hacer carreteras, por eso buscan e inventan problemas y delitos para obligarnos a negociar las tierras, porque lo que ellos quieren es volver a la propiedad privada y no a la propiedad comunal, y mucho menos a la propiedad colectiva".[33]
En ese sentido, observamos con preocupación la funcionalidad con el sistema de grupos relacionados con el Partido de la Revolución Democrática.[34] La forma como se coordinan con el gobierno federal ciertas organizaciones de base que anteriormente respondían a formas independientes de funcionamiento y organización, y el clima de violencia que van provocando las "detenciones" de miembros de la ORCAO por parte de autoridades autonómicas y de militantes autonómicos por parte de la ORCAO, enrarecen la situación.[35]
Asimismo, las tres vertientes de la ARIC han hostilizado a ciertos municipios autónomos directa e indirectamente. Tan sólo como un ejemplo de esto, en mayo de este año la ARIC-Independiente "inventó" la historia de que los zapatistas del municipio autónomo San Manuel habían secuestrado a un miembro de su organización, por lo que de inmediato pidieron "al ejército y a la seguridad pública su apoyo para tomar los nuevos poblados San Marcos, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Miguel Hidalgo". Esta situación, aseveran las autoridades autónomas, generó la aprehensión de cuatro habitantes del municipio autónomo y que "una vez más la mentira nos quiere dividir y provocar la intervención de los soldados y de la policía federal preventiva".[36]
La paramilitarización y la contrainsurgencia en Chiapas no ha cambiado en esencia con la llegada del gobierno foxista. Éste mantiene en la actualidad:
El despliegue de formas de violencia ilegal bajo un discurso "modernizador". El argumento es que los zapatistas se aferran a sus formas tradicionales de vida y se oponen al "progreso" que llegaría por medio de programas gubernamentales de desarrollo, estimulando la propiedad privada.
El fomento de estilos de vida sustentados en el lucro y la ganancia, muchas veces ligados a actividades ilícitas como el cultivo y tráfico de drogas, aumento del tráfico y distribución de armas.
La realización de labores de inteligencia militar mediante la infiltración en las comunidades y a partir de un sinnúmero de coberturas: vendedores, predicadores, técnicos, etcétera.
La coordinación de las acciones de los paramilitares con los operativos del ejército y la seguridad pública del estado.
La puesta en marcha de una campaña de temor en las comunidades haciendo que los paramilitares sean muy visibles, como está sucediendo en El Triunfo, municipio de Altamirano, donde los paramilitares aparecen con uniformes azules y con armas de alto poder (ver Bellinghausen, en La Jornada, 2 de mayo de 2002).
La provocación de incendios en bosques en una escalada similar a la de 1998, para aterrorizar a las comunidades, alterar el entorno, y crear condiciones para apropiarse de las tierras de las comunidades.
El agravamiento de disputas agrarias provocadas por organismos oficiales y en las que se van involucrando los paramilitares.
Los ajustes de cuentas entre los propios jefes paramilitares e intentos de involucrar en éstos a los municipios autónomos.
A modo de conclusión, consideramos que los planteamientos del Plan Chiapas 2000 son consecuentes con lo planteado por el ejército en 1994. El objetivo clave en ese momento era "romper la relación de apoyo que existe entre la población y los transgresores de la ley".[37] Más adelante, este documento afirmaba:
Los servicios de inteligencia militar deben organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil; entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones.
Propósito prácticamente igual a lo establecido en el punto 3.3. del Plan Chiapas 2000.
Algo no previsto por los jerarcas militares en 1994, y nuevamente en el año dos del gobierno foxista, es la amplia convocatoria mantenida por el EZLN en los ámbitos regional, nacional e internacional a lo largo de más de ocho años. Sin embargo, persiste la visión contrainsurgente de considerar a la guerrilla como el pez y a las organizaciones sociales el líquido vital. En consecuencia, el actual gobierno se plantea ganar para sus objetivos a ciertas organizaciones sociales, como la ORCAO o las tres variaciones de la ARIC, y con ellas socavar a las comunidades zapatistas en resistencia y disputarles territorio y hegemonía, y, sobre todo, suprimir las experiencias de los municipios autónomos. Todo ello con la activación o reactivación de grupos paramilitares en las zonas de la Selva, los Altos y el Norte de Chiapas.
Por último, los argumentos que se propalan públicamente, o a través de múltiples vías de propagandización, desde muy variadas posiciones ideológicas, políticas y religiosas, en el sentido de sobrenfatizar una pretendida división de las comunidades (sin precisar el papel de la cooptación gubernamental, la militarización y la paramilitarización en este conflicto), así como una supuesta división interna y un desgaste del EZLN, constituyen esfuerzos conscientes o inconscientes que coadyuvan en la estrategia de la contrainsurgencia y en los planes del gobierno foxista de cercar política, económica y militarmente a los zapatistas.
Toca a las fuerzas democráticas comprometidas con la lucha por los derechos plenos de los pueblos indios, seguir insistiendo en la necesidad de una profunda reforma del Estado y de la sociedad con base en el establecimiento de una nación organizada a partir no sólo de la ciudadanía, sino también del reconocimiento constitucional de los procesos de autonomía que la resistencia indígena ha demandado históricamente.
La paz debe construirse en los caminos de la desmilitarización y el desmantelamiento de los grupos paramilitares, en el abandono de las estrategias de contrainsurgencia, en una transformación a fondo de las fuerzas armadas, en el acotamiento constitucional de sus misiones y el escrutinio parlamentario y ciudadano de su presupuesto, en el cambio de rumbo de la actual política económica; en suma, en el fortalecimiento de un proyecto de nación basado en el bienestar de la mayoría de los mexicanos.
Notas:
Resultados preliminares de investigación en el marco del proyecto "Autonomía multicultural: condición indispensable para el desarrollo sustentable", auspiciado por la Unión Europea.
Pau Pérez Sales, Cecilia Santiago Vera y Rafael Álvarez Díaz, Ahora apuestan al cansancio. Chiapas: fundamentos psicológicos de una guerra contemporánea, Grupo de Acción Comunitaria-Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., México, 2002.
Ibid., p. 248.
Ibid., p. 247.
Ver Hermann Bellinghausen, "Comunidad en resistencia sufre acoso policiaco", La Jornada, 10 de mayo de 2002.
Ibid.
Francisco Pineda, "La guerra de baja intensidad", ver en Chiapas, n. 2.
Con el foxismo, el proceso de integración militar de México a Estados Unidos se ha profundizado aún más. Las reuniones que las cúpulas militares mexicanas han tenido con las estadounidenses en la dirección de conformar el Comando del Norte con las fuerzas armadas de los tres países, y con la subordinación de los mílites mexicanos al Pentágono, puede ser un hecho que, de consumarse, cuestione la viabilidad de México como nación. Al respecto, Carlos Fazio escribe: "El llamado ‘tercer vínculo’ [el militar] en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México ha ido avanzando en la dirección que impulsa el polo más fuerte: la subordinación del más débil. En materia militar y de seguridad, la dependencia de México respecto a las políticas del Pentágono, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la oficina antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA) marca un continuum. Los atentados del 11 de septiembre en Washington y Nueva York actuaron como facilitadores de un proceso que venía gestándose desde 1996, al cual no son ajenos el ingreso de México al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el renovado activismo ‘antiterrorista’ proestadounidense de Castañeda en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la incorporación del ejército mexicano a la Conferencia de Ejércitos Americanos, como miembro pleno. El último eslabón de la cadena es la serie de conversaciones secretas que viene sosteniendo el alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Armada con sus contrapartes del Pentágono y la Defensa canadiense, para integrar un denominado Comando América, propuesto por el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, a fin de combatir al ‘terrorismo’ en América". Carlos Fazio, La Jornada, 11 de febrero de 2002.
En el conflicto guatemalteco, agudizado en los años sesenta, encontramos lo que podría ser el taller de la paramilitarización y militarización en Centroamérica. Tenemos grupos de ultraderecha que se mostraban como autónomos pero adscritos a la sección de inteligencia (G2) del ejército guatemalteco, patrullas de autodefensa civil que en principio fueron reclutadas por el ejército en forma forzosa y desempeñaron un papel en las masacres y en el control militar de las comunidades, prácticas de tierra arrasada durante el gobierno de Efraín Ríos Mont en la década de los ochenta, que consistían en el bombardeo inmisericorde a las comunidades; todo ello es muestra de una experiencia que dejó a lo largo de 36 años más de 100 mil muertos, 40 mil desaparecidos, 50 mil refugiados en el extranjero, un millón de desplazados a otros puntos del país, 600 matanzas colectivas y una experiencia acumulada de represión que hoy está trascendiendo las fronteras de Guatemala: la de los kaibiles, que actualmente adiestran a la fuerza armada mexicana. Para más información, ver la página de internet http://geocities.com/CapitolHill/3731/guerra.html
Los Halcones fue un grupo paramilitar urbano que atacó salvajemente una manifestación estudiantil en las calles de la ciudad de México el 10 de junio de 1971. La Brigada Blanca fue un grupo paramilitar que actuó como escuadrón de la muerte durante la década de los setenta para torturar, asesinar y desaparecer a los militantes de las guerrillas rurales y urbanas. El Batallón Olimpia se integró con miembros del ejército vestidos de civil que actuaron como grupo paramilitar el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco (contra el movimiento estudiantil).
Andrés Aubry y Angélica Inda, "¿Quiénes son los paramilitares?", La Jornada, martes 23 de diciembre de 1997.
Cfr. Jesús Aranda, "Crecimiento explosivo de grupos de élite", La Jornada, lunes 25 de junio de 2001. Esto está vinculado con la formación, por parte del ejército y de la armada, de grupos especiales a partir del conflicto de 1994. A partir de ese año, cuarenta oficiales de estas dos armas son entrenados por los kaibiles en ejercicios de contraguerrilla y de supervivencia en la selva. Inclusive los kaibiles han estado en territorio mexicano adiestrando a los miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), formado en 1994, y el Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFES), creado en 1998. La mayoría de los GAFES también ha recibido entrenamiento en Estados Unidos. Desde esas fechas, cada año se envía ocho elementos del ejército y cuatro de la armada a entrenarse en la selva guatemalteca. En cada una de las 12 regiones militares del país y en las 44 zonas militares hay GAFES. Asimismo, los GAFES cuentan con 144 embarcaciones a nivel nacional, las cuales son auxiliadas por helicópteros y transportes terrestres. El ejército creció en unidades de élite en el sexenio pasado, pero el crecimiento en este sentido de la armada corresponde al actual sexenio de Vicente Fox, quien crea las Fuerzas de Reacción Anfibia y el Grupo de Fuerzas Especiales.
Ver Federico Anaya Gallardo et al., Siempre cerca, siempre lejos: las fuerzas armadas en México, Global Exchange-Ciepac-Cencos, México, 2000.
Ésta es una de las decepciones causadas por Fox en la población mexicana. Completan el cuadro el rosario de promesas incumplidas como el 7% de crecimiento del PIB, la creación de empleos, los créditos a la micro, pequeña y mediana empresas y la ya mencionada paz en Chiapas. Las expectativas de un futuro con cierta estabilidad se diluyen en la población, mientras que de una forma autista el gobierno de Fox sigue insistiendo en ampliar los procesos de privatización y en vender las grandes empresas energéticas nacionales.
En el caso colombiano, Carlos Medina Gallegos se refiere a la "creación de formas parainstitucionales de violencia, promovidas, organizadas y protegidas por los mismos organismos del Estado y financiadas por los gremios económicos [...]. En Colombia el fenómeno paramilitar responde al impulso de las estrategias contrainsurgentes de la doctrina de la seguridad nacional y la aplicación de los fundamentos del conflicto de baja intensidad, su expresión más clara es lo que se conoce con el nombre de guerra sucia, modalidad de conflicto armado que compromete a la población civil en el desarrollo de la guerra". Carlos Medina Gallegos, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia, Documentos Periodísticos, Bogotá, 1997.
Gilberto López y Rivas, "Paramilitarismo e insurgencia en México", Memoria, n. 133, junio de 1999, p. 2.
En Europa, después de la segunda guerra mundial surge una asociación intelectual que se conoció como el Círculo de Viena. En ella participaron figuras de la intelectualidad liberal de la época como Karl Popper, Frederick von Hayek y Salvador de Madariaga que centran sus debates en la inconveniencia del "Estado sobrecargado". Por la misma época, la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Chile criticaba ese modelo de Estado. Éste no era otro que el Estado del bienestar keynesiano, que entre otras cosas, bregaba por la creación o reforzamiento del mercado interno, un sistema de previsión social que atendiera a la mayor parte de la población y la participación y dirección del Estado en empresas económicas. En los años setenta, el premio Nobel de economía Milton Friedman, eminencia de los llamados Chicago boys, impulsa un modelo de Estado que se podría resumir como "adelgazado", el cual disminuye drásticamente el gasto social y le quita toda atribución como ente regulador de las relaciones económicas y sociales. Paralelamente deja en "la mano invisible del mercado" toda la regulación de estas relaciones. Cabe destacar que la mayor parte de los gobernantes de América Latina fueron discípulos de Friedman, o por lo menos, asiduos lectores de su obra, llegando algunos al fundamentalismo neoliberal, como son los casos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Al producirse la crisis de la deuda externa de los años ochenta, que resultó del progresivo endeudamiento por parte de los Estados latinoamericanos con respecto a los organismos financieros internacionales, obligados o muy gustosos, la mayor parte de los gobernantes latinoamericanos fueron adoptando las recetas en la dirección friedmaniana. Los principales aspectos de estas reformas fueron: a] contención de la inflación, reduciendo el gasto social del Estado mediante la liquidación de las empresas paraestatales y por ende su privatización; b] aplicación de políticas de "flexibilización laboral" que derivaron en la caída drástica del salario real de los trabajadores; c] eliminación de los marcos normativos que limitaban las inversiones extranjeras; d] desaparición del marco legal que amparaba la propiedad colectiva agraria, dando lugar al crecimiento de la gran empresa capitalista en el campo; e] reducción del gasto social en torno a pensiones, jubilaciones, subsidios y estímulos a la producción, proyectos de vivienda, sistema de salud, cobertura alimenticia de grupos vulnerables, etcétera. En síntesis, un Estado mínimo que se desentendiera de su responsabilidad social creará las condiciones para la inversión de capital y garantizará los mecanismos de su reproducción. En México, este proceso empieza a fines de 1981, en ocasión de la firma del GATT, y continúa en forma ininterrumpida hasta el día de hoy. El gobierno foxista, que pregona una entelequia que denomina "humanismo social", desnuda su verdadero rostro cuando se proclama el gobierno de los empresarios, entendiendo a éstos como los grandes capitanes del capital local y foráneo. Los recurrentes intentos de vender o privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad ponen en evidencia qué tanto aprendió Fox las lecciones de Carlos Menem.
En ocasión de uno de sus viajes a Europa, Vicente Fox afirmó: "Los desplazados [...] han regresado a sus comunidades y reina la calma y la paz". Luego de un rosario de autoalabanzas a su régimen sostuvo que México tiene la ley más progresista del mundo en materia de derechos indígenas. Los observadores suizos, presentes en México en abril de 2002, desmienten a Fox: "Este tipo de discursos hace recordar a los anteriores gobiernos del PRI. Sin embargo, según pudo comprobar la delegación, la vida cotidiana en Chiapas muestra otro panorama. Muchas comunidades denuncian hostigamientos por parte del ejército y de los paramilitares. También han aumentado los conflictos entre los diferentes grupos antes aliados dentro de muchas comunidades. La decepción respecto a la Ley Indígena mutilada ha conllevado a una radicalización y a una recaída en viejas posturas entre la población indígena. Esto crea nuevos conflictos y polariza". Programa Suizo de Observación y Promoción del Proceso de Paz en Chiapas, México (Programa Suiza-Chiapas), Informe de la 6a misión del 5 al 14 de abril de 2002, Zurich, agosto de 2002, p. 17.
Hermann Bellinghausen, "Pobladores de comunidades zapatistas denuncian que han proliferado los incendios provocados", La Jornada, 3 de mayo de 2002. El informe de la nota anterior brinda cifras sobre la militarización. El retiro anunciado de las siete bases militares no es un índice confiable de desmilitarización, ya que los soldados retirados fueron reubicados en otros 250 puntos de Chiapas. El gobierno federal reconoce la presencia de 17 mil militares, pero las organizaciones de la sociedad civil calculan 70 mil. Programa Suizo de Observación y Promoción del Proceso de Paz en Chiapas, doc. cit., p. 17.
Fazio, Carlos, "Paramilitares, brazo ejecutor del poder económico", La Jornada, 13 de noviembre de 2000. En este mismo sentido, agrega Fazio que "el componente paramilitar se inscribe dentro de las tendencias estatales de privatización de la fuerza, como factor clave en la estructuración de un nuevo orden local y/o regional con eje en grupos que usan su poder económico y el terror, a través del manejo de ejércitos privados de alta capacidad logística y militar, para conservar y reproducir sus intereses".
Cfr. Hermann Bellinghausen, "Autonomía indígena, alternativa ante conflictos comunitarios en Chiapas, afirma investigador", La Jornada, 4 de mayo de 2002.
Savia es una de las empresas líderes en el ramo de la agroindustria a través del desarrollo, producción y mercadeo de semillas para frutas y vegetales, con ventas anuales de 800 millones de dólares, según se informa en su propia página de internet: http://www.savia.com.mx
Andrés Barreda comenta que esta región de los Montes Azules es hoy curiosamente "el punto más densamente militarizado de toda la reserva y donde también se exige la expulsión de varias comunidades". Andrés Barreda, "Los incendios, coartada para la guerra", La Jornada, 10 de mayo de 2000.
Alejandro Nadal, "UNAM-Diversa: ¿dueños de recursos genéticos?", La Jornada, 11 de marzo de 1999. Las cursivas son mías.
"Es evidente que el proceso de deforestación obedece a múltiples causas, pero sin duda alguna existen dos factores que han sido determinantes, nos referimos a la extracción de la madera y al proceso de ganaderización; fenómenos que en muchas regiones [de Chiapas] se dieron de manera interdependiente." Daniel Villafuerte Solís, María del Carmen García Aguilar y Salvador Meza Díaz, "Ganaderización-deforestación en Chiapas. Alcances y limitaciones para una estrategia de reconversión productiva", Ganaderización: Deforestación en el trópico mexicano y sus expresiones en el estado de Chiapas, proyecto realizado por convenio CINVESTAV-PROAFT (SARH), México, 1993, tomado de http://www.maya.ucr.edu/pril/proaft/chiapas0.html
Socama es una organización vinculada al PRI y al PT, organizada por la Línea Proletaria Popular desde fines de los años setenta, la cual aglutina a los sectores magisteriales y campesino y ha cobijado a los grupos paramilitares en donde tiene presencia.
El 4 de julio de 1997, el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro firmó un convenio con Paz y Justicia, en el que se comprometió a otorgar a este grupo un total de 4 millones 600 mil pesos con objeto de "apoyar y fomentar la actividad agroproductiva". Este convenio fue suscrito por 64 representantes de Paz y Justicia y por Homero Tovilla Cristiani, entonces secretario de Gobierno del estado, Uriel Jarquín Gálvez, entonces subsecretario general de Gobierno, y como "testigo de honor", el general Mario Renán Castillo, entonces comandante de la VII Región Militar. Tomado de
http://www.fzln.org.mx/archivo/paramilitares/paz.y.justicia.htmCfr. Hermann Bellinghausen, "Entrega de apoyos oficiales en una reunión de Paz y Justicia", La Jornada, 30 de enero de 2002.
El asunto ha llegado incluso a foros internacionales. La visita que efectuaron un grupo de parlamentarios finlandeses por el estado de Chiapas durante enero pasado, les mostró claramente que hay un "incremento de la prostitución en la llamada zona de conflicto y [atribuyeron] tal hecho a la militarización que existe en la región". Ángeles Mariscal, "Preocupa a legisladores finlandeses la prostitución en Chiapas", La Jornada, 17 de enero de 2002.
Juan Balboa, "Prolifera la prostitución en zonas militares de Chiapas", La Jornada, 27 de enero de 1997.
Ver comunicado de Enlace Civil correspondiente al 27 de agosto de 2002.
Comunicado de Enlace Civil del día 29 de agosto de 2002.
En este sentido Onésimo Hidalgo Domínguez asevera que una diferencia entre ciertas organizaciones chiapanecas "se deriva de su modo de relacionarse con el gobierno: ‘Mientras el EZLN se mantiene al margen de los gobiernos estatal y federal, y fortalece su resistencia civil, otras organizaciones se asocian a proyectos productivos’. Esto determina diferentes formas de construir la autonomía. Con base en este argumento, Hidalgo explica los conflictos comunitarios entre municipios autónomos y militantes de alguna de las tres ARIC (Asociación Rural de Interés Colectivo: Unión de Uniones, Oficial e Independiente); del PRI (CNC, UCIAF, Paz y Justicia), de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC en sus dos expresiones), las Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP), y en particular, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Con excepción de los priístas, estos grupos ‘antes fueron aliados del zapatismo y hoy han llegado a enfrentamientos violentos’". Hermann Bellinghausen, "Autonomía indígena...", cit.
Comunicado de prensa del municipio autónomo Primero de Enero, 6 de abril de 2002, difundido por Enlace Civil, A. C.
Onésimo Hidalgo manifiesta que en la zona Norte de Chiapas se han agudizado los conflictos entre los que militan en el PRD y los desplazados de las bases de apoyo zapatistas, y asevera que "el reciente acuerdo de paz, firmado el 26 de abril en Sabanilla entre la organización paramilitar Paz y Justicia, la Unión de Comunidades Indígenas, Agropecuarias y Forestales (UCIAF) y delegados de la Iglesia católica, genera un conflicto entre zapatistas e Iglesia católica, ya que esta última cae en la trampa de asumirse como parte del conflicto". Asimismo, asegura que si no se desarma a los paramilitares "el conflicto cambia de terreno, pero sigue latente". Ibid.
No obstante, aquí cabe señalar que las agresiones iniciales son orquestadas y realizadas por miembros de las organizaciones filoperredistas como ORCAO y Kichiañob, las cuales ejecutan sus operaciones contrainsurgentes de manera violenta (asaltando y secuestrando con machetes a los campesinos zapatistas, quemando y robando sus propiedades), de tal suerte que la mascarada gubernamental pretende proyectar la idea de que los conflictos generados por la contrainsurgencia son simples ‘conflictos entre organizaciones’. Bellinghausen ha reportado que "mientras para los zapatistas las tierras son comunales, compartidas por la ORCAO y el municipio autónomo Ernesto Che Guevara, los cafeticultores perredistas pretenden titularlas individualmente, o sea, llevarse su parte. Y es que necesitan esta ‘privatización’ para recibir créditos y proyectos productivos del gobierno". Hermann Bellinghausen, "Continúa la impunidad hacia paramilitares y la guerra de baja intensidad", La Jornada, 6 de noviembre de 2001.
Hermann Bellinghausen, "La ARIC-Independiente pidió apoyo castrense para tomar cuatro poblados", La Jornada, 8 de mayo de 2002.
Carlos Marín, "Plan del ejército en Chiapas, desde 1994: crear bandas paramilitares, desplazar a la población, destruir las bases de apoyo del EZLN...", Proceso, n. 1105, 4 de enero de 1998, p. 1.
Revista Chiapas
http://www.ezln.org/revistachiapas
http://membres.lycos.fr/revistachiapas/
http://www33.brinkster.com/revistachiapasChiapas 15
2003 (México: ERA-IIEc)
