A pocos meses de terminar, el gobierno actual se encuentra atrapado en sus incumplimientos. Los compromisos contraídos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no han podido llevarse a término y el tiempo se acaba. Los Acuerdos de San Andrés son el emblema de la falta de credibilidad de un gobierno que se compromete, firma y no cumple. La ilegitimidad social del régimen aumenta día con día y las evidencias de su incapacidad para gobernar una sociedad que se ha intentado desestructurar en todas sus partes son constantes. La privatización, y por supuesto la extranjerización de los mecanismos de control la economía y del territorio son todavía incompletos y no satisfacen los requerimientos internacionales, pero el actual gobierno parece empeñado en finalizar la tarea antes de entregar el puesto. Falta el petróleo, la electricidad, la educación, la totalidad del sistema bancario y financiero y, quizá ya más tarde, la biodiversidad.
A pesar de la presión de los grandes poderes internacionales, del empeño del gobierno y de los embates del neoliberalismao, la verdad es que si las privatizaciones no han sido posibles es porque la sociedad está en resistencia.
Más allá de las especificidades de las luchas particulares, hay una conciencia antineoliberal de resistencia a la exclusión y al empobrecimiento masivo, a la aculturación y al vaciamiento de sentido, que empieza a construir los entramados de una soberanía popular renovada.
Así ocurrió en Amador Hernández, cuando indígenas, estudiantes y defensores de derechos humanos, en una nueva comunidad, impiden el paso de los soldados y los llaman a la desobediencia; lo mismo en El Mexe, donde los jóvenes normalistas, junto con los pobladores del lugar, dieron una lección de civilidad y autodeterminación al castigar con la vergüenza a sus represores, recordándonos el juicio zapatista al general Absalón Castellanos. Algo similar sucede en Yalálag, en los Loxicha, y en otras comunidades de Oaxaca donde el hostigamiento del gobierno y sus diferentes cuerpos policiaco militares o la actuación impune y arbitraria de los caciques están siendo contestados con la convicción de que es ahora o no será. Así acontece desde el 20 de abril de 1999 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la huelga más larga y difícil que se haya conocido en el más importante centro de preservación, creación y difusión del conocimiento multicultural y diverso del país.
La defensa del derecho fundamental a la educación del pueblos de México ha sido protagonizada por el movimiento social de mayor envergadura desde el levantamiento zapatista del 1° de enero de 1994. Uno en el ámbito urbano, otro en el rural: ambos rebeliones antineoliberales. Los zapatistas fueron capaces de generar las condiciones para la constitución de un nuevo sujeto colectivo que llevó a la firma de los Acuerdos de San Andrés; el gobierno en cambio mostró su incapacidad al no cumplir la palabra empeñada, hace ahora cuatro años. Un Estado incapaz de generar consensos tiene que imponerse mediante el uso de la fuerza, decían nuestros viejos libros de sociología, y así como en Chiapas el incumplimiento de la palabra y la militarización (y paramilitarización) han suplido la falta de razones, en la UNAM su correspondiente fue el uso de la Policía Federal Preventiva, violando la autonomía y todos los principios universitarios.
No hay nada más lesivo para una sociedad que tener a sus estudiantes presos por defender sus ideas. En un primer momento, llegó a haber mil estudiantes presos. A algunos se les negó la libertad provisional por atribuírseles peligrosidad social.
¿Puede ser un peligro social defender el derecho a la educación en contra de los dictados del Banco Mundial? Las políticas neoliberales, que tienden a la fragmentación y desestructuración de la sociedad, ¿no son, ésas sí, un auténtico peligro para nuestra sociedad?
La comunidad universitaria no podrá reconstituirse nunca mientras tenga uno solo de sus miembros en una prisión. La atribución de peligrosidad social aplicada a los estudiantes es un atentado contra la inteligencia y la razón.
Revista Chiapas
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Chiapas 9 2000 (México: ERA-IIEc)
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