Acteal, El Bosque, Aguas Blancas y El Charco son las señas de identidad más vergonzosas del gobierno de Ernesto Zedillo, que en seis años no pudo encontrar un camino democrático para dirimir los conflictos sociales.
El diálogo estuvo negado para los débiles, para los trabajadores, para los pobres, para los estudiantes y, con mayor razón, para los indios que en su mayoría viven en el área rural de México y muchos suburbios de las grandes ciudades.
Con la mayor soberbia se dispuso de los bienes de la nación para promover intereses privados; se condenó a la población a vivir en la miseria para, en cambio, enriquecer a un grupo de empresarios y banqueros con las privatizaciones, con el Fobaproa, con el manejo discrecional de información privilegiada sobre la devaluación de diciembre de 1994.
La deuda pública aumentó de 131 a 171 mil millones de dólares (38% del PIB) a pesar de que los montos pagados por su sevicio alcanzaron 260 mil millones de dólares durante el sexenio. La riqueza se concentró al punto que doce supermillonarios acumulan una fortuna de 27 mil millones de dólares (6 % del PIB y 16% de la deuda externa) mientras que 70 millones de mexicanos se debaten en la incertidumbre y la pobreza. La dependencia del exterior se recrudeció al destinar el 88% de las exportaciones hacia Estados Unidos, hipotecar la riqueza petrolera y hacer girar el modelo económico sobre la captación de divisas, cuyo mayor generador es la industria maquiladora.
Triste balance de un sexenio en el que la larga y compleja lucha social por la democracia, que conquista la posibilidad de elecciones transparentes, quiere presentarse como la mayor virtud de quien pasará a la historia por haber asumido la candidatura presidencial como resultado de un magnicidio que, por cierto, tampoco pudo ser aclarado en seis años.
La desmilitarización de la zona indígena de Chiapas, condición para reanudar el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, no sólo fue desatendida sino que se creó un gran número de cuerpos irregulares para mantener el hostigamiento constante, la violencia contrainsurgente y los desalojos de comunidades enteras. Militares y paramilitares, junto con policía militar y judicial, fueron la respueta a la petición de diálogo de la sociedad. El colmo: la construcción de nuevos cuarteles sobre terrenos ejidales y en el área de reserva de la biósfera más importante del país. Tampoco se dio cumplimiento a los Acuerdos firmados el 16 de febrero de 1996 elevando la Ley Cocopa a rango constitucional.
Con Zedillo o sin él, y aun con todas la disputas internas de los grupos de poder, el gobierno federal tiene una deuda con la nación: cumplir los Acuerdos de San Andrés, retirar al ejército a sus posiciones del 1° de enero de 1994 y devolver al pueblo de México lo que le ha sido robado en los últimos dos sexenios.
Revista Chiapas
http://www.ezln.org/revistachiapas
http://membres.lycos.fr/revistachiapas/
http://www33.brinkster.com/revistachiapas
|
Chiapas 10 2000 (México: ERA-IIEc)
|