Chiapas
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Entrevista con Digna Ochoa y Rafael Álvarez *
Presentación
Ana Esther Ceceña,
La territorialidad de la dominación. Estados Unidos y América Latina
Boaventura de Sousa Santos,
Nuestra América. Reinventando un paradigma subalterno de reconocimiento y redistribución
Julio C. Gambina,
Resistencia internacional a la globalización neoliberal
DEBATE
Atilio A. Boron,
La selva y la polis, Interrogantes en torno a la teoría política del zapatismo
John Holloway,
La lucha de clases es asimétrica
Emir Sader,
La izquierda latinoamericana en el siglo XXI
Sergio Tischler,
La crisis del sujeto leninista y la circunstancia zapatista
PARA EL ARCHIVO
Antonio Paoli,
Lekil kuxlejal. Aproximaciones al ideal de vida entre los tseltales
Joaquín Giménez Héau,
ICBG: laboratorio global o negocio redondo
Entrevista con Digna Ochoa y Rafael Álvarez
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El asesinato de Digna Ochoa, defensora incansable de los derechos humanos que contribuyó a dar voz a los sin voz, fue anunciado muchas veces.
En 1999, cuando el parlamento europeo valoraba la posibilidad de un Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH), conformada por diputados y miembros de la sociedad civil de varios países europeos, visitó México, hizo un recorrido por Chiapas y se entrevistó con autoridades federales y estatales, así como con miembros relevantes de la sociedad mexicana vinculados con la defensa de los derechos humanos. En esa ocasión, Digna Ochoa y Rafael Álvarez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, concedieron esta entrevista a los miembros de la Comisión. Sus señalamientos de entonces pueden resultar reveladores y muestran la entereza y dignidad de aquellos que, como Digna, no podrán ser acallados nunca más porque su labor trasciende su propia vida.
Rafael: El trabajo del Centro ha sido público. Llevamos algunos de los casos graves donde están como responsables diversas autoridades militares, diferentes policías o las autoridades migratorias. El hecho de denunciarlos y de trabajar en esta defensa nos ha traído como consecuencia la represión y la intimidación de diferentes maneras. Nosotros últimamente en el Centro hemos estado viviendo esta represión muy de cerca, las amenazas han sido bastante graves y más aún las agresiones directas. Las amenazas han sido directamente contra todo el Centro. Las amenazas son una tortura para todos nosotros sin embargo ha habido la convicción de continuar en nuestro trabajo gracias, entre otras cosas, al apoyo internacional. Esto nos fortalece, nos anima y nos protege. Si no tenemos la cobertura necesaria para continuar, nuestro trabajo será mucho más difícil, sobre todo cuando vemos que la situación se va agravando y que va a agudizarse mucho más este fenómeno.
CCIODH: Yo quisiera que me aclarara lo último que dijo. Nosotros hemos escuchado opiniones según las cuales durante el periodo electoral se buscaría dar una imagen muy democrática y muy abierta.
Digna: Sí, en cuestiones de discurso efectivamente se ha tratado de manifestar este proceso de democratización en México, en el que finalmente creen muchos, y en el que creo ha habido un avance. Sin embargo hay un doble discurso en este caso: por un lado se manejan elecciones preliminares para elegir a los candidatos, por otro empieza a haber una represión contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y líderes de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Esta situación se manifiesta desde el momento en que el partido oficial empieza a querer imponerse y ganar las elecciones a toda costa, cuando está viendo que hay una competencia bastante fuerte. Creemos que el partido oficial, al quererse mantener en el poder, va a tratar de ir eliminando cabezas de los líderes; lo hemos visto en diferentes organizaciones. Lo vemos en Guerrero, lo vemos en Oaxaca, en Chiapas, sobre todo en comunidades con presencia de indígenas campesinos, donde hay mayor organización.
Algo cotidiano en México es la fabricación de culpables y de delitos. Para poder eliminar de alguna manera lo que pueda significar concientización, movilización, se trata de eliminar a los líderes fabricándoles algún delito, sembrándoles drogas, sembrándoles armas, vinculándolos con grupos guerrilleros. Esto lo intentaron hacer con el Centro Pro. Durante el último interrogatorio que me hicieron todo tuvo relación con esto. Querían que dijera qué armas usamos, dónde estaban, los contactos con grupos guerrilleros... Esto, para poder desacreditar nuestro trabajo. Son tácticas del gobierno para eliminar o quitarle credibilidad a un grupo.
CCIODH: ¿Cómo evolucionó la situación desde el año pasado, cuando vino por primera vez la CCIODH?
Rafael: En ese momento ya la Comisión alertó sobre algunos signos muy preocupantes de la situación política en México. Creemos que ahora la situación es más grave porque hay un periodo electoral que hace que existan vacíos de poder. Se dice que en el sistema político mexicano, en el último año de gobierno de cada presidente ya no gobierna este presidente, sino su sucesor, y hay también una disputa dentro de la clase dominante por estos puestos de poder. Un problema muy importante que nosotros observamos es el desarrollo de la lógica contrainsurgente, donde están participando el ejército, las policías y una policía que se acaba de crear: la policía federal preventiva, que tiene muy escaso fundamento jurídico, su participación no es legal, pero ahora trata de colocarse por encima de los municipios, de los estados y de la autoridad de cada estado. Hay una lógica contrainsurgente, porque se trata de atacar a los grupos armados, pero desde una concepción de seguridad nacional.
Se dice que el enemigo de la soberanía es un enemigo interno, entonces cualquier periodista, misionero, indígena organizado, defensor de derechos humanos está viéndose como sospechoso. Los militares y policías que han sido adiestrados en la lucha contrainsurgente, tanto en Estados Unidos como con los asesores que están aquí en México (de Argentina, de Israel, de Chile), ellos están convencidos de que hay que acabar con los grupos insurgentes de esta manera; dicen: "Los guerrilleros se mueven como peces en el agua, lo que tenemos que hacer es quitarle el agua al pez". Se habla de una guerra irregular, ellos no se preparan para un enfrentamiento con los guerrilleros, sino contra la población civil, que es la que está sufriendo todas las consecuencias. El problema que estamos observando es el ataque, no sólo en Chiapas, también en Guerrero y Oaxaca, contra las comunidades civiles que están fuera del conflicto. No es contra un grupo armado en particular, no es el EZLN, el EPR o el ERPI, sino que es contra cualquier ciudadanía que pudiera servir de cobertura a estos organismos armados. A nosotros, como grupo de defensa de derechos humanos nos ven como parte de esta cobertura de grupos armados, como parte del conflicto, y por eso tratan de atacar nuestro trabajo. Hay una situación de descomposición, de incertidumbre en cuanto hay vacíos de poder, y una creciente participación de miembros de las fuerzas armadas en tareas de civiles, de seguridad pública, de investigación policiaca, de detención; es inconstitucional, ellos no están capacitados legalmente para hacerlo. Otro problema de este último año es que ha habido un cambio muy fuerte de las leyes restringiendo los derechos humanos; las garantías individuales están siendo limitadas y el argumento es la lucha contra el crimen organizado.
Hay un endurecimiento de la ley y un cambio del marco jurídico. De un año para acá, muchas cosas antes ilegales son hoy legales. Según nosotros, como los funcionarios públicos no han podido adaptar su comportamiento a la ley, lo que hicieron fue adaptar la ley a su conducta. Esto hace que desde el punto de vista jurídico nosotros tengamos muchas limitaciones para la defensa de prisioneros de conciencia y políticos. De esto se ocupó Digna, por eso la han atacado, incluso intentaron asesinarla. Esta lógica de contrainsurgencia que está imperando nos muestra signos de una guerra sucia en la que los organismos civiles somos parte de lo que es considerado enemigo.
Digna: Esto ha sido algo estratégico y diseñado por el gobierno, tomando en cuenta que la mayoría del congreso es del partido oficial, entonces han ido haciendo todas las reformas para crear las condiciones que impidan que ellos puedan ser denunciados por grupos de derechos humanos. Han ido endureciendo las leyes, restringiendo derechos, van preparando un escenario que los grupos de derechos humanos vamos a denunciar; las detenciones, las torturas, las incursiones, todos estos hechos violatorios claramente de derechos humanos están transformando todo el marco jurídico, desde la Constitución, el amparo, los códigos penales.
Rafael: También está la tendencia a criminalizar la disidencia política. Personas que se han salido del partido oficial, o misioneros extranjeros en zonas indígenas, periodistas... son tratados como delincuentes. Esto nos habla de un escenario en donde los focos más vulnerables son las organizaciones campesinas e indígenas en zonas rurales, y es una violencia que se ha venido extendiendo no solamente en el sureste, sino también en otras zonas del país.
CCIODH: ¿Podrías dar la opinión del Centro acerca de la carta de Diódoro Carrasco del mes de septiembre?
Rafael: En esa carta abierta Diódoro Carrasco da respuesta en su mayoría a los puntos que planteaba el EZLN hace tres años cuando se retiró del diálogo. Para nosotros es una maniobra para dar una imagen de cierta apertura y poner del lado del EZLN la iniciativa diciendo: nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, aunque responde a los puntos que el EZLN propuso en ese momento, las condiciones han cambiado mucho en tres años. Por ejemplo, en Chiapas ya no existe lo que se llamaban zonas grises, se han militarizado las comunidades, se ha provocado el desplazamiento de miles de personas. En estas condiciones, responder tres años después a esas peticiones no corresponde a un sentimiento de apertura, de voluntad política. Por ejemplo, un punto esencial que no se toca en la carta es el retiro de militares que están cubriendo las poblaciones civiles. Según la Constitución, ellos tienen prohibido en tiempos de paz avanzar sobre las comunidades, y es lo que están haciendo. Los retenes, los registros, los cateos dentro de las casas, los interrogatorios ilegales, los vuelos rasantes de helicópteros... Esta situación de temor en que tienen a la población es un escenario de guerra, pero una guerra no declarada. Hay gente del ejército que quisiera que se declarara un estado de sitio, para que lo que hacen sea legal. Por el momento, ellos están violando todos los días la Constitución. Por eso decimos que se trata de una guerra no declarada, con enfrentamientos y muertos, pero quieren quitarle el carácter político diciendo que son problemas internos de las comunidades, cuando en realidad es una guerra que se ha estado propiciando a través de los grupos paramilitares, a través del acoso a las comunidades, de la provocación, de los desplazamientos masivos, de la detención de mucha gente inocente acusada de delitos comunes, así van creando una división en las comunidades, siendo la misma presencia militar la que está aumentando el alcoholismo, la prostitución, el tráfico de armas, los conflictos internos, la incertidumbre de los campesinos que no pueden salir a trabajar, porque se han dado casos en que mientras ellos trabajan violan a sus mujeres, así que la presencia del ejército es una amenaza constante, y es parte de la guerra que se está viviendo en Chiapas. Para el exterior el gobierno niega que exista una guerra en México, dicen que es una guerra de tinta y de internet. Pero hay víctimas cotidianamente y de un solo lado. Detrás de esta guerra hay una lógica contrainsurgente propia de las dictaduras militares de América del Sur y de la guerra que se dio en Centroamérica. Esta situación la está sufriendo la población civil, las mujeres, los ancianos, los niños; ya casi no quedan hombres, éstos son perseguidos por sospechosos.
Digna: La gente tiene miedo de plantear denuncias, y aparte las autoridades civiles se niegan a recibirlas. Si la denuncia llega es turnada al ministerio jurídico militar, cuando son ellos los responsables de las violaciones. Por todo esto ninguna averiguación hasta el momento ha prosperado. El mismo ministerio militar dice que no hay elementos suficientes. Lógico, ellos no van a evidenciar las violaciones de su propio personal, y así no va a prosperar ninguna denuncia. Esto ocurre en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, son los militares los responsables de hechos violatorios y se quedan en total impunidad.
CCIODH: ¿Cuál es la actividad concreta de las asociaciones oficiales de derechos humanos?
Digna: Hay una Comisión Estatal de Derechos Humanos, desgraciadamente no tiene ninguna independencia. Responde más que nada a intereses políticos, tienen muchas restricciones y se dedicaron a defender algunas garantías individuales más que los derechos humanos en general. Su participación es muy pobre y poco comprometida, de hecho hasta ahora no tenemos recomendaciones de la CNDH con relación a acciones del ejército, a violaciones de derechos humanos del ejército en Chiapas. Tenemos algunos casos aislados, como el de El Bosque, pero donde no se ve clara la responsabilidad del ejército; responden a los intereses creados del mismo gobierno.
Rafael: En el caso del ejército, según la ley, la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos deben guardar confidencialidad de las denuncias, y la gente que acude a ellos se cree que esto les va a proteger de próximas agresiones. Pero lo que ha hecho la CNDH ha sido pasar el expediente, tal cual, al ejército. De esta manera las personas que hacen la denuncia no tienen ninguna protección.
Esto rompe con la confidencialidad que es una obligación de la CNDH. La CNDH está siendo cómplice y encubriendo al ejército, avisándole de qué le están acusando. Ha habido casos en que la persona que acusa a un miembro del ejército después es convocada por un tribunal militar; esto no es legal, y lo hacen como medida de presión para que la gente desista. Digna asistió el caso de unas mujeres que pusieron una denuncia contra miembros del ejército por violación sexual.
Digna: Este grupo de mujeres documentó varios casos de violaciones de derechos humanos con mujeres en Chiapas. Cuando, después de un año de haber presentado la queja, la CNDH empieza a citar a las mujeres, los mismos miembros de esta CNDH exigen el nombre del violador, el número de matrícula, a qué batallón pertenece; aquí se ve que se están encubriendo unos a otros, entonces, si los que pretenden defender los derechos humanos tienen esta actitud, qué se puede esperar de los mismos cuerpos policiacos. Esta queja lleva ya dos años y no ha prosperado. Cualquiera sabe que un violador no se identifica. Por supuesto que esta queja no ha prosperado. Aquí se ve clara la complicidad y el encubrimiento que practica esta CNDH sobre todo con los militares; la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido un sector que el gobierno ha tratado de mantener intocable.
Recientemente el mismo nuevo presidente de la CNDH declaraba que no va a haber intocables; aquí está reconociendo que sí los ha habido, y nosotros llevamos mucho tiempo denunciándolo. Por parte de esta CNDH ha faltado realmente la voluntad de investigar y hacer recomendaciones a la Secretaría General de la Defensa, reconociendo las violaciones de los derechos humanos.
Algo que molestó mucho a los militares fue la defensa que efectuó el Centro de algunos miembros de las fuerzas armadas. Esto fue en diciembre pasado, cuando un comando patriótico exigió el respeto a sus propios derechos humanos y laborales. El ejército trata de eliminar a este grupo disidente de la Secretaría, deteniendo, incomunicando, torturando psicológicamente a sus miembros. Nosotros interponemos los amparos. Nadie podía verlos, ni sus abogados, ni sus familiares. Salimos en defensa de estos militares. Esto causa molestia en la misma Secretaría. Exigimos a la CNDH intervenir en esto, porque a nosotros no nos reconocen personalidad -el mismo procurador militar dice que lo único que ellos reconocen es la CNDH-; queremos aprovechar este reconocimiento aparente de los militares, pero ésta se niega a asumir su papel. Cuando nosotros exigimos que vayan a verificar el estado real en que se encuentran estos militares, los de la CNDH nos dicen: es que no nos han permitido entrar a ver a los presos. Nosotros les pedimos que insistan, porque es su obligación aceptar, y la obligación suya es verificar el estado de estas personas.
Tuvimos más casos; asumimos la defensa de un ex militar, que como la Secretaría de Defensa no le pudo fincar estos delitos y juzgarlo en procesos militares porque había sido dado de baja antes del surgimiento del Comando Patriótico, trata de fincarle otros delitos como violación a derechos de autor, revelación de secretos y lo que resulte. Nosotros asumimos la defensa de este ex militar, diciendo que no se tipifican los delitos por los cuales está siendo procesado. La Secretaría de la Defensa lo acusa de revelar un manual de guerra irregular. Primero, para que se tipifique el delito debería de haber sido confidencial. El documento dice que es confidencial pero antes de que esta persona haga una crítica a un artículo de ese manual, este manual ya estaba en un medio de comunicación. Segundo, nunca hizo una publicación literal de un artículo, siempre reconoció la autoría de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, no se tipificaba el delito. Cuando acudimos a la audiencia pedimos que comparezca el secretario de la Defensa Nacional, el director de la Escuela Superior de Guerra y altos mandos del ejército para demostrar que ese manual es de ellos y que lo dan a todos sus estudiantes. Primero hay una negación y una reticencia por parte de la Procuraduría General de la República a aceptar esas peticiones. Tratan de persuadirme: "Mire, eso no lo pida, no le conviene". Para que el juicio no prosperara, por la insistencia para que comparecieran altos mandos del ejército, consiguieron cerrar la averiguación previa. Esto cuando están en riesgo sus propios intereses y se trata de evidenciar las irregularidades y las responsabilidades, porque ese manual habla de la creación y aprovechamiento de los grupos paramilitares. Nosotros decimos que los grupos paramilitares han tenido el apoyo de diferentes cuerpos policiacos del estado, de otros en el ámbito federal y, sobre todo, del ejército. La Secretaría de la Defensa consigue cerrar el caso para evitar verse involucrada.
Tenemos otros casos donde los mismos militares se niegan a aceptarnos las denuncias. El ejército se niega a que tengamos acceso a sus instalaciones, a entrar a una agencia del ministerio público militar, a recibirnos los documentos, a acordarnos las peticiones que hemos hecho, es decir, obstaculizan todo lo que indique alguna responsabilidad de los militares con hechos en relación con los derechos humanos. Este tipo de acciones y, sobre todo, la insistencia y exigencia por parte del Centro hacia la Secretaría de la Defensa, ha sido uno de los elementos de bastante peso para que ellos se sientan atacados, ya que les estamos tocando intereses, que hasta este momento eran intocables.
CCIODH: ¿Nos pueden hablar del tema de las expulsiones?, parece que ha habido incluso casos donde se declaró su expulsión no procedente.
Rafael: Ha habido un viraje dramático en la política exterior de México. México era considerado como un país de refugio y de asilo político, que promovía la autodeterminación de los pueblos, la no intervención. Desde el exilio de la guerra civil española, luego vinieron los refugiados chilenos, los argentinos, los centroamericanos... Pero en los últimos años, después del conflicto en Chiapas, hay un doble estándar para los extranjeros en México: aquellos que vienen como financieros, inversionistas, especuladores de la banca, éstos son bienvenidos; pero los que vienen como periodistas, como misioneros, como observadores de derechos humanos, o miembros de organismos humanitarios, éstos son vistos como sospechosos y tratados como delincuentes. Ha habido un cambio en la legislación y un viraje en la política para criminalizar a extranjeros vinculados a grupos de la sociedad civil y para impedir su trabajo. Ahora han inventado una nueva forma migratoria, la FM3, para los observadores de derechos humanos. Su objetivo político es obstaculizar el trabajo de los defensores de derechos humanos.
Llevamos el caso de doce compañeros detenidos el 12 de abril y expulsados casi de inmediato el año pasado, incluso con una orden de suspensión provisional de la expulsión dictada por una juez. La policía migratoria, desobedeciendo esa orden judicial, ejecutó la expulsión, con el aval de las embajadas de los respectivos países. Aquí pudimos demostrar la ilegalidad con que ellos proceden. Está también el caso de Tom Hansen.
Digna: Durante este proceso, una de las pruebas que nosotros ofrecemos ante el tribunal es la ilegalidad en que se basa la autoridad migratoria para la expulsión. El fundamento es una circular, a la que se le está dando mayor importancia que a la Constitución. Declaramos el acto inconstitucional. Primero, están violando un amparo concedido por una juez; segundo, porque no se puede anteponer una circular a un artículo de la Constitución. Luego nos conceden una inspección ocular en las oficinas de Gobernación. Esto era inaudito. Cuando fuimos allí no nos dejaron entrar. Luego argumentaron que nosotros no estuvimos presentes, pues no nos dijeron el lugar exacto donde esto se llevaría a cabo y estuvimos esperando en otra sala. Al final el magistrado que lleva la causa nos niega el amparo.
El caso de Tom Hansen lo llevó una abogada amiga, Bárbara Zamora. Ella gana el amparo pero Gobernación dicta una nueva orden de expulsión. Los magistrados se quedan tranquilos y aceptan esta nueva orden. El proceso ha durado más de un año. Lo que quiere Gobernación es que la gente se canse y abandone, porque están proponiendo reanudar este proceso que ya ha durado más de un año; dentro de un año y medio tendríamos la misma resolución y luego podrían dictar una nueva orden de aprehensión. Aquí vemos que el poder ejecutivo está por encima de una resolución judicial y no debería permitirse esto. La defensa va a interponer un recurso jurídico. Desgraciadamente no hay una verdadera independencia de poderes, hay supeditación del judicial al ejecutivo.
CCIODH: ¿Conocen ustedes la cantidad de militares presentes en Chiapas?
Rafael: En México hay tres temas que no se pueden tocar: el presidente, el ejército y la virgen de Guadalupe. Incluso diputados y senadores han preguntado al ejército cuántos militares hay en Chiapas, y no lo han querido decir. Esta situación es muy grave porque nos habla de la supeditación del poder legislativo al poder ejecutivo. No se sabe, pero nosotros calculamos 60 mil, por lo menos. Están en movimiento permanentemente. Hay gente de Chiapas que ha estado estudiando en la Escuela de las Américas, en Estados Unidos, los hay que después de estar un tiempo en Chiapas se han movido a Guerrero o a Oaxaca, también hay militares bilingües, que conocen la región y la lengua de los habitantes. En el ejército hablan de guerra de movimientos y guerra de posiciones. Nos preocupa mucho que la cooperación con el ejército de Estados Unidos está avanzando muy rápidamente, sin pasar por los congresos respectivos. Desde hace muchos años conocemos la iniciativa de Estados Unidos de crear una sola fuerza armada para toda la región, y esta cooperación en la lucha contra las drogas y en la lucha contrainsurgente está avanzando en equipo, armamento, entrenamiento, trabajo ideológico. En la historia de México y de América Latina el ejército de Estados Unidos ha sido la principal amenaza contra la soberanía nacional. Este cambio de papeles nos preocupa mucho.
En cuanto a los desplazados, unos días antes de la masacre de Acteal -eso fue el 22 de diciembre-, el 8 y el 15 de diciembre, por parte de la red se tuvo entrevistas con el gobernador de Chiapas y con el procurador. Ambos negaron la existencia de grupos paramilitares. El procurador decía que sí existían pero como eran clandestinos no sabían dónde estaban. Y el gobernador de plano decía que no existían. Nosotros les advertimos que podía ser peligroso porque podían provocar una gran violencia. La existencia de grupos paramilitares ha sido un tema muy polémico; el gobierno ha aceptado que existen grupos civiles armados, pero dice que son de diferente signo, del partido oficial y de la oposición. Él quiere justificar la violencia como un conflicto intercomunitario. Después de la masacre de Acteal y de la toma del ejército de muchas comunidades, ha habido miles de desplazados; simplemente en Polhó contamos unos ocho mil que, "voluntariamente", han salido de sus comunidades. Eso ha provocado un problema de miseria, de hambre, de enfermedad, de muerte para miles de indígenas en Chiapas. Algunos miembros de organismos civiles como Servicio Paz y Justicia hablan de una guerra de exterminio étnico, por las condiciones de estos desplazamientos. Algunos de estos desplazamientos tienen una orientación provisional, otros son más definitivos. Hablando con Lourdes Toussaint, de Caritas de San Cristóbal, ella me contaba su preocupación: decía que durante un tiempo podían tener alimento ¿pero después? La presencia del ejército y de los grupos paramilitares ha alterado los ciclos de cultivo, ha arrasado los cafetales que tardan años en dar fruto; son miles de personas sin trabajo, sin alimento, y muchas veces la ayuda asistencial del gobierno se utiliza para dividir a las comunidades.
El ejército es la principal institución que lleva alimento a estas regiones. Las comunidades se dividen porque mucha gente no quiere ayuda del ejército, otros la aceptan porque es la única forma de obtener alimentos. Se trata de darle una imagen al ejército como que son los que llevan el bienestar a la comunidad.
Digna: Con respecto a los retenes, cuando les interesa que no se hagan ver, desaparecen inmediatamente. Por otro lado cabe señalar todo el daño que han causado: las expulsiones, los robos de las pocas pertenencias. Hay comunidades completamente arrasadas y desaparecidas. El ejército destruye sus casas miserables, luego instala sus campamentos. Si uno llega no se puede imaginar que allí hubo una comunidad y es muy difícil tener un registro de cuántas personas vivían allí. Otra manera de dividir ha sido el apoyo a personas claramente identificadas como miembros o simpatizantes del partido oficial. Llegan con apoyos de láminas, agua, alimentos. Se le da mayor cantidad a unas personas que a otras y eso va creando conflictos. Así el gobierno puede decir que los problemas son internos como ocurrió en el caso de Acteal: ellos dijeron que se trataba de problemas internos. Ellos están tratando de provocar este conflicto organizando a los grupos paramilitares.
El caso de los desplazados es una situación desesperante. Para la gente es difícil hacer una denuncia: muchas denuncias no son admitidas o ellos no tienen libertad de tránsito. Las comunidades están en total desamparo, lo único que pueden hacer para salvar su vida es irse al monte; es muy difícil luego obtener los testimonios de estos desplazados. Hay muchas comunidades, y sobre todo pequeñas comunidades, que simplemente desaparecen, y no tenemos más rastro de ellas.
CCIODH: ¿Nos pueden hablar del papel de la Cruz Roja mexicana? ¿Cuántos miembros tiene el ejército mexicano en su globalidad y el papel del ejército en construcción de carreteras? ¿Qué está pasando en la comunidad de Amador Hernández?
Rafael: La Cruz Roja mexicana ha cumplido un papel muy subordinado a los intereses políticos del gobierno. La neutralidad que debe tener la Cruz Roja ha sido bastante manipulada por una cuestión de imagen. Por ejemplo, la Cruz Roja internacional, que para nosotros es mucho más confiable, ha tenido muchas más dificultades para actuar en la región. Ha sido presionada de muchas maneras para salir; está volviendo los últimos meses al terreno. Creemos que es muy importante la presencia de la Cruz Roja internacional, y de la Cruz Roja mexicana tenemos bastantes dudas sobre su imparcialidad -ha habido muchos escándalos, malversación de fondos por colectas públicas- y también sobre la presunta imparcialidad en su trabajo, y lo que obtiene la Cruz Roja como ayuda humanitaria lo distribuye a través del ejército; así ya no es imparcial, sobre todo en una situación de guerra.
La gente del gobierno les dirá que en Chiapas se ha invertido mucho dinero en gasto social y en infraestructura. Eso es cierto, pero toda la infraestructura que se ha creado en Chiapas, sobre todo en carreteras, ha sido parte de una estrategia militar de ocupación, para que en dos horas máximo se pueda llegar a cualquier comunidad indígena y así tener el control de éstas. El caso de Amador es muy grave porque lo que ellos trataban de hacer a través de esta carretera era poder llegar a la retaguardia estratégica del EZLN y hacer, como dice Clinton, una operación quirúrgica.
Donde se rodea una región se dice que han muerto quince; pudieron ser cinco mil y nadie se va a enterar. Esto sí, el plan de obras públicas tiene una finalidad políticomilitar: poder transportar helicópteros, tanques y armamento en el menor tiempo posible. Y para eso crean la infraestructura. También para dividir a las comunidades a través de las carreteras, para crear conflictos. Y, con relación a las elecciones del año que viene, está el proyecto de remunicipalización, de crear nuevos municipios en las regiones donde la mayoría esté a favor del partido oficial frente a otro que sea de oposición, y así poder generar enfrentamientos entre ellos. Ha habido un gasto público muy importante, ha habido incluso fondos del Banco Mundial que han venido a dar a los grupos paramilitares, con la cobertura de ONG de desarrollo. Estos recursos han servido a los grupos paramilitares para comprar armas y sí se habla de una gran inversión en infraestructura, que es cierta, y que no es en absoluto la voluntad de las comunidades; no se ha escuchado la voluntad de la comunidad, sino que se trata de una decisión autoritaria, unilateral, y que en muchos casos se hace en contra de la voluntad de las mismas comunidades. En el caso de Amador fue muy claro: era el ejército el que protegía a la compañía constructora. Los indígenas preguntaban ¿por qué están ustedes aquí? "Porque lo pidió la compañía constructora." ¿Y desde cuándo el ejército obedece a una compañía privada? Ahí se ve la complicidad entre la constructora, el ejército y el gobierno federal dentro de este plan contrainsurgente. Con respecto a la pregunta del número de soldados en Chiapas, actualmente no tenemos un dato exacto, pero se calcula que dos terceras partes del ejército mexicano están en Chiapas.
Digna: Hemos estado bastante atentos a los observadores extranjeros en el caso de que fueran citados, aconsejándoles qué es lo que debían hacer. Porque se van creando precedentes, estamos acumulando elementos para poder intervenir jurídicamente en un momento dado. Estamos recomendando la interposición de los amparos en el caso de que sean citados porque a veces les piden abandonar el país en poco tiempo.
Lo que ustedes saquen como informe, como denuncias, eso ya es un gran apoyo para la situación de la defensa de las comunidades. Al gobierno mexicano no le importa lo que digamos los mexicanos dentro de nuestro territorio, lo que más le duele es lo que se dice fuera de nuestras fronteras. El hecho de poder hacer una documentación, una difusión de la situación real, eso puede ayudar mucho a tratar de dar alguna solución a la problemática que estamos viviendo. Por otra parte, si ustedes pueden acudir a sus respectivos gobiernos para informarles lo que vieron aquí, eso es muy importante.
CCIODH: No han hablado de presos políticos, ¿los hay?
Digna: Sí, sobre todo últimamente ha ido acrecentándose el número de presos. Últimamente ha surgido todo esto de la fabricación de delitos y la fabricación de culpables. Cuando un grupo comienza a fortalecerse y empieza a destacar algún líder, lo que hace el gobierno es encontrarle algún delito como narcotráfico, o portación de armas, o rebelión. Luego el primer recurso es la aplicación de tortura, para obligar a la persona a firmar declaraciones autoinculpatorias, o inculpatorias hacia otros. Con base en estas primeras declaraciones trata de fundamentarse todo un proceso irregular, a veces dictando sentencias bastante altas. A este tipo de reclusos tratan de encerrarlos en reclusorios de alta seguridad, de muy difícil acceso. Así están violando el derecho de defensa, el de un debido proceso, y más aún violando los derechos de una persona, como los de los defensores o familiares. Para poder entrar a algunos reclusorios federales piden que se desnude el abogado o la abogada, sobre todo si son miembros de organizaciones de derechos humanos. Lo que se pretende es obstaculizar el trabajo de la defensa vinculando al abogado con las causas, hecho totalmente ilegal. Son pocos los abogados que se involucran en este tipo de defensas porque saben que el riesgo político, el de su integridad y de su vida privada son grandes. Por un lado la vida de los abogados que llevan la defensa de los presos políticos es difícil, por otro, la vida que llevan los presos políticos es bastante opresiva, para ellos y para sus familiares. Hay un distanciamiento de todo el mundo hacia ellos.
Se va acrecentando este tipo de presos independientemente que el gobierno no los reconozca como tales al vincularlos simplemente con grupos guerrilleros. Tratan de desacreditar el trabajo de defensa o de liderazgo que se lleva en una determinada organización. Ahora tenemos el caso del líder de un grupo campesino de Guerrero que se organizó contra una tala inmoderada de bosques desde hace como cuatro años, integrando una asociación ecologista. Allí estaban algunos caciques, el gobernador, diferentes autoridades, una empresa americana de tráfico de madera; entonces empieza la tala inmoderada del bosque que afecta directamente a las comunidades: algunos arroyos empiezan a desaparecer, las mujeres protestan porque tienen que ir a lavar más lejos y los líderes empiezan a denunciar y a concientizar a la gente. Lo que hace el gobierno es pedir que les siembren armas y drogas, luego los acusan de pertenecer al EPR, les ponen propaganda de partidos políticos de oposición y finalmente los encarcelan. Y como se trata de un preso político, el poder judicial empieza a obstaculizar el trabajo de la defensa. Ofrecemos pruebas que creemos procedentes y que están fundamentadas en los códigos y lo que hace el juez es rechazarnos todo. En la primera declaración que logramos tener de comparecencia de los militares, porque son los militares quienes efectúan la detención de estas personas, hacen un allanamiento en la comunidad, los torturan, los tienen incomunicados, los llevan a un campo militar por siete días, entonces pedimos interrogar a los militares. Durante el interrogatorio logramos que se evidencie la participación de los militares en las detenciones ilegales, los cateos ilegales, la detención prolongada, las torturas y, sobre todo, que fueron militares quienes los obligan a firmar, quienes ponen abogados defensores, personas de la confianza de los militares y no de los detenidos. Todo esto se evidencia en una primera audiencia, luego nosotros ofrecemos más pruebas de que los militares intentan legalizar sus acciones violatorias. Cuando pedimos que estas personas comparezcan, el juez lo que hace es desechar todo sin ningún fundamento jurídico. Así es como tratan de obstaculizar la defensa directa de un líder y de un preso político. En este caso hay un gran interés de asociaciones ecologistas que denuncian todas las irregularidades. Este tipo de presos está limitado en todos los aspectos: les han fabricado los delitos, amenazan a la gente que va a comparecer como testigos de descargo -tienen miedo de bajar (son doce horas de viaje hasta la comunidad donde encuentran un transporte)-; ellos temen por su vida y por la de su familia, así que no comparecen a las audiencias.
CCIODH: ¿Nos puedes contar lo que te pasó a ti? ¿Quién te molestó?
Digna: ¡Ya quisiera yo saber quién me molestó! Por el tipo de personas nosotros decimos: o inteligencia militar, la policía federal preventiva, la PGR o el CISEN. Probablemente uno de estos grupos, primero, porque tienen toda una infraestructura, son profesionales.
Y está la gradualidad de las agresiones: el 9 de agosto me asaltan y me tienen secuestrada cuatro horas. Quise verlo como un delito común, y yo no tenía ningún elemento para identificar a las personas. Pero a partir del 3 de agosto nos llegan unas amenazas por el correo ordinario, venía una muy directa hacia el director del Centro y otra hacia mí, venía con ella una tarjeta que me habían robado el 9 de agosto; venía una tarjeta con una cruz como la de las esquelas. Aquí se ve la vinculación y lo denunciamos como tal. El 9 de septiembre vuelven a llegar otras amenazas que vienen en sobres pero ya estaban depositadas dentro de nuestras instalaciones, bajo unas macetas, esto quiere decir que las personas que nos amenazan tienen acceso a nuestras instalaciones. El 14 de septiembre llegan otras amenazas que son depositadas en el cajón de la recepcionista. Nos empiezan a cortar la luz, empieza a fallarnos el teléfono, tenemos problemas con las computadoras, con el correo electrónico, hay llamadas a diferentes domicilios de compañeros, nosotros seguimos con nuestro trabajo. Luego llegan otras amenazas. El 5 de septiembre, estando yo en mi domicilio, encuentro mi credencial de elector con mi domicilio anterior. Y el 9 de octubre llega una amenaza de bomba dentro del área jurídica. El 14 de octubre aparecen ejecutados dos de los policías encargados de proteger el Centro. Curiosamente las amenazas nos llegan coincidiendo con el regreso de viajes a Guerrero. El 28 de octubre cuando llego a mi casa, a eso de las ocho y media de la noche, sentí algo raro. Revisé la casa, no vi nada, y a eso de las diez de la noche un tipo me cubre la boca con algo, pierdo el conocimiento inmediatamente y rápido me somete. Cuando yo reacciono estaba dentro de mi casa, amarrada y con los ojos vendados. Así me tienen durante nueve horas, interrogándome, preguntándome dónde trabajo, qué hace el Centro, cuántas áreas hay, cuántos miembros hay en cada área, qué hace cada persona, con quién vive, si tiene hijos, si tiene armas, dónde las tiene, dónde aprendimos a manejar armas. Luego me leen una lista de nombres para ver si los conozco, cuáles son los contactos con el EZLN, con el EPR, o con los del ERPI. Luego me dan fotos de campesinos para que los identifique, y yo no conocía a nadie. Finalmente, a eso de las 7:30 de la mañana me cambian de cuarto, me llevan a la recámara, me amarran los pies y las manos. En mi casa tengo tres tanques de gas de veinte kilogramos y abren el gas. Me cierran la puerta. No creo que me quisieran matar porque pude desatar mis manos, no estaban bien amarradas. Luego apago el tanque, abro la puerta e intento llamar por teléfono. El cable del teléfono de la casa estaba cortado, entonces utilizo el celular y advierto al Centro. Algunos vinieron a mi casa muy rápido. Luego llegan los judiciales y lo revisaron todo.
Yo pienso que podría ser inteligencia militar por varias razones, entre ellas, porque en los últimos tiempos hemos estado insistiendo en la integración de averiguaciones para que se les finque la responsabilidad de los hechos que han estado cometiendo. Presumo que pudiese venir de allí. Desgraciadamente no tenemos ninguna prueba que dé un indicio claro para poder señalarlo abiertamente. Esto nos limita muchísimo. Nosotros decimos que a quien le toca investigar es a la autoridad, nosotros no tenemos la capacidad de llevar una investigación. Aunque diversas autoridades, como la PGR, han dicho "mi gente no es", cuando sabemos que no tienen un control real de toda la gente, cuando vemos que están involucrados en muchos hechos delictivos, de delitos comunes y de delincuencia organizada, donde están participando diversos cuerpos policiacos. Gobernación también ha dicho "mi gente no es". Ninguno va a reconocer que es "su gente". Sería muy ingenuo pensar que, por ejemplo, Gobernación diga que es la policía federal preventiva. O sea que aunque lo llegaran a saber no lo van a reconocer, porque esto sería evidenciarse claramente, sobre todo cuando están teniendo una presión muy fuerte por todos los medios, pidiendo el esclarecimiento de los hechos. Tenemos la esperanza de que un día esto llegue a clarificarse, sobre todo para fincarle la responsabilidad a los actores de estos hechos.
CCIODH: ¿Tienen conocimiento de otros hechos similares contra otros defensores de derechos humanos?
Digna: Ha habido diferentes casos y se han manejado diferentes técnicas. El 28 fue allanado el Centro. Cuando llegan los compañeros el 29 lo encuentran abierto y todos los escritorios del área jurídica fueron revueltos. La misma noche del 28 de octubre fue allanada mi casa, fui interrogada y fue allanado el Centro. Dejaron un mensaje claro sobre uno de los escritorios que decía: "Poder suicida", que es una frase que está en una de las amenazas. Hay diferentes compañeros que trabajan en diferentes asociaciones de derechos humanos, por ejemplo de Guerrero, que son amenazados; es como que las amenazas obedecen a un patrón, o por teléfono, o por escrito, o directamente, o a través de personas desconocidas; la detención sin justificación tratando de generar intimidación por parte de los militares... Tenemos casos en Platchinola, en el estado de Guerrero, o de los compañeros de Tepeyac, en Oaxaca, tenemos el caso de Consuelo, de Monterrey, compañeros que por estar denunciando hechos concretos empiezan a ser amenazados. Decimos pues que el hecho de las amenazas al Centro no es aislado sino que se suma a esta campaña de desprestigio, de amenazas, de intimidación por parte del mismo gobierno, sobre todo a los grupos que tratan de responder ante hechos graves de violaciones de derechos humanos. A nosotros nos preocupa que esto se vaya acrecentando.
CCIODH: ¿Podrían tener problemas ciudadanas mexicanas que vivan en Suiza para regresar si ellas muestran su opinión sobre estos hechos?
Digna: Normalmente no deberían tener problemas. No habría problema para regresar al país ya que son ciudadanas mexicanas. Todo este trabajo de difusión, de denuncia, aquí como en el extranjero ha sido de gran peso, y también ha servido de cobertura para nosotros.
CCIODH: ¿Qué piensan ustedes de los acuerdos con la Unión Europea y de la cláusula democrática?
Rafael: El gobierno de México es muy sensible a su imagen pública y su prioridad son los acuerdos comerciales. Nosotros tenemos muchas dificultades para establecer una interlocución: hacemos informes sobre la situación de los derechos humanos y nunca nos contestan, pero cuando se hacen a través de los organismos gubernamentales de otros países se contestan inmediatamente, de manera distorsionada o con equivocaciones pero siempre se contestan y se contestan pronto. Por eso nosotros decimos que el presidente Zedillo entiende más cuando se le habla en inglés que cuando se le habla en español. Viendo el aspecto positivo de la globalización, gracias a la globalización de la justicia y de los derechos humanos podemos encontrar colegas en otros países; en el ámbito de grupos de derechos humanos, de organizaciones sociales, existe un acercamiento. En este sentido el tema de Chiapas está en la agenda oficial de muchos gobiernos. Para nosotros esto representa la posibilidad de transitar a un régimen democrático por la vía pacífica, eso es lo que está en juego: o un escenario de violencia, o un tránsito pacífico hacia un régimen democrático.
Notas:
Esta entrevista forma parte de un expediente mucho más amplio elaborado por la CCIODH y que se encuentra en la página del Comité de Solidaridad con Chiapas de Barcelona. La entrevista ha sido ligeramente editada [N. de E.].
Revista Chiapas
http://www.ezln.org/revistachiapas
http://membres.lycos.fr/revistachiapas/
http://www33.brinkster.com/revistachiapasChiapas 12
2001 (México: ERA-IIEc)
