Chiapas
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Adriana López Monjardin
Los nuevos zapatistas y la lucha por la tierra
Presentación
Colectivo Neosaurios,
La rebelión de la historia
María Jaidopulu Vrijea,
Las mujeres indígenas como sujetos políticos
Elizabeth Pólito Barrios Morfín,
El capital nacional y extranjero en Chiapas
Edur Velasco Arregui,
Cuestión indígena y nación: la rebelión zapatista desde una perspectiva andina
João Pedro Stédile,
Latifundio: el pecado agrario brasileño
Adriana López Monjardin,
Los nuevos zapatistas y la lucha por la tierra
Luis Hernández Navarro,
Zapatismo: la interacción del color
PARA EL ARCHIVO
Ricardo Robles,
Los derechos colectivos de los pueblos indios. Otra manera de ver los derechos humanos desde las sociedades comunitarias
Ana Esther Ceceña,
¿Biopiratería o desarrollo sustentable?
Primer Encuentro de Movimientos Alternativos de América Latina
Declaración Final del II Encuentro Americano por la Humanidad y contra el Neoliberalismo
Raúl Ornelas Bernal,
Un mundo nos espía. El escándalo ECHELON
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Desde 1996, a raíz de la firma de los Acuerdos de San Andrés y de la formación del Congreso Nacional Indígena, lo "indígena" se ha convertido en uno de los escenarios más visibles donde se despliega la identidad de los integrantes del EZLN. En cambio, la dimensión agraria del movimiento ha quedado oscurecida durante estos últimos años, como no lo estuvo en los más próximos al levantamiento de 1994. Vale la pena, entonces, volver a centrar la atención en aquella primera autodefinición de los rebeldes, interrogando al movimiento sobre "la importancia de llamarse"... zapatistas (para decirlo con las palabras de Oscar Wilde).
Al aparecer en la escena pública, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional presentó un desafío que el gobierno, sus intelectuales y sus voceros afines, en los medios de comunicación, todavía no terminan de asimilar. Recurriendo a la complicidad de la economía del lenguaje, Manuel Camacho institucionalizó, desde los Diálogos de Catedral, un apelativo reducido a las siglas, que elude el peso de cada una de las palabras que componen el nombre de los rebeldes y simula, sin serlo, un reconocimiento de "los otros". Seis años después, los adversarios todavía se siguen refiriendo a los integrantes del EZLN como los "autodenominados zapatistas", y los más discretos de ellos aluden a los "neozapatistas". Mientras tanto, para los actores políticos que lo invocan, el zapatismo se inscribe no sólo en su nombre sino en la geografía que van inaugurando y habitando los campesinos del EZLN: en el Municipio Autónomo Tierra y Libertad o en el Ejido 10 de Abril, por ejemplo. También contribuye a moldear su identidad: "Hoy estamos todos: los que no se venden, los que no se rinden, los que resisten [...] Nuestra resistencia nos ha crecido y nos crecerá, no es el mal gobierno quien nos enseña a trabajar, somos nosotros los que trabajamos".[1]
Ser zapatista, para los indígenas de Chiapas, supone reconocerse en tres campos simbólicos que modelan su identidad y orientan sus prácticas colectivas: la tierra, la libertad y la lucha.[2] La dimensión propiamente agraria del zapatismo forma parte del patrimonio cultural que comparten los integrantes del EZLN con todos los campesinos chiapanecos. Sin embargo, mientras que la exigencia de libertad ha cobrado una forma visible, pública y desafiante a través de los municipios autónomos, la revolución agraria que se ha desarrollado en Chiapas durante los últimos seis años ha sido más bien silenciosa.
Y no resulta exagerado hablar de una revolución agraria porque se trata de una transformación sustancial de la posesión de las tierras, que ha ocurrido, sobre todo, en las regiones indígenas de Chiapas y a contracorriente de las políticas públicas impuestas a raíz de las reformas al artículo 27 constitucional. Un indicio de la magnitud de estos cambios lo podemos encontrar en las declaraciones recientes de Eduardo Robledo -el efímero y fraudulento gobernador chiapaneco, cuya separación del cargo dio lugar a los sucesivos interinatos, y que actualmente funge como secretario de la Reforma Agraria-: durante ochenta años se habían formado mil novecientos ejidos en Chiapas, mientras que entre 1994 y el año 2000 habrá mil doscientos nuevos.[3]
Sin embargo, el levantamiento zapatista no abrió un proceso institucional de reforma agraria. Desencadenó ocupaciones masivas de tierras por parte de los campesinos afiliados a todo tipo de organizaciones sociales y políticas: las que se reclaman independientes, como Xi’Nich, la ARIC, la CIOAC, las diversas fracciones de la CNPA, el MOCRI, etcétera, y las que están asociadas al PRI y a la CNC, o bien a los partidos y agrupaciones que actúan como "paraestatales", como el PFCRN o el CNPI. Pero el gobierno sólo ha dado un trato casuístico a las tomas de tierras, sin modificar las políticas públicas y sin reconocer que en Chiapas fracasó rotundamente el "fin del reparto agrario" que había decretado en 1992.
El propósito de una sucesión interminable de programas oficiales emergentes, de mesas de negociación y convenios agrarios no ha sido regular la tenencia de la tierra sino obstaculizar la confluencia de los campesinos zapatistas del EZLN con todos los demás campesinos zapatistas de Chiapas. Se han distribuido cantidades enormes de dinero, de manera discrecional y dando lugar a todo tipo de manejos corruptos. Así se han "comprado" tierras para muchos de los invasores; algunos de ellos -y otros no- han tenido que conseguir "créditos blandos" para pagarlas. Algunos finqueros -y otros no- recibieron indemnizaciones suficientes para cambiar de giro. Uno de los más beligerantes de ellos, Constantino Kanter, del municipio de Altamirano, consiguió una flotilla de taxis y finalmente dio por perdidos sus ranchos. Algunos peones acasillados -y otros no- han sido desalojados violentamente, como ocurrió en las fincas cafetaleras Liquidámbar y Prusia, en la sierra Madre. Algunos campesinos -y otros no- han logrado el reconocimiento oficial de los nuevos ejidos que tomaron y fundaron.
En suma, la estructura agraria de Chiapas cambió. Pero, en vez de dar lugar a una nueva, ha dado paso a la indefinición y a la confusión, a la extensión y al alargamiento de los conflictos. Como el estado no regula la tenencia de la tierra y no aplica las leyes inviables ni las modifica, se vive en un frágil mundo "realmente existente" de hechos consumados, pero reversibles. Si bien las fincas son ahora casi una especie en extinción, el manejo gubernamental de la propiedad de las tierras se ha convertido en un instrumento de contrainsurgencia y de provocación deliberada de enfrentamientos entre campesinos. Ya se ha vuelto un lugar común lamentar la destrucción del tejido social en las comunidades indígenas de Chiapas; Acteal nos recuerda que estas preocupaciones no son infundadas. Sin embargo, lo que se pierde de vista -aunque es visible por todos lados- es la fuerza de ese tejido social.
Durante seis años, las políticas agrarias no han seguido ningún criterio inteligible, ya no se diga justo o apegado a derecho. La única constante en las acciones oficiales ha sido la intención de contener y desarticular el movimiento campesino: principalmente el EZLN, pero no sólo. Para ello, se ha perseguido a cada célula del tejido social para infectarla con el virus de la división, el individualismo, las negociaciones por separado. Pero el tejido social resiste y la infección no se ha generalizado, porque la contienen y la acotan la cultura compartida por los pueblos indígenas; la vida y el trabajo cotidianos; los lazos familiares; la condena de las fincas y el racismo; el rechazo del autoritarismo del gobierno, los caciques y los líderes oficiales, y el reconocimiento de los campesinos, indígenas y mestizos como "los pobres", "los que trabajan". Emiliano Zapata es, por cierto, una de las "vacunas simbólicas" más eficaces: porque vincula y comunica a los campesinos chiapanecos, y excluye a un gobierno que traicionó su herencia.
También los zapatistas del EZLN han ocupado tierras. Durante los últimos seis años, muchos campesinos pasaron del "antes" de la finca al "ahora" del ejido. Pero la transición está atravesada por la guerra de baja intensidad. En estas páginas trataré de exponer algunos episodios de sus luchas por la tierra y del contexto en que se desarrollan.
De las fincas a la política agraria contrainsurgente
La Colonia La Mendoza, en el municipio de Chanal, ilustra una historia compartida por muchos otros. Según los datos del INEGI, Chanal, que colinda con el municipio de Altamirano, rompe los récords nacionales de pobreza y marginación. Ahí no había finqueros, porque las tierras no son aptas para el cultivo. La Mendoza es una pequeña comunidad de este municipio en la que habitan unas treinta y cinco familias (es decir: poco más de doscientas personas). Sus habitantes, a los que entrevisté en febrero de 1994, se encontraban atrapados entre sus cerros pedregosos y el infierno laboral de las fincas: "de balde trabajábamos harto y no sacábamos nada, ni para vender ni para abastecernos: en una hectárea se producen como dos bultos de maíz. Es una zona en la que nos han dejado totalmente en el cerro. Los propietarios están abajo, en la zona de Altamirano, y a nosotros nos han dejado encima de los cerros. Después de las reformas al artículo 27 constitucional quedamos totalmente ya sin la tierra. No había una salida, ya había quedado totalmente sin solucionar ese problema".[4]
A finales de 1993, cuando iban a trabajar para los propietarios del municipio de Altamirano, los tzeltales de Chanal recibían entre cuatro y cinco pesos por jornadas desde las siete de la mañana hasta las tres o cuatro de la tarde. Los capataces les ponían una tarea: por ejemplo, poner entre veinte y treinta postes para cercar un potrero y alambrarlo. Si no la terminaban en un día, no les pagaban; tenían que volver al día siguiente a completar su tarea para poder cobrar. Los finqueros de la región, con los mismos nombres que los gobernadores de Chiapas, estaban muy bien identificados por los campesinos: Manuel Albores Aguilar tenía una finca en La Mendoza, con doscientas sesenta hectáreas, tres ranchos más en Ocosingo y el Rancho Jabalín en Comitán; Fernando Santiago Robledo era el dueño de Yalchiptic, con más de cuatrocientas hectáreas; Yalxolob, de Alfredo Albores, tenía unas tres mil hectáreas y fue fraccionada antes de 1994, pero conservaba unas seiscientas o setecientas hectáreas de muy buenas tierras. El rancho El Amolar, que contaba con más de trescientas hectáreas, había sido dividido entre Luis Espinoza Calvo y Armín Olivio Albores Domínguez, pero los dos propietarios seguían manejando el ganado con los mismos camiones y contratando a los jornaleros con los mismos mayordomos. Ahí les pagaban cincuenta centavos por hora y los obligaban a trabajar rápido, no los dejaban ni tomar el pozol: el mayordomo los vigilaba con el látigo en mano y a veces los golpeaba.
El EZLN tomó la cabecera del municipio de Chanal el 1° de enero de 1994. Pocos días más tarde, varios camiones con soldados del ejército mexicano se estacionaron frente a la Colonia La Mendoza. Saquearon la tiendita y obligaron a la gente a darles comida: les quitaron las tortillas, mataron las gallinas y no pagaron nada. "Los ejércitos mexicanos" se retiraron del pueblito pocos días más tarde, pero la tregua nunca llegó a la zona: los soldados no dejaban a los hombres salir de sus comunidades y si las mujeres iban a comprar algo a Altamirano, se lo quitaban alegando que les estaban llevando cosas a los zapatistas.
Los retenes, las incursiones militares y el saqueo se convirtieron en parte de la vida cotidiana de los habitantes de La Mendoza. Además, el ejército federal ejerce, en los hechos, las tareas de autoridad agraria, como lo muestran las denuncias publicadas por los indígenas: "Daniel Gómez Velasco y José Ángel Gómez Velasco son habitantes de La Mendoza. Ante la falta de tierra para labrar en nuestra comunidad, salieron en busca de nuevos terrenos, llevando con ellos láminas, tablas, herramientas, etcétera, para construir sus nuevas casas y cultivar la tierra". El 6 de febrero de 1999,
fueron detenidos en un retén del ejército federal en los alrededores de Las Tazas, acusados de transportar armas y balas. Los soldados rompieron sus mochilas y tiraron las cosas por el suelo. Comenzaron a interrogarles y les vendaron los ojos, los desnudaron y los mandaron tumbarse en el suelo boca abajo. Entonces empezaron a torturarlos y a darles culatazos en la cabeza, la espalda y otras partes del cuerpo [...] Denunciamos esta agresión por parte del ejército federal y tememos por la integridad física de estas dos personas.[5]
El acceso a las tierras constituye una pieza clave de la guerra de baja intensidad a la que están sometidas las comunidades indígenas. El ejército, la policía y los gobiernos estatal y federal, a través del partido oficial, promueven, sistemáticamente, el enfrentamiento entre los campesinos. Buscan despojar de sus tierras a los rebeldes y dar posesión a quienes manifiestan su lealtad al gobierno y al PRI a cambio de los favores recibidos. Esta "política agraria" no es nueva en Chiapas. Por el contrario, se remonta a las luchas por la tierra de los años setenta, cuando los finqueros repartían o vendían pequeñas parcelas a algunas familias de sus peones acasillados para simular el fraccionamiento de los latifundios y contar con un grupo afecto, en el que reclutaban a sus guardias blancas.
Lo nuevo, ahora, es que los personajes centrales de esta puesta en escena de la destrucción deliberada del tejido social cuentan con otros actores: mientras que los finqueros han perdido protagonismo, lo han ganado los funcionarios gubernamentales, y las guardias blancas al servicio de los terratenientes han sido sustituidas por el ejército federal. Incontables testimonios de las bases de apoyo del EZLN dan cuenta de esta nueva política agraria:
El Municipio Autónomo Miguel Hidalgo denuncia que el día 10 de abril de 1999, a las 13:00 horas, llegaron a la comunidad 20 de Noviembre dieciséis camionetas con hombres vestidos de civil pero de apariencia militar y un helicóptero con representantes del gobierno del estado, quienes se reunieron con los priístas y les prometieron que les van a dar las tierras que soliciten. Los priístas han solicitado las tierras de La Mendoza y del Rancho El Amolar, que es donde están viviendo familias simpatizantes del EZLN, por lo que se teme que vayan a generarse muchos problemas. El subsecretario de Gobierno de Atención Regional, Suez Culebro, acompañado por el presidente municipal de Las Margaritas, Martín Suárez, les dan despensas y apoyos a los priístas para que pidan las tierras que ahora ocupan las familias zapatistas.[6]
Los tzeltales de Chanal concluyen: "Vemos que ante nuestras justas demandas de tierra y de paz en nuestras comunidades, el gobierno sólo responde con torturas y malos tratos". Y, en efecto, éste es otro de los saldos de la suspensión de los Diálogos de San Andrés: una política agraria errática, orientada por la contrainsurgencia y en manos de los militares y paramilitares.
La identidad zapatista en el EZLN
A diferencia de lo que ocurre con el gobierno, la posición de los zapatistas ante la problemática agraria no fue improvisada sobre la marcha. Las reivindicaciones de trabajo y tierra encabezan la lista de las "demandas básicas de nuestro pueblo" asentadas en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, que se dio a conocer el 1° de enero de 1994. Antes del levantamiento, los zapatistas habían promulgado la Ley Agraria Revolucionaria, considerando que "la lucha de los campesinos pobres en México sigue reclamando la tierra para los que la trabajan. Después de Emiliano Zapata y en contra de las reformas al artículo 27 de la Constitución mexicana, el EZLN retoma la justa lucha del campo mexicano por tierra y libertad". Dicha ley, en su artículo tercero, establece:
Serán objeto de afectación agraria revolucionaria todas las extensiones de tierra que excedan las cien hectáreas en condiciones de mala calidad y de cincuenta hectáreas en condiciones de buena calidad. A los propietarios cuyas tierras excedan los límites arriba mencionados se les quitarán los excedentes y quedarán con el mínimo permitido por esta ley pudiendo permanecer como pequeños propietarios o sumarse al movimiento campesino de cooperativas, sociedades campesinas o tierras comunales.
Y el artículo sexto plantea: "Tienen derecho primario de solicitud los colectivos de campesinos pobres sin tierra y jornaleros agrícolas, hombres, mujeres y niños, que acrediten debidamente la no tenencia de tierra alguna o de tierra de mala calidad".[7]
Los zapatistas nunca se negaron a negociar con el gobierno los problemas agrarios. Sí reclamaron que la negociación no fuera casuística, sino coherente y unitaria, tal como estaba prevista en el marco de los Diálogos de San Andrés. Como resultado de la Mesa I de los Diálogos, sobre Derechos y Cultura Indígenas, los zapatistas firmaron bajo reservas los primeros acuerdos y dejaron constancia de ocho objeciones, la primera de las cuales establece:
La delegación del EZLN insiste en señalar la falta de solución al grave problema agrario nacional, y en la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional, que debe retomar el espíritu de Emiliano Zapata [...].[8]
La Mesa II sobre Democracia y Justicia terminó sin ningún acuerdo, porque la delegación gubernamental incumplió los primeros acuerdos firmados y las reglas pactadas para conducir el proceso de negociación. Ésta fue una de las causas de la suspensión de los Diálogos, de tal modo que la Mesa III, sobre Bienestar y Desarrollo, en la que debían abordarse las cuestiones agrarias, sigue como una asignatura pendiente.
Antes de firmar los Acuerdos de San Andrés, el EZLN realizó una consulta a las bases zapatistas, en la que participaron "varias decenas de decenas de miles de hombres y mujeres indígenas en su inmensa mayoría". El 96 por ciento de ellos se pronunció por "rechazar la falta de solución al grave problema agrario nacional e insistir en que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe retomar el espíritu de Emiliano Zapata resumido en las dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja, y tierra y libertad", considerando que
No se lograron acuerdos profundos sobre la reforma del artículo 27 constitucional que es el que trata sobre el problema de la tierra. Se acordó que se volverá a ver en la Mesa de Bienestar y Desarrollo. Esto es importante porque el problema de la tierra es el principal para los zapatistas y para todos los indígenas y campesinos de México. No podemos aceptar que el artículo 27 constitucional quede sin cambios, debemos insistir en las siguientes mesas.[9]
Varios años después del levantamiento y de la firma de los Acuerdos de San Andrés, las negociaciones sobre la problemática agraria entre el EZLN y el gobierno siguen pendientes. Mientras tanto, actuando en sus vidas cotidianas la dignidad que proclaman, los zapatistas están construyendo una nueva identidad, que ilumina la especificidad del zapatismo del EZLN: ellos se ven a sí mismos como "los que trabajan", "los que resisten" y "los que no reciben migajas del gobierno".
No ha sido fácil cumplir con la tarea que nos ha encomendado nuestro pueblo -afirman en un comunicado público los integrantes del Parlamento Autónomo del Municipio Ernesto Che Guevara-. El gobierno ha tratado de bloquear todos nuestros intentos de desarrollo, amedrentando a los pueblos y a las personas externas para que no muestren su solidaridad. Aún así en nuestro Municipio algunos trabajos están avanzando, en cuestiones como: Salud, Producción, Servicios, Estructura Social, Comunicaciones, Educación, Mujeres, Medio Ambiente, etcétera. Todo este trabajo lo hemos llevado a cabo con mucho esfuerzo y casi sin apoyo de ninguna clase.
El apoyo más importante que hemos tenido ha sido nuestro propio pueblo, la gente ha resistido hasta ahora y seguirá resistiendo, hasta que consigamos nuestra meta que es el derecho a gobernarnos nosotros mismos como mejor nos convenga en beneficio de nuestra población [...] La mayoría de la población es campesina y nuestros principales productos son el maíz, el frijol y el café. Desde 1994, las comunidades han resistido la presión militar y gubernamental, habiendo ocasiones en que no hemos podido atender a nuestras milpas y cafetales que son nuestras únicas fuentes de alimentación e ingresos. Esta situación nos ha llevado a buscar alternativas para poder continuar con nuestra lucha y resistencia.[10]
En un texto suscrito por "las comunidades autónomas de San Juan de la Libertad" se exponen, como en un juego de espejos invertidos, las dicotomías que separan a los zapatistas de los priístas:
Desmentimos enérgicamente la falsa información difundida con fecha 22 de julio del presente año, en donde informan que la autoridad Autónoma pide apoyo económico con el gobierno estatal y federal para realizar los trabajos productivos, esto estamos seguros son obras de teatro tejido por los mismos priístas (muertos de hambre). Nosotros como simpatizantes del EZLN seguiremos en resistencia. No necesitamos migajas del gobierno, porque únicamente estamos esperando que se cumplan los Acuerdos de San Andrés y también no es tan fácil de comprarnos con dinero al gobierno, nuestra conciencia es seguir firmemente nuestra organización. Le invitamos a los priístas el no utilizar las siglas de nuestra organización EZLN para engañar a los ciegos que no pueden trabajar en el campo para poder sostener a su familia y así lograr más proyectos, en donde dicen que San Juan de la Libertad se acabó la organización zapatistas, son puras mentiras porque cada día más y más vamos despertando, compañeros indígenas estamos dispuestos a luchar (no traidores).[11]
Los "coordinadores de la manifestación" realizada por las bases de apoyo zapatistas en San Cristóbal de Las Casas el 23 de agosto de 1999 expresan en su discurso cómo han venido afinando el diagnóstico del "mal gobierno":
Para romper la unidad y debilitar la organización de los pueblos -dicen-, esos malos gobiernos se han empeñado a provocar divisiones y enfrentamientos entre las comunidades indígenas; para comprar conciencias, esos malos gobernantes se han dedicado a repartir limosnas y a prometer ayudas económicas bajo condiciones, aprovechándose del hambre, de la miseria y de la ignorancia de nuestros pueblos indígenas. Las supuestas obras de desarrollo para los pueblos, no son más que una estrategia de guerra, porque reparte migajas y promete ayuda económica para comprar conciencias y para dividir al pueblo [...] La repartición de migajas y las promesas que hacen esos malos gobernantes, lo llaman obras públicas o desarrollo social.[12]
El ejército federal como autoridad agraria
¿Por qué los zapatistas "no quieren nada del gobierno"? En primer lugar, porque el gobierno traicionó los acuerdos firmados, y porque en estos acuerdos se estipulaba que las políticas públicas no serían más acciones unilaterales, sino que serían consultadas con los pueblos indígenas y se garantizaría su participación en el diseño, la ejecución y la evaluación de dichas políticas. También se podría pensar que el rechazo de los programas oficiales obedece a una consigna política de la dirección del EZLN. Sin embargo, el excelente estudio realizado por Korinta Maldonado y Alejandra Aquino[13] sobre la historia agraria de la comunidad de San José del Río, en el municipio autónomo San Pedro de Michoacán (antes Las Margaritas), nos muestra indicios inequívocos de que este rechazo está enraizado muy hondo en las vidas y las conciencias de los campesinos chiapanecos.
Korinta Maldonado y Alejandra Aquino narran las peripecias de los campesinos de San José cada vez que aceptaban participar en alguno de los programas oficiales que "llegaban" a su pueblo, desde mucho antes del levantamiento de 1994. Las mujeres, por ejemplo, les contaron cómo fueron embarcadas en un proyecto de desayunos escolares: sonaba bien, pero al poco tiempo se dieron cuenta que tenían que trabajar mucho para preparar y distribuir los desayunos para sus niños en edad escolar... a costa de descuidar y excluir a sus hijos más pequeñitos y a los que ya habían terminado la primaria, es decir, a los "no escolares". Los cafeticultores les explicaron cómo los programas impuestos por los técnicos del gobierno fallaban una y otra vez, y sólo los dejaban endeudados y con sus cosechas mermadas.
Pero lo más sorprendente es que los ejidatarios de San José, quienes habían sido peones acasillados de la finca La Petema, nunca le solicitaron al gobierno la dotación de tierras sino que compraron "un lugar donde vivir y donde trabajar". Los zapatistas de San José del Río, que ya lo eran antes de ingresar al EZLN, cuentan que conocían muy bien la historia de las "trampas que ponen los rancheros para que se dilate la solicitud de dotación" y sabían también que lo que "siempre hacen los funcionarios no es resolver el problema". Sus vecinos y sus parientes que habían solicitado dotación agraria habían gastado mucho dinero y mucho tiempo; habían sufrido desalojos y encarcelamientos. Por eso ellos, durante varios años, se tuvieron que privar de sus "lujitos" como el azúcar, el aceite y el jabón, y así ahorraron para pagar por las tierras de cultivo y por el sitio donde se asienta su pueblo. En 1982 fundaron San José del Río, y terminaron de pagarle al propietario tres años después, con dinero, con productos y con trabajo.[14]
Después del levantamiento, los zapatistas de San José volvieron a hablar con los enviados del propietario de La Petema, que había huido y nunca regresó. La esposa del finquero, después de escuchar los agravios que tenían los campesinos con su marido y con su suegro, acordó que les iba a "regalar" las tierras, y los habitantes de San José comenzaron a trabajarlas desde 1994: así, sin papeles y sin hablar con los funcionarios que "nada resuelven", igual que lo hicieron en la década pasada. Pero si el gobierno ignoró el arreglo pactado entre los campesinos y el propietario a principios de los años ochenta y nunca legalizó su ejido, a finales de los noventa ha tratado de convertir las tierras de La Petema en un campo de batalla antizapatista, como se desprende de las denuncias presentadas por las autoridades de San José del Río:
El día lunes 19 de abril de 1999, la comunidad de Vicente Guerrero, junto con miembros del ejército federal, llevaron a cabo la toma por la fuerza de una parte de las tierras que pertenecen a nuestras comunidades. El mando militar del ejército federal, posesionado en la comunidad de Vicente Guerrero, organizó a esta comunidad, prometiéndoles apoyo militar para que tomen por la fuerza las tierras que pertenecen a las comunidades del Municipio Autónomo [...] Nosotros, tomando las precauciones precisas para evitar un enfrentamiento, les pedimos a los de la comunidad de Vicente Guerrero que lo que están haciendo no conviene y se los dijimos de manera honesta y respetuosa, pero nos contestaron que tienen autorización de Albores Guillén, por eso mismo están resguardados por elementos del ejército. Nos han dicho también que ellos seguirán trabajando, que no se detendrán.
Nosotros decimos que estas tierras las defenderemos a como dé lugar, son tierras que nos pertenecen y que quede bien claro que todo lo que pueda pasar queda a responsabilidad de todas las personas que hemos mencionado y que todo lo que dicen de paz son puras mentiras, nosotros sí queremos la paz, pero el mal gobierno busca cómo chingarnos, se vale de sus comunidades priístas y de la fuerza armada. Además sabemos demasiado que el ejército federal no está en Chiapas para quitar las tierras a los campesinos, ése no es su trabajo, es una cosa muy absurda.[15]
Esa "cosa muy absurda", sin dejar de serlo, se está generalizando en el campo chiapaneco. En efecto, los militares fungen como autoridades agrarias, como lo testifica Absalón Morales, de la comunidad Monteflor del municipio de Las Margaritas: el 3 de marzo de 1998, a las siete de la mañana, llegaron a su pueblo diez carros que transportaban unos ciento veinte soldados fuertemente armados. Se bajó el general responsable del destacamento militar de El Momón y acusó a Absalón Morales de meter animales en un predio abandonado en 1994 por el expropietario de la finca Florida, de unas veinte hectáreas. El general amenazó a don Absalón, diciendo que sabía que era zapatista y que su gente estaba invadiendo tierras. Lo exhortó a comunicar "a su gente" que dejaran de invadir el predio y le dijo que iba a volver para ver si había seguido sus instrucciones. En ese caso, le iba a permitir meter sus animales en el predio, pero sólo a él.[16]
Las denuncias acerca de la intervención del ejército federal y de la policía del estado en las cuestiones agrarias y su abierta complicidad con los priístas y los paramilitares que despojan de tierras a los zapatistas, se multiplican por todas las regiones indígenas de Chiapas: en Los Altos, por ejemplo, los desplazados del campamento 5, de la comunidad de Bajoveltik, del municipio autónomo San Pedro de Chenalhó, explicaron que cuando iban a trabajar "a sacar maderas para uso de construcción de unas casitas" llegaron a quitarles la motosierra unos cuarenta soldados y cardenistas (del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, entre cuyos militantes han sido identificados algunos de los asesinos de Acteal), "quienes son conocidos como de los paramilitares que son Enorio Pérez Gutiérrez, Nolberto Guzmán Pérez, Juan Guzmán Pérez, y también prohíben el paso para ir a cortar leñas y trabajos parcelarios de milpas".[17]
Los ejidatarios de Agua Blanca Serranía, en el municipio de Palenque, llevan dos años sufriendo las agresiones de un grupo minoritario de priístas de su ejido que, apoyados por la policía del estado, disponen arbitrariamente de las tierras ejidales. Huyendo del hostigamiento, a finales de 1997 formaron una sección aparte dentro del ejido; pero en febrero de 1998, ciento cuarenta familias fueron desalojadas nuevamente por veintiséis policías de Seguridad Pública y por diez priístas. Se vieron obligadas a establecerse en la parcela de "un compañero nuestro", a unos ocho kilómetros de su lugar de origen. A principios de marzo de 1999, denunciaron que no sólo no les permitían trabajar en sus tierras, sino que las autoridades ejidales estaban apoyando a Nicolás Cruz Díaz para vender en mil pesos las parcelas de los señores Domingo y Pedro Méndez Solís.[18]
Los operativos que el ejército federal y el gobierno del estado lanzaron en contra de las comunidades zapatistas durante 1998 con el propósito de "desmantelar" los municipios autónomos, tuvieron muy poco impacto en la organización regional y en la capacidad de autogobierno de los rebeldes. Sin embargo, uno de sus efectos, colaterales aunque deliberados, ha sido el despojo de tierras que han sufrido muchas familias de bases de apoyo del EZLN. En el testimonio de las mujeres de la comunidad Emiliano Zapata, del Municipio Autónomo Tierra y Libertad, además de relatar las agresiones sufridas, se expone la percepción que tienen los campesinos y las campesinas del gobierno, que sólo apoya a "los propietarios ricos, que quieren ser más ricos":
El 3 de mayo abandonamos nuestro pueblo, nuestras casas y nuestros trabajos por la represión del ejército, que está dando en el día y en la noche por goce de los priístas. Sabemos que en nuestro pueblo van a hacer su cuartel y que si dejábamos libre el lugar van a quemar nuestras casas, desde esa fecha estamos sufriendo hambre, desesperación y enfermedades de los niños recién nacidos y escasos de alimentación. No tenemos dinero porque no podemos trabajar, porque la tierra la hemos abandonado. En nuestra comunidad se están apoderando de lo que tenemos los propietarios priístas vecinos de nuestra comunidad. Ya tienen nuestros animales en los potreros y están destruyendo nuestras milpas y nuestras casas y todo lo que es nuestro, se robaron nuestros pollos y cosas que dejamos en la casa. Nosotras como mujeres nos preguntamos por qué los ricos quieren ser más ricos de lo que ya son, siendo que el gobierno les da tantos apoyos y para nosotros los pobres no hay nada.[19]
Los desplazamientos de la población del Municipio Autónomo Tierra y Libertad amenazan con volverse irreversibles. Por ejemplo: doce familias, originarias del predio Buenavista, tuvieron que abandonar sus parcelas y sus casas. Vivieron a la intemperie durante tres días, ya que la radio anunciaba que iban a ser desalojados de sus terrenos por parte del ejército y la policía, y más tarde se refugiaron en Badenia. "La situación de sus tierras se complica -afirmaban las autoridades del Municipio Tierra y Libertad-, ya que algunos propietarios de ranchos de la zona intentan comprar el predio y con ello se pierde la esperanza de recuperación."[20]
La lucha por el territorio en el Municipio Autónomo Flores Magón
Los tzeltales de Taniperla son pioneros en la colonización de la Selva Lacandona. Fundaron su pueblo hace cuarenta años. Actualmente están amenazados con perder el producto de los esfuerzos y los sacrificios de dos generaciones de ejidatarios. Desde el 11 de abril de 1998, a raíz del operativo de "desmantelamiento" del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón, con cabecera en Taniperla, el ejido fue ocupado por el ejército y la policía. La escuela se convirtió en cuartel y las instalaciones militares se han ampliado a costa de las tierras ejidales, mediante el saqueo y el despojo.[21]
Las autoridades del Consejo Autónomo Flores Magón denunciaron que, desde febrero de 1999, los soldados federales despojaron de sus tierras al señor Miguel Sánchez Hernández, quien se ha visto obligado a rentar una parcela para alimentar a su familia. Los militares mienten cuando dicen que el gobierno federal compró ese terreno y que cuentan con los papeles que amparan su ocupación, ya que don Miguel Sánchez nunca dio su autorización, ni aceptó vender su parcela, ni recibió pago alguno. Otros ejidatarios, Martín Sánchez Gómez y Cristóbal Gómez Gutiérrez, sufrieron el saqueo de sus cafetales en octubre de 1998, por parte de los priístas y de elementos de la seguridad pública.[22]
Los paramilitares, bajo el amparo del ejército y la policía judicial y "en la lógica de guerra de baja intensidad, buscan causar división y enfrentamiento. Quieren dividir los terrenos comunales y la parcela escolar, además de introducir el Procede como a ellos conviene, sin los debidos trámites de la Asamblea Ejidal, pues no tienen la mayoría". Las autoridades del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón atribuyen esta ofensiva a que "saben que respetamos y luchamos por las demandas de Zapata, y aquí ya es territorio, y no simple tierra".
La guerra que busca desarticular a los ejidos y enfrentar a los campesinos se ha extendido por el territorio del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón. Los poblados que se ubican en las proximidades de la reserva de la biosfera de Montes Azules son un blanco constante de los ataques militares y paramilitares. Las bandas encabezadas por las autoridades priístas del municipio de Ocosingo, especialmente por los regidores Pedro Chulín Jiménez y Homero Hernández González, se han convertido en la punta de lanza de los esfuerzos por borrar del mapa los ejidos Ojo de Agua, San Jacinto, Mariscal y Flor de Cacao.
Según los paramilitares, se está preparando un desalojo masivo que no será pacífico sino que va a desencadenar "un nuevo Acteal". Continuamente, los priístas incursionan por las montañas, acompañados de soldados vestidos de civil. Las amenazas de desalojo crecieron a lo largo de 1999. A través de una serie de calumnias y acusaciones infundadas, los priístas han tratado de movilizar a los indígenas leales al gobierno de la comunidad Lacandona y del ejido Nueva Palestina para desalojar a los ejidatarios que, desde hace muchos años, levantaron cafetales, potreros y milpas enmedio de la selva: "ahí tienen el esfuerzo y patrimonio de sus vidas, que sólo han podido construir con el sudor de su trabajo, pues del gobierno no hemos recibido nada, y es sabido que hoy, ya no queremos sus migajas".[23]
Entendamos este problema desde el principio -reclaman las autoridades del Consejo Autónomo- porque nuestra lucha también es contra el olvido y por nuestra historia, nuestra memoria como pueblos indígenas, porque en ella se mira la injusticia, explotación, saqueo, sufrimiento y dignidad que dan razones fuertes a nuestras demandas, a nuestra lucha.
Y relatan la historia de las luchas por la tierra en la Selva Lacandona: en los años 1982 y 83, al decretarse la reserva de la biosfera de Montes Azules, las personas que hoy forman las comunidades de Ojo de Agua Tzotzil, Doctor Velasco Suárez II (o Viejo Velasco); Mariscal, Nuevo Tumbalá, Nueva Jerusalén, San Jacinto Lacanjá Tzeltal, Flor de Cacao y muchas otras fueron desalojadas con violencia de sus antiguos poblados; "al gobierno no le importó que la gente ya estaba ahí trabajando sus tierras desde hacía años". Cuando las comunidades se organizaron para defender sus derechos,
se les respondió con violencia, como es costumbre por aquí, costumbre del gobierno y el poderoso. Pobladores de Nueva Palestina y Lacanjá Chanzayat, junto con lacandones, federales y judiciales, entraban en las comunidades quemando casas, matando animales, robando molinos, machetes, gallinas, semilla, todo pues. Así obligaron a esta gente a salir de sus comunidades y reubicarse donde hoy tienen sus poblados, y con doble trabajo y sufrimiento en su corazón levantaron de nuevo su dignidad, su esperanza y sustento, donde se arraigaron nuevamente a la tierra.
En 1984, las comunidades reubicadas obtuvieron un convenio con el gobierno del estado, que amparaba la posesión de sus tierras. Sin embargo, en 1999,
con la política neoliberal, las reformas al 27 constitucional y la guerra de baja intensidad se busca abrir viejas heridas y se levantan nuevos intereses. La política neoliberal hace voltear la cara de los especuladores hacia el saqueo de los recursos naturales. A los priístas les ofrecen recursos, tierras y promesas para salir de la pobreza en que viven, aunque se tienen que prestar a su juego y enfrentar a sus hermanos indígenas campesinos, para tener lo que es su derecho: vida digna.
Después de la Consulta Nacional por el Respeto de los Derechos Indígenas y el Fin de la Guerra de Exterminio, convocada por el EZLN el 21 de marzo de 1999, se intensificó la ofensiva de los paramilitares contra los pueblos de la Selva. La historia del ejido Viejo Velasco, que fue dada a conocer a la opinión pública por las autoridades del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón, representa un muestrario de las nuevas "políticas agrarias" del gobierno; pero es, también, una muestra de las formas de resistencia de las bases de apoyo zapatistas.
El 3 de mayo de 1999, unos cincuenta priístas de Palestina y Lacanjá llegaron a Viejo Velasco armados con palos, machetes y pistolas, con la intención de desalojar a sus habitantes y de posesionarse de las tierras. Amenazaron con volver acompañados por el ejército federal, y cumplieron su amenaza el 11 de mayo, cuando cincuenta soldados, veinte elementos de seguridad pública y sesenta priístas rodearon la comunidad durante más de trece horas. Muchas familias de Viejo Velasco se vieron obligadas a refugiarse en las montañas durante varios días, sin abrigo ni comida. Las amenazas continuaron, ya que los priístas quieren apoderarse de las tierras que ocupan pacíficamente los ejidatarios de Viejo Velasco, y "por su lado, el gobierno y el ejército quieren chingarlos porque son bases de apoyo del EZLN en su mayoría, igual que en las otras comunidades de la zona que quieren desalojar".
En la madrugada del 21 de julio, un grupo de bases de apoyo del EZLN salió de Viejo Velasco hacia la carretera internacional Palenque-Marqués de Comillas, "para vender xate y conseguir un poco de dinerito para comprar su jabón o aceite". Ahí fueron detenidos por una camioneta gris Chevrolet pick up, en la que venían ocho policías de Palestina a las órdenes de los priístas Carlos López Díaz y Ricardo López Sánchez, quienes tomaron prisioneros y amarraron a tres zapatistas: Jesús López Hidalgo, Pedro Gómez Aguilar y el anciano Pedro López Hernández.
Los secuestrados fueron trasladados a Nueva Palestina y entregados a la policía de seguridad pública. Estuvieron prisioneros durante cuatro días
en una cárcel inundada llena de mierda de los presos, orines y basura, donde no se podían sentar ni dormir, ni les dieron agua ni alimento. Mientras estuvieron ahí encerrados, los dieciséis priístas que salieron anteriormente de la comunidad de Viejo Velasco les inventaron muchos delitos a estos tres compañeros. Se juntaron los priístas y redactaron un documento en el que hacían que los detenidos aceptaran una multa y donde los pobladores de Viejo Velasco se comprometían a desalojar sus tierras en ocho días, este sábado 31 de julio.
Los priístas que acusaron a los zapatistas habían huido tiempo atrás de la comunidad, ya que eran responsables de una serie de delitos graves. Carlos López y Ricardo López abandonaron Viejo Velasco desde 1998, después de atacar a tres niños, de balacear a dos personas que trabajaban en su milpa y de prender fuego a seiscientas matas de caoba y cedro que había sembrado la comunidad. Días más tarde, trataron del volver al pueblo, "pero ya no los dejaron entrar, pues ya era muy grave lo que hicieron y llevan años causando problemas, por lo que comenzaron a acusar a las bases de apoyo por tales daños".
Con el apoyo de la policía, los priístas cobraron venganza. Acusaron a las bases de apoyo del EZLN de los delitos que ellos mismos habían cometido y les exigieron un pago de treinta mil pesos de "multa". Reclamaban, también, que los zapatistas se comprometieran a desalojar sus tierras, para apoderarse de ellas. Cuando los familiares de los campesinos secuestrados acudían a pedir información, les exigían el pago de la multa y los amenazaban con detenerlos también. "Los compañeros y familiares sabían que no tenían delito, por lo que respondían que no iban a pagar algo que no han hecho y mucho menos a dejar sus tierras". El 23 de julio, por la tarde,
dejaron salir al viejito Pedro López Hernández de setenta y cinco años de edad. Lo amenazaron y le dijeron que si no regresaba con el dinero pronto iban a llevar a la cárcel a sus compañeros, o quizá los matarían. Pedro pidió un poco de dinero para el pasaje porque la comunidad está lejos; estaba casi desmayado del castigo y estaba lloviendo mucho. Durante largo rato se burlaron de él y le dieron cinco pesos que no sirven para el pasaje. Sus compañeros sólo alcanzaron a ver que se fue rodeado de priístas y hasta la fecha no se sabe nada del viejito Pedro, si lo secuestraron, si lo mataron o se perdió en el camino.
Como don Pedro no regresó, los otros dos detenidos fueron obligados a firmar un acta donde se comprometían a pagar los treinta mil pesos y a desalojar su ejido, junto con todos los demás habitantes de la comunidad de Viejo Velasco. El comandante de la policía y los priístas les decían que los iban a matar y a tirar al río, hasta que "los compañeros ya no pudieron resistir por tanto sufrimiento y terror que tenían en su corazón y firmaron el acta".
Cuando Jesús López y Pedro Gómez fueron liberados y regresaron por fin a Viejo Velasco, informaron a la comunidad lo que había ocurrido y entre todos emprendieron la búsqueda del viejito Pedro, pero no lo encontraron. Cuando sus familiares volvieron a Palestina para preguntar por él, sólo encontraron nuevas amenazas de los priístas, quienes trataron de obligarlos a firmar el acta de desalojo.[24]
Como se puede apreciar en este relato, la política agraria gubernamental no tiene nada que ver con la protección de la reserva de la biosfera de Montes Azules. Por el contrario: la policía y el ejército protegen a quienes incendian los bosques y castigan a quienes los reforestan; alientan las agresiones impunes en contra de los niños y los ancianos, y provocan el despojo de tierras y la destrucción sistemática del tejido social. Los zapatistas del año 2000, por su parte, recuperan las historias de resistencia de sus padres: de quienes fundaron los ejidos de la selva y de quienes iniciaron la lucha por la desaparición de las fincas.
Notas:
Discurso de la indígena Mayra ante la caravana Reencuentro de Rebeldías, Aguascalientes III de Francisco Gómez, Chiapas, México, agosto de 1998. Los fragmentos de los comunicados de las comunidades y los municipios rebeldes zapatistas que se presentan en este texto fueron tomados de las publicaciones que hace en la red la Organización No Gubernamental Enlace Civil, y pueden ser consultados en su página quincenal: http://www.laneta.apc.org/enlacecivil, o bien solicitados a enlacecivil@laneta.apc.org.
Al narrar las incursiones del ejército federal durante la conmemoración del 10 de abril, uno de los hombres mayores, de evidente autoridad, dice que no recuerda desde cuándo viven los choles en esas tierras: "su memoria de la comunidad se pierde en los abuelos de sus bisabuelos, que ya vivían aquí". También explicó, con "desarmante sencillez", por qué celebraban a Zapata: "Recordamos a esa persona porque luchó por los pobres. Lo sentimos mucho su muerte, por eso hicimos la celebración". Hermann Bellinghausen, "Resistiremos la presión militar pacíficamente: choles de Jolnixtié", La Jornada, 14 de abril de 1999.
Declaraciones publicadas por La Jornada, 15 de septiembre de 1999, p. 8.
Entrevista realizada con pobladores de la Colonia La Mendoza, municipio de Chanal, en febrero de 1994.
"Los habitantes del Paraje La Mendoza del Municipio de Chanal, Chiapas, damos a conocer los hechos ocurridos el día 6 de febrero". Texto firmado "atentamente: La Comunidad".
Municipio Autónomo Miguel Hidalgo, 15 de abril de 1999.
"Ley Agraria Revolucionaria", tomada de El Despertador Mexicano, órgano informativo del EZLN, n. 1, México, diciembre de 1993, y publicada en EZLN. Documentos y comunicados, 1° de enero-8 de agosto de 1994, Era, México, 1994.
"Presentación de los documentos", publicado en San Andrés. Razón y corazón indígena en el nacimiento del milenio, Juan Pablos Editor y Centro de Reflexión Teológica, México, 1998, pp. 29-30.
"Resultados de la consulta del EZLN a las comunidades zapatistas sobre los documentos finales de la Mesa Uno del Diálogo de San Andrés Sacamch’en de los Pobres". En Luis Hernández Navarro y Ramón Vera (comps.), Acuerdos de San Andrés, Era, México, 1998, pp. 49-51.
Texto del Municipio Autónomo Ernesto Che Guevara, "Sello: Parlamento Regional Autónomo. Sede: Moisés Gandhi, Zona Tzotz Choj", enero de 1999.
Carta de denuncia de los representantes de las comunidades autónomas de San Juan de la Libertad, Chiapas, 23 de julio de 1999.
"Hoy 23 de agosto de 1999, miles de hombres, mujeres, jóvenes y ancianos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de los distintos municipios de nuestro estado de Chiapas, nuevamente nos vimos obligados a movilizarnos para llegar hasta esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de protestar y condenar la actitud guerrerista de los ilegítimos gobiernos de Ernesto Zedillo y de Albores Guillén, que no se cansan de atacar a nuestras comunidades indígenas." Discurso de los coordinadores de la manifestación.
Alejandra Aquino y Korinta Maldonado, La lucha por la tierra en una comunidad de la Selva Lacandona, tesis para optar al título de licenciadas en Etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, 1998.
Ibid., pp. 39-46.
Denuncia de San José del Río, Municipio Autónomo San Pedro de Michoacán, firmada por "las autoridades de los pueblos arriba mencionados", 23 de abril de 1999. Al final, agregan una posdata: "P.D. Nuestros terrenos colindan con Vicente Guerrero por la línea que está marcada y dividida por una línea de alambre de púas, que es donde de por sí nos hemos respetado y donde nos seguiremos respetando".
Denuncia presentada el 5 de marzo de 1998 por Absalón Morales.
"Comunicado del Consejo Municipal Autónomo de Polhó en resistencia", del 30 de octubre de 1998, que concluye con el lema: "La tierra es para quienes la trabajan: por un gobierno de los trabajadores".
Acta de denuncia levantada el 2 de marzo de 1999 por "los ejidatarios, jóvenes y mujeres que hace un año fuimos desalojados de la comunidad por el motivo de la Resistencia", del Ejido Agua Blanca.
Denuncia de las mujeres de la comunidad Emiliano Zapata, del Municipio Autónomo Tierra y Libertad, mayo de 1998.
Denuncias de incursiones militares, nuevos desplazamientos de población y grupos paramilitares en el Municipio Autónomo Tierra y Libertad.
"Siendo las 17:20 horas de la tarde del día 8 de abril de 1999 nos reunimos en una asamblea General ordinaria, todos los habitantes de Taniperla, municipio de Ocosingo, estado de Chiapas, México; ejidatarios de la primera dotación, señoras y señores, jóvenes y señoritas mayores de edad, en el lugar acostumbrado." Firman el Comisariado Ejidal, Consejo de Vigilancia y Agente Auxiliar Municipal del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón; y se anexan cuatrocientas cuarenta y ocho firmas y huellas dactilares de hombres y mujeres asistentes a la Asamblea.
Consejo Autónomo. Desde alguna comunidad del Municipio Autónomo en Rebeldía Ricardo Flores Magón, Chiapas, México, 5 de julio de 1999.
Consejo Autónomo del Municipio Autónomo en Rebeldía Ricardo Flores Magón, Chiapas, 30 de julio de 1999.
Tomado del Comunicado del Consejo Autónomo Ricardo Flores Magón del 19 de agosto de 1999, y del Comunicado de las Comunidades en Resistencia del Municipio Autónomo en Rebeldía Ricardo Flores Magón, 9 de agosto 1999.
Revista Chiapas
http://www.ezln.org/revistachiapas
http://membres.lycos.fr/revistachiapas/
http://www33.brinkster.com/revistachiapasChiapas 9
2000 (México: ERA-IIEc)
