Chiapas
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Ana Esther Ceceña
¿Biopiratería o desarrollo sustentable?
Presentación
Colectivo Neosaurios,
La rebelión de la historia
María Jaidopulu Vrijea,
Las mujeres indígenas como sujetos políticos
Elizabeth Pólito Barrios Morfín,
El capital nacional y extranjero en Chiapas
Edur Velasco Arregui,
Cuestión indígena y nación: la rebelión zapatista desde una perspectiva andina
João Pedro Stédile,
Latifundio: el pecado agrario brasileño
Adriana López Monjardin,
Los nuevos zapatistas y la lucha por la tierra
Luis Hernández Navarro,
Zapatismo: la interacción del color
PARA EL ARCHIVO
Ricardo Robles,
Los derechos colectivos de los pueblos indios. Otra manera de ver los derechos humanos desde las sociedades comunitarias
Ana Esther Ceceña,
¿Biopiratería o desarrollo sustentable?
Primer Encuentro de Movimientos Alternativos de América Latina
Declaración Final del II Encuentro Americano por la Humanidad y contra el Neoliberalismo
Raúl Ornelas Bernal,
Un mundo nos espía. El escándalo ECHELON
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De acuerdo con la información proporcionada por la Rural Advancement Foundation International (RAFI), fundación mundialmente reconocida por su lucha en contra de las semillas transgénicas, Chiapas es sede de un proyecto de bioprospección en el que está involucrado el gobierno de Estados Unidos, a través del International Cooperative Biodiversity Group (ICBG).
El ICBG es un consorcio de agencias federales que incluye a los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencia y el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Otorga donaciones a instituciones de investigación públicas y comerciales que realizan programas de bioprospección/biopiratería, en países del Sur.[1]
De conformidad con la información proporcionada por la RAFI, el ICBG opera desde 1993 apoyando investigaciones sobre bioprospección en diferentes lugares del mundo. Hasta ahora, se conocen sus actividades en doce países, preferentemente en áreas tropicales aunque trabajan también zonas áridas y semiáridas. Todos los países involucrados se ubican en el llamado Tercer Mundo y marcadamente en regiones pertenecientes al cinturón terrestre. En total los financiamientos ascienden a 18.5 millones de dólares, y han auspiciado investigaciones en siete países de América Latina (México, Perú, Chile, Suriname, Argentina, Panamá y Costa Rica), tres africanos (Madagascar, Nigeria y Camerún) y dos asiáticos (Vietnam y Laos).
Entre los beneficiarios de estas investigaciones no parecen estar ni las poblaciones locales ni los países que las albergan, sino algunas de las mayores transnacionales de la farmacéutica mundial y de la ingeniería genética, entre las que destacan Glaxo-Wellcome, Bristol Myers Squibb, Shaman Pharmaceuticals, Dow Elanco Agrosciences, Wyeth-Ayerst, American Cyanamid y Monsanto, varias de ellas denunciadas por grupos indígenas de la Amazonia o por organizaciones internacionales como la RAFI, sea por biopiratería, sea por difusión de transgénicos como Terminator, con todas las repercusiones económicas, sociales, biológicas y culturales que esto tiene.
No deja de participar, entre los beneficiarios, Conservación Internacional. Esta ONG, que ha recibido parte de los donativos del ICBG y que ha sido muy mencionada por sus actividades en la región de Marqués de Comillas en Chiapas, trabaja en asociación con las empresas mencionadas y por su propia iniciativa.
El proyecto ICBG-Maya tendrá una duración total de cinco años, y se encuentra actualmente en el segundo. La dirección "está a cargo de la Universidad de Georgia, en cooperación con El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) de México y la empresa biotecnológica Molecular Nature Limited, con base en Gales, Reino Unido".[2]
El financiamiento otorgado por el gobierno de Estados Unidos asciende a 2.5 millones de dólares que amparan, entre otras cosas, la construcción de un banco genético único en el mundo asentado en la Universidad de Georgia. Los usos de las especies recolectadas son evidentemente múltiples y sus potencialidades van desde la identificación de nuevas drogas y la búsqueda de aplicaciones industriales de los individuos recolectados, hasta la identificación de sus códigos genéticos y el estudio de los modos naturales de solución de problemas en su secuencia vital.
Utilizando el conocimiento indígena como guía de su investigación, el proyecto ICBG en Chiapas se propone descubrir, aislar y evaluar farmacológicamente componentes importantes de especies vegetales y microorganismos usados en la medicina maya tradicional. Los Altos de Chiapas son depositarios de una de las zonas más ricas en biodiversidad animal y vegetal del planeta. A través de los siglos, los mayas han desarrollado un conocimiento médico amplio y complejo. Se estima que existen más de seis mil especies vegetales en el área y miles de ellas son usadas tradicionalmente por los mayas para tratar enfermedades. Todas las muestras promisorias serán analizadas para comprobar si pueden ser efectivas en enfermedades como cáncer, dolencias asociadas al VIH/Sida, desórdenes del sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorias/pulmonares, cutáneas y como anticonceptivos. El proyecto también se propone realizar un extenso relevamiento botánico de los Altos de Chiapas y, según sus propias declaraciones, promover la producción y cosecha sustentable de especies seleccionadas que muestren potencial considerable para el desarrollo económico. El proyecto estima que podría identificar unos dos mil componentes únicos que serán perfilados químicamente por la Molecular Nature Limited, el socio comercial del proyecto, basado en el Reino Unido. Un duplicado de todas las muestras colectadas serán depositadas en el herbario de la Universidad de Georgia-Athens.[3]
El proyecto en cuestión, que en español se llama Investigación farmacéutica y uso sustentable del conocimiento etnobotánico y biodiversidad en la región maya de Los Altos de Chiapas, tiene como propósito declarado "la promoción del descubrimiento de farmacéuticos derivados de recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y el crecimiento económico sostenido de los países en vías de desarrollo".[4] Sin embargo, no cuenta con la aprobación de las poblaciones afectadas porque, finalmente, "estas empresas pretenden sintetizar y modificar los componentes biológicos activos que se derivan de los recursos y el conocimiento de las comunidades indígenas, ya que sus objetivos son el patentamiento, la privatización y el lucro de la biodiversidad", según denuncia de Hope Shand, directora de investigación de la RAFI. Esta denuncia resulta de un análisis del protocolo de propiedad intelectual sobre los productos farmacéuticos que puedan derivar de la investigación, contenido en el proyecto ICBG-Maya.
Para poder iniciar la investigación atendiendo a las normas establecidas en el Convenio de Diversidad Biológica -y particularmente su artículo 8j- y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional de Trabajo, fue necesario establecer un convenio con la participación de las comunidades afectadas. En él se contempla la creación de una ONG, llamada PROMAYA, A. C. (Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual de los Mayas, Asociación Civil), en la que participan ECOSUR, la Universidad de Georgia y la Molecular Nature Limited, que es quien actúa como contraparte de la sociedad civil, manteniendo la consulta con ella.
A más de un año de iniciado el proyecto, las comunidades afirman que el convenio no ha sido discutido con ellas. Según declaraciones de la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECH), ECOSUR los invitó a participar
en este convenio de bioprospección, pensando que con la promesa de un llamado reparto de beneficios futuro, los médicos indígenas aceptarían este proyecto. En las reuniones en que participamos planteamos nuestra disconformidad con los objetivos y métodos del proyecto, y se nos aseguró que el proyecto no sería iniciado, como mínimo, hasta que no se cumpliera con todos los requisitos de la legislación mexicana. Sin embargo, ya se están sacando muestras en varias comunidades de Chiapas, y en junio de este año se nos presentó un Convenio ya firmado por las tres partes. Esto muestra el espíritu con que se mueven y las nulas intenciones de consultar ampliamente, respetando las culturas tradicionales y a las verdaderas autoridades de las comunidades. Básicamente, crean su propio interlocutor e invitan a participar allí a los que acepten su forma de trabajo y no cuestionen nada [...][5]
Investigaciones y convenios como éste deberían ser motivo de una amplia discusión en la sociedad mexicana, ya que además de afectar social y culturalmente a las poblaciones asentadas en los territorios delimitados para el estudio, implican una definición en los hechos del uso que se da a la riqueza biológica de México. Sin una legislación adecuada y sin un acuerdo colectivo acerca de la concepción y uso de la biodiversidad, no debería haberse permitido un proyecto de consecuencias tan amplias.
A decir de Hope Shand,
el proyecto ICBG-Maya tiene un protocolo claramente definido de propiedad intelectual sobre cualquier producto farmacéutico que pueda resultar de la investigación realizada en Chiapas. Opera sobre el principio -al menos en papel- de que las muestras biológicas pertenecen a México y que una parte no revelada de las regalías volverán a los mayas de Los Altos de Chiapas vía PROMAYA. La realidad es que estos beneficios de largo plazo pueden no materializarse nunca, y que muchas organizaciones locales indígenas rechazan tanto la propiedad intelectual en sí misma, como el proceso establecido para la eventual distribución de beneficios a través de PROMAYA. El punto crítico ahora es que el proyecto se está realizando no solamente sin una consulta correcta a las comunidades afectadas, sino además contra la voluntad expresa de un sector significativo de esas comunidades.[6]
Actualmente hay once organizaciones indígenas de Chiapas que exigen la suspensión del proyecto. Agrupadas en el Consejo Estatal de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales de Chiapas, señalan que se trata de un saqueo de recursos y conocimientos:
Nosotros, como médicos tradicionales organizados llevamos quince años trabajando para rescatar y mejorar nuestra medicina de la costumbre y no queremos que ahora nos vengan a engañar, pues lo que están haciendo con nuestras plantas es un negocio que les va a dejar a ellos millones y millones de pesos y a nosotros igual de jodidos. Recurrimos a las autoridades nacionales y estatales para que se suspenda este proyecto. Ahora recurrimos a todos los compañeros indígenas para que no acepten que los investigadores de ECOSUR puedan sacar información y plantas medicinales de nuestras comunidades.[7]
Sebastián Luna, indígena tzeltal vocero del Consejo, explica:
el proyecto explícitamente propone patentar y privatizar recursos y conocimientos que han sido siempre colectivos. Esto, además de contradecir nuestras culturas y tradiciones, es una forma de crear conflictos dentro de las comunidades, ya que algunos individuos, llevados por las necesidades económicas que pasamos los indígenas, se pueden prestar a colaborar con este proyecto, a cambio de unos pocos pesos o algunas herramientas. Esto ya lo hemos visto en las comunidades de Oxchuc, Chenalhó, Simojovel, Cancuc, Huixtan y Las Margaritas, donde ya se están sacando muestras.
No obstante, pese a las protestas de organizaciones indígenas locales, la Universidad de Georgia (Estados Unidos) ha declarado que no suspenderá el proyecto.[8]
Notas:
RAFI, www.rafi.org/ rafi@rafi.org. Salvo indicación en contrario, las citas provienen de este sitio.
El director del proyecto es el antropólogo Brent Berlin, miembro de la Sociedad Internacional de Etnobiología (ISE) y a quien las comunidades le atribuyen largos años de saqueo en territorios de Chiapas. Ver las denuncias del Consejo Estatal de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales de Chiapas reproducidas en www.rafi.org/ rafi@rafi.org.
Subrayados nuestros.
Declaraciones de Rafael Alarcón, asesor del Consejo, citadas por la RAFI, ídem.
Las organizaciones indígenas agrupadas en el Consejo Estatal de Parteras y Médicos Tradicionales señalan que el proyecto está violando el "Principio de Consentimiento Previo Informado y Veto" del Código de Ética de la ISE que indica: "Se debe obtener el consentimiento previo informado de todos los pueblos y sus comunidades antes de que se realice cualquier investigación. Los pueblos indígenas, las comunidades locales y las sociedades tradicionales tienen el derecho a veto sobre cualquier programa, proyecto o estudio que los afecte. La obtención del consentimiento previo informado presupone que se entrega a todas las comunidades potencialmente afectadas la información completa sobre la naturaleza y el propósito de las actividades de investigación y sus probables resultados, incluyendo todos los beneficios razonablemente previsibles y los riesgos de daños (tangibles o intangibles) para las comunidades afectadas". Este Código puede ser consultado en http://guallart.dac.uga.edu/ethics.
Consejo Estatal de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales de Chiapas.
La RAFI contactó a Brent Berlin en la Universidad de Georgia y le preguntó si las demandas de las organizaciones indígenas de Chiapas constituían una base para suspender el programa de bioprospección en Chiapas. Berlin, uno de los autores del Código de Ética de la ISE, rechazó la idea. "Estoy convencido de que el tema no hubiera sido ni planteado si esos grupos estuvieran plenamente informados sobre el Proyecto."
Revista Chiapas
http://www.ezln.org/revistachiapas
http://membres.lycos.fr/revistachiapas/
http://www33.brinkster.com/revistachiapasChiapas 9
2000 (México: ERA-IIEc)
