Chiapas
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Eduardo M. Basualdo
La crisis actual en Argentina: entre la dolarización, la devaluación y la redistribución del ingreso
Presentación
Eduardo Basualdo,
La crisis actual en la Argentina: entre la dolarización, la devaluación y la redistribución del ingreso
Edur Velasco Arregui,
Asia Central en el siglo XXI y los movimientos de larga duración en la economía mundial
Enrique Rajchenberg,
La rebelión de la memoria. Entrevista con Mauricio Fernández Picolo
Myriam Amparo Espinosa,
Contraste entre miradas colonizadoras y subalternas sobre el Plan Colombia
José Seoane,
Crisis de régimen y protesta social en Argentina
DEBATE
Raúl Zibechi,
Poder y representación: ese estado que llevamos dentro
Ana Esther Ceceña, Adriana Ornelas y Raúl Ornelas,
No es necesario conquistar el mundo, basta con que lo hagamos de nuevo nosotros hoy
Jérôme Baschet,
¿Los zapatistas contra el imperio? Una invitación a debatir el libro de Michael Hardt y Toni Negri
PARA EL ARCHIVO
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Argentina
Este mundo de la injusticia globalizada
Claudia Korol,
Las palabras nuevas de los piqueteros
Cachito,
Los hijos del Cordobazo. Crónica desde el Gran Buenos Aires
León Rozitchner,
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La dictadura militar de 1976: la interrupción de la sustitución de importaciones y el nuevo patrón de acumulación
La actual crisis argentina basada en una inédita, por lo prolongada, depresión económica que confluye con colapso social y la emergencia de una profunda crisis del sistema político sólo puede ser comprendida a partir de las transformaciones impuestas en el patrón de acumulación por la dictadura militar. Se trata del remplazo de la industrialización sustitutiva por otra dinámica que puede caracterizarse como de valorización financiera.[1]
Durante el periodo comprendido entre 1958 y 1976, la producción industrial es la actividad central y dinámica de la economía, y su realización se concreta prioritariamente en el mercado interno. En esa etapa el núcleo del capital concentrado está constituido básicamente por empresas industriales oligopólicas de origen extranjero, que lideran sus respectivas actividades. A su vez, al ser la producción industrial destinada al mercado interno la actividad más relevante de la economía y de la cúpula empresarial,[2] la concentración del ingreso se ve limitada estructuralmente porque los salarios no sólo son un elemento de los costos, sino también un componente relevante de la demanda interna. Consecuentemente, todas las fracciones del capital industrial, e incluso la clase trabajadora, coinciden en la necesidad de abaratar los productos agropecuarios, limitando la renta de ese sector, puesto que la reducción del precio de estos productos posibilita disminuir el costo del trabajo o elevar los salarios reales, o combinar en alguna medida ambos efectos. Esto da origen a la pugna urbano-rural que es característica de esta etapa del desarrollo económico argentino, particularmente aguda en la medida que la producción agropecuaria genera las divisas que son indispensables para sostener las importaciones que demanda el proceso de industrialización (Diamand, 1988; Braun y Joy, 1968; Nochteff, 1994).
Sin embargo, el empresariado industrial está lejos de ser un conjunto homogéneo y, por el contrario, en su interior también se despliegan profundas disputas que están vinculadas con el tipo de producción y los diferentes sectores sociales que las demandan. Mientras que las empresas transnacionales jerarquizan el salario como costo, porque el núcleo central de su demanda está compuesto por los sectores de mayores ingresos, las empresas locales le dan mayor importancia como factor de demanda porque son, principalmente, productores de bienes de consumo básico y masivo. Esta diferenciación de intereses dentro del sector empresarial plantea la primera base de sustentación para la alianza entre la fracción local del empresariado industrial y los asalariados, alianza "defensiva" (O’Donnell, 1977) cuyo poder bloquea la posibilidad de un acuerdo perdurable entre las empresas transnacionales y el capital agrario, sobre la base de una reducción de los salarios y de una acelerada concentración en el ingreso, hecho que posibilita el mantenimiento del patrón de acumulación más allá de los cambios coyunturales en las alianzas a que da lugar el desarrollo del ciclo económico.
A este rasgo estructural se le agrega otro igualmente trascendente. El control extranjero sobre la producción industrial tiende a subordinar el comportamiento estatal, restringiendo su capacidad tanto para orientar el proceso de acumulación de capital y la generación de tecnología, como para imponer una integración del sistema industrial desvinculado de la importación de bienes por parte de las subsidiarias extranjeras. Impide, asimismo, la posibilidad de acceder al mercado externo de productos manufacturados debido a las limitaciones que le imponen las casas matrices a sus filiales radicadas en el país. El dominio que ejerce el poder transnacional aparece entonces como el obstáculo fundamental para lograr un desarrollo acelerado que sea controlado nacionalmente, reforzando, de esta manera, la consolidación de la alianza policlasista.
Durante la industrialización sustitutiva predomina además la concentración de la producción sobre la centralización del capital.[3] El afianzamiento de las firmas extranjeras en la producción metalmecánica, química y petroquímica -que son las ramas industriales más dinámicas y de mayor rentabilidad en esos años- implica el desplazamiento de un nutrido conjunto de empresas locales. Pero la implantación y reproducción del capital transnacional no sólo impulsa la concentración de la producción sino que tiende, además, a reproducir ese mismo proceso en términos de la redistribución del ingreso. La expansión de las empresas extranjeras está ligada a la consolidación de un patrón de consumo que en países de ingresos medios, como es el caso de Argentina, se vincula a la demanda de los sectores sociales de mayores ingresos (Cimillo, Khavisse, Lifschitz y Piotrovsky, 1972). Esta convergencia de la concentración económica con la concentración del ingreso, al afectar al empresariado local y a los asalariados, es otro de los factores que impulsa la constitución y la perdurabilidad de la alianza policlasista.
En síntesis, tanto la inserción productiva de las empresas locales y extranjeras como la subordinación del estado y la tendencia a la concentración económica y la redistribución regresiva del ingreso que impulsa el patrón de acumulación dominante durante la segunda etapa de la industrialización sustitutiva, hacen que el dominio que ejerce el capital transnacional aparezca como el principal obstáculo para un desarrollo acelerado bajo control nacional. De allí entonces que la principal línea de contradicciones se establezca -en condiciones que la relación de fuerzas excluye la posibilidad de éxito de una alianza perdurable entre el capital transnacional y el gran capital agrario y sus aliados a fin de sustituir el patrón de acumulación- entre el capital extranjero y los sectores nacionales que constituyen la alianza policlasista. La oligarquía agropecuaria pampeana, por su parte, queda en una situación de aislamiento y enfrentada con todos ellos, lo que da lugar a las transferencias de recursos intrasectoriales que sustentan ese patrón de acumulación.
Las transformaciones impulsadas por la dictadura militar determinan la interrupción del proceso sustitutivo en el marco de un profundo cambio en la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, y, a partir de éste, entre las diversas fracciones del capital, hecho que se traduce en las modificaciones que experimenta la composición y el comportamiento de la cúpula empresarial.
La posición dominante pasa a ser asumida por los conglomerados extranjeros y un conjunto de grupos económicos locales.[4] En ambos casos, se trata de capitales que están insertos en una multiplicidad de actividades, donde sus firmas controladas y/o vinculadas ejercen un poder oligopólico y su desempeño se encuentra crecientemente independizado del resto de la economía, tanto por la índole de los mercados en los que actúan como por la internacionalización financiera que concretan a través de la transferencia de recursos locales al exterior.
A su vez, el comportamiento económico de la cúpula empresarial pasa a estar signado por una serie de características que, con distinta importancia según los periodos, están presentes a lo largo de las últimas décadas: la transferencia de recursos estatales y de los activos públicos hacia el capital concentrado interno; la obtención de ganancias extraordinarias vinculadas a su poder oligopólico en la producción de bienes y la prestación de servicios; la exportación de productos vinculados a las ventajas comparativas naturales y la realización en el mercado interno de aquéllos demandados por los sectores de altos ingresos; la valorización financiera resultante del vertiginoso endeudamiento externo, que deviene un factor decisivo para la consolidación del capital concentrado a lo largo de ambas décadas.
Este cambio en la composición y el comportamiento de la cúpula refleja la impotencia de la alianza defensiva policlasista para defender un patrón de acumulación ligado al consumo de los asalariados y donde la industria revista un papel decisivo. El proceso de acumulación se consolida entonces con base en la disminución de los salarios reales y en la concentración del ingreso, lo cual garantiza el incremento de las exportaciones de productos primarios, aumenta la producción de los bienes demandados por los sectores de altos ingresos y expande la valorización financiera tanto como lo permite el crecimiento del endeudamiento externo. Desaparecidas las condiciones económicas, políticas y sociales que le otorgaban a la alianza entre los sectores nacionales un poder de veto decisivo, el salario pierde cada vez más trascendencia como un factor de la demanda, incidiendo estructuralmente, sobre todo, como un costo de producción que es necesario reducir para garantizar la reproducción del capital concentrado.
La progresiva consolidación del nuevo patrón de acumulación supone una profunda "desindustrialización" (que se expresa en la caída de la importancia relativa de esta actividad, en un creciente perfil manufacturero ligado a actividades ubicadas en las primeras etapas productivas y en una generalizada disminución del grado de integración nacional),[5] resultante no sólo de la reducción en el consumo de los bienes industriales de consumo masivo, sino también de una política de apertura y liberalización financiera que empuja a la disgregación de los capitales nacionales que confluían en la alianza policlasista. De allí que muchos de ellos desaparezcan, mientras que otros son desplazados hacia la comercialización y el resto queda fuertemente subordinado a la lógica del capital concentrado interno. También exige una redefinición del estado, en la medida que su estructura y funciones reflejan aún la cristalización de la anterior relación de fuerzas sociales.
La disolución de la alianza entre los sectores nacionales y el nuevo comportamiento del núcleo central del capital concentrado posibilita asimismo dar por terminado el aislamiento anterior del sector agropecuario y las pugnas entre los sectores urbanos y rurales. El estancamiento productivo del agro pampeano, típico de la industrialización sustitutiva, es remplazado por una tendencia expansiva de la producción y de la productividad que se basa en cambios sustantivos tanto en la tecnología incorporada y el proceso de trabajo como en una modificación de la composición de la producción agropecuaria.
Esta recomposición de la producción se articula férreamente con las distintas transformaciones económicas globales que impulsa el nuevo proceso de acumulación dominante. Por un lado, las nuevas tendencias productivas están estrechamente vinculadas con la creciente expansión de la exportación de bienes primarios con ventajas comparativas naturales y con la notable disminución relativa del consumo asalariado. Por otra parte, todo parece indicar que la disolución, o la profunda alteración, del comportamiento tradicional de la producción pampeana basado en el "ciclo ganadero" está directamente relacionada con la consolidación de la valorización financiera. El comportamiento sectorial, especialmente el de los terratenientes pampeanos, ya no se define exclusivamente por la relación de precios agrícolas y ganaderos, sino que ahora se les agrega la tasa de interés. La existencia de tres precios relevantes -y no solamente dos: el agrícola y el ganadero- hace que en determinadas etapas (por ejemplo, a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta) se canalice una parte sustancial de la renta hacia distintas formas de valorización financiera.[6]
En síntesis, ahora, el sector agropecuario, al mismo tiempo que se expande, se articula de una forma heterogénea con el proceso de acumulación dominante y esa articulación se establece fundamentalmente a través de los grandes terratenientes pampeanos. Estos últimos logran superar el poder oligopólico de los sectores industriales y comerciales que integran los complejos agroindustriales gracias a una notable capacidad de negociación que les permite eludir, apoyados en un acelerado proceso de concentración y transformación de la producción, la principal restricción sectorial: el nivel de los precios y el acceso a los mercados internacionales. El resto de los productores, al no contar con esos atributos, apenas sobreviven o son expulsados de la actividad. De esta manera, el capital más concentrado y diversificado pasa a hegemonizar un nuevo bloque en el poder que incorpora a las distintas fracciones del gran capital.
La centralidad del endeudamiento externo en el nuevo patrón de acumulación a partir de la dictadura militar
La dictadura interrumpe la industrialización sustitutiva e impone un comportamiento nuevo que está basado en la valorización financiera. Como ya fue dicho, se trata de un proceso que impone un nuevo funcionamiento tanto macroeconómico como de las empresas y compromete al conjunto de las actividades económicas. Por cierto, no se trata de un fenómeno excepcional a nivel internacional a no ser por el grado de exacerbación que alcanza la valorización financiera en Argentina.
Quizá el contenido del nuevo patrón de acumulación quede menos abstracto analizando las características de esta modalidad de funcionamiento de la economía argentina. El predominio de la valorización financiera comienza cuando la reforma financiera de 1977 converge con la apertura en el mercado de bienes y de capitales, porque a partir de allí los productos importados erosionan, vía precios, la producción interna y, mediante la apertura financiera, irrumpe el fenómeno del endeudamiento externo ya no sólo del sector público sino también del sector privado, específicamente del capital oligopólico (Basualdo, 2000).
El endeudamiento externo es un factor fundamental para el establecimiento de la valorización financiera. Para entender esta relación es necesario analizar cómo opera la deuda externa del sector privado y del sector público. Los grupos económicos locales y las empresas transnacionales no se endeudan para realizar inversiones productivas, sino para obtener renta mediante colocaciones financieras, en tanto la tasa de interés interna supera largamente la tasa de interés internacional, para finalmente remitir los recursos al exterior y reiniciar el ciclo. Por eso, en Argentina la otra cara de la deuda externa es la fuga de capitales locales al exterior.
En este proceso, el papel del estado es fundamental, por lo menos, por tres motivos:
a través del endeudamiento interno mantiene una elevadísima tasa de interés en el sistema financiero local, respecto a la vigente en el mercado internacional;
mediante la deuda externa, es quien provee las divisas que hacen posible la fuga de capitales;
asume como propia la deuda externa del sector privado, incorporando una nueva transferencia de recursos a las existentes que ya comprometían muchos miles de millones de dólares.
Debido al comportamiento que asume el endeudamiento del sector privado y del sector público, la deuda externa y la fuga de capitales mantienen una relación causal que se expresa en la evolución de ambas variables. Así, por ejemplo, tal como se verifica en el gráfico 1, en el año 1983 la deuda externa alcanza 46 mil millones de dólares y la fuga de capitales 35 mil millones de dólares, cuando a mediados de los setenta eran de solamente 13 y 11 mil millones de dólares respectivamente (Basualdo y Kulfas, 2000). Por supuesto, entre ambas fechas no median únicamente diferencias cuantitativas sino modificaciones cualitativas porque durante la sustitución de importaciones la salida de capitales no está vinculada al endeudamiento externo, como ocurre a partir de 1979, sino, principalmente, a la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones.
Ahora bien, en este contexto, es fundamental señalar que los recursos que se transfieren al exterior durante la valorización financiera no se originan en la deuda externa sino en la brutal redistribución del ingreso en contra de los asalariados que puso en marcha la dictadura desde el mismo momento del golpe militar de 1976. Es indudable que los principales perjudicados por el nuevo funcionamiento de la economía argentina son los trabajadores. Pero los beneficiarios no son todos los empresarios sino un número muy reducido de ellos, que tienen un creciente poder en la sociedad argentina. Se trata de un conjunto de grupos económicos locales, hoy conocidos por su tránsito por las empresas privatizadas como Pérez Companc, Macri, Loma Negra, Roggio, etcétera, junto a otro conjunto restringido de conglomerados y empresas extranjeras (Techint, Bemberg, algunas empresas automotrices, etcétera), y finalmente la banca local y acreedora.
La notable importancia que asume esta etapa fundacional para los sectores dominantes se expresa en la organicidad que exhiben los cuadros que conducen las etapas clave en la imposición del nuevo patrón de acumulación. Se trata de "intelectuales orgánicos" que no guardan relación con el sistema político sino que provienen y actúan dentro del establishment económico y social de nuestro país, como es el caso de Martínez de Hoz o de Roberto y Juan Alemann. Sin embargo, la ofensiva de los sectores dominantes también involucra una serie de iniciativas para nuclear y formar cuadros propios que le garanticen el diseño e instrumentación de las enormes transformaciones que implicaba el desarrollo de la valorización financiera como nuevo eje del patrón de acumulación interno. Así, por ejemplo, en 1977, se instala en Córdoba la Fundación Mediterránea, bajo la dirección de Domingo Cavallo, que responde en sus inicios, principalmente, a la iniciativa de una empresa agroindustrial cordobesa, Arcor, que durante la dictadura se constituye en uno de los grandes grupos económicos locales con plantas industriales en distintas provincias instaladas con los recursos estatales canalizados hacia el capital oligopólico a través de los distintos regímenes de promoción industrial (Azpiazu y Basualdo, 1989). En consonancia con la implantación de su principal auspiciante de esos años, la Fundación Mediterránea tiene una estrategia novedosa, encaminada a expandirse desde el interior hacia Buenos Aires, que la diferencia del otro pilar dominante: la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas -FIEL-, creada en 1964 y sustentada exclusivamente en los intereses portuarios.[7] Junto a ellas, por sus aportes al proceso de destrucción nacional, se encuentra el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina -CEMA- creado en 1979, quizá para festejar su primer aporte sustancial al proceso dictatorial: la famosa "tablita de Martínez de Hoz".[8]
A partir de 1982, se inicia en América Latina lo que se conoce como la "crisis de la deuda externa". Comienza con la moratoria mexicana y se caracteriza por una sistemática escasez de financiamiento externo para los países de la región. Argentina sufre esta restricción y a lo largo de esos años tendrá un comportamiento que oscila entre el estancamiento y la crisis económica, con una severa restricción en la formación de capital vinculada a la fuga de capitales al exterior (ver nuevamente el gráfico 1). Durante esos años se consolida estructuralmente la valorización financiera y, en consecuencia, el proceso económico es conducido por los grupos económicos locales, los conglomerados extranjeros y la banca acreedora. Estos sectores se expanden y consolidan económicamente sobre la base de una redistribución de ingresos que es posible debido a los recursos que pierden los asalariados, de una manera directa porque se reducen sus ingresos, e indirectamente por el carácter crecientemente regresivo de la estructura impositiva y la orientación que asumen las transferencias estatales.
Sin embargo, no todos los integrantes del establishment inciden y se apropian de los recursos económicos, que se les sustraen a los sectores populares, de la misma manera y en la misma magnitud. En efecto, el rasgo peculiar de esta etapa, que se caracteriza por el estancamiento y la escasez de financiamiento internacional, consiste en el notable predominio que ejercen los grupos económicos y algunos conglomerados extranjeros, en detrimento de los acreedores externos, sobre el funcionamiento del estado y el destino del excedente.[9]
Respecto a los procesos que se registran durante la década de los años ochenta se puede afirmar que, dados los elementos señalados, no caben dudas acerca de que el endeudamiento externo se constituyó en una de las problemáticas centrales de la sociedad argentina. Pero, al mismo tiempo, el nuevo funcionamiento económico también indica que su indudable importancia no radicó solamente en la magnitud de los recursos que se remitieron al exterior para pagar los intereses que se adeudaban a los acreedores externos sino, primordialmente, en la capacidad que les otorga a los grupos económicos y los conglomerados extranjeros que tenían un comportamiento económico centrado en la valorización financiera, para ser los destinatarios principales de los ingentes ingresos que perdieron los asalariados debido a las políticas que instrumentó la dictadura militar.
La mayor influencia relativa del capital concentrado respecto a los acreedores externos, que se percibe cuando se considera el conjunto de las transformaciones que produjo el endeudamiento externo, incluso se confirma analizando exclusivamente el comportamiento del propio sector externo de la economía argentina. En efecto, circunscribiendo la atención a ese aspecto, se comprueba que los pagos derivados del endeudamiento externo -que son los recursos que perciben los acreedores externos- no constituyeron la única ni la más importante transferencia al exterior, ya que la misma fue similar, o incluso más reducida, que la fuga de capitales que llevaron a cabo los grupos económicos y las distintas facciones del capital extranjero. El predominio del capital concentrado es más nítido si se tiene en cuenta que los acreedores externos fueron afectados por una moratoria de hecho, ya que los pagos se suspendieron en 1988 y recién se reanudaron en 1990, mientras que las ingentes transferencias del estado a los grupos económicos y los distintos tipos de capital extranjero continuaron a lo largo de todo ese periodo (Basualdo, 2000).
Sin embargo, la situación de los acreedores externos de Argentina hacia fines de la década de los ochenta no deja de ser paradójica. Es indudable que, a través de los organismos internacionales de crédito, tenían la capacidad para delimitar las características globales de la política económica. No obstante, también hay claras evidencias de que las condiciones específicas que adoptan las políticas estatales estaban fuertemente influidas por los intereses particulares del capital concentrado interno. Esto determina que los acreedores externos sólo logren una participación secundaria en la redistribución del excedente interno, situación que alcanza su punto culminante en mayo de 1988, cuando Argentina asume una moratoria externa de hecho, al suspender el pago de las obligaciones vinculadas a su endeudamiento con el exterior.
Esta contradicción entre el capital concentrado interno y los acreedores externos va a incidir acentuadamente en el estallido de la crisis hiperinflacionaria de 1989. Tanto es así que los bancos extranjeros son los que inician, en febrero de dicho año, la "corrida" en el mercado cambiario, desatando la primera crisis hiperinflacionaria que termina con el gobierno constitucional del radicalismo, adelantándose la asunción de la nueva gestión por el peronismo.
No se trata, empero, de un enfrentamiento entre los acreedores externos y una alianza de los sectores nacionales que buscan potenciar un proceso de acumulación de ese mismo signo; se despliega a partir de los intereses encontrados de los acreedores externos y de un capital concentrado interno que está internacionalizado financieramente, y conduce el proceso económico interno subordinando al estado, centralizando el capital y concentrando el ingreso.
En el momento de la crisis, la relación entre el capital concentrado interno y los acreedores externos era compleja, porque involucraba acuerdos y discrepancias. Ambos coincidían en que, para dejar atrás la inédita crisis que afectaba a la economía argentina, se debía acentuar la concentración del ingreso y encarar la privatización de las empresas públicas. Esta última era insustituible para los acreedores externos, como una forma de recuperar, mediante la capitalización (rescate) de los bonos de la deuda externa, buena parte del capital adeudado, pero también era fundamental para el capital concentrado interno porque de esa manera accedería a la propiedad de activos de gran magnitud, que exhibían una elevada rentabilidad potencial.[10] Más todavía si el estado alentaba la transferencia de las empresas privatizadas al capital concentrado y, a la vez, establecía -como lo hizo posteriormente- condiciones para el funcionamiento de los servicios públicos que garantizarían la obtención de ganancias extraordinarias mediante la fijación de precios oligopólicos, el otorgamiento de diversos subsidios y una regulación que -por acción u omisión- beneficiaría a los nuevos consorcios prestadores de esos servicios (Proyecto Privatización y Regulación en la Economía Argentina, 1999).
El papel de la deuda externa durante el Plan de Convertibilidad
Las principales discrepancias entre ambos sectores del capital giraban en torno al destino que debían tener las transferencias estatales y al grado de exposición externa de las diferentes producciones locales. De allí que estas contradicciones se expresen tanto en el tratamiento y en el contenido de la Ley de Emergencia Económica (Ley 23.697) de 1989, cuyo objetivo prioritario era reestructurar el gasto estatal y, en ese sentido, definir las nuevas formas de transferencia de recursos a la cúpula económica, como en la posterior desregulación económica que involucró la liberalización de algunos mercados, la remoción de barreras arancelarias y pararancelarias, la consolidación de múltiples estructuras oligopólicas, etcétera.
Asimismo, como parte de este proceso, desde 1990 en adelante comienza la negociación por el capital y los intereses adeudados a los acreedores externos privados, que culmina en 1992 con la firma del Plan Brady. Mediante este plan se salda la mencionada deuda, se establece un cronograma de pagos que le garantiza a los acreedores externos que no se repetirán en el futuro los incumplimientos de la década del ochenta y se accede nuevamente, en el marco de una acentuada liquidez internacional, a un abundante endeudamiento externo que se incrementa significativamente a partir de allí, tanto por parte del sector público como, especialmente, del propio sector privado.
Una vez que convergen las reformas estructurales con el Plan de Convertibilidad (tasa de cambio fija con peso convertible en dólares) y la negociación del Plan Brady, que pone en marcha un nuevo ciclo de endeudamiento, se inicia la etapa más "brillante" del nuevo patrón de acumulación que abarca desde 1992 hasta fines de 1994. Sobre la base de la sincronía del sistema político y la valorización financiera, se registra un periodo de crecimiento económico en el cual convergen dos procesos complementarios y decisivos (Basualdo, 2000a):
los sectores dominantes no solamente superan las contradicciones que surgieron en la década anterior, sino que el establishment económico adquiere una homogeneidad inédita ya que los grupos económicos, las empresas extranjeras y la banca transnacional constituyen una "comunidad de negocios" sobre la base de su asociación en la propiedad de los consorcios que adquieren las empresas estatales que son privatizadas;
a partir de la superación de la inflación, del nuevo ciclo de endeudamiento externo y de la expansión del crédito interno, se genera un ciclo expansivo del consumo interno que incorpora a vastos sectores sociales, dando lugar a la etapa de mayor consenso social del nuevo modelo de acumulación (Nochteff, 1999).
La conformación de esa "comunidad de negocios" es un hecho inédito porque en ese momento se altera drásticamente el comportamiento tradicional de las empresas transnacionales en el país. En efecto, pese que a nivel mundial ese proceso se registra en los años sesenta y setenta, en Argentina las empresas extranjeras siguen manteniendo un acentuado grado de control sobre el capital de sus subsidiarias locales (Sourrouille, 1976; Azpiazu y Khavisse, 1984; Basualdo, 1984). Si bien a partir de la interrupción de la sustitución de importaciones comienza a modificarse este comportamiento, es recién con la privatización de empresas públicas que se consolidan las asociaciones, asumiendo una importancia desconocida hasta ese momento.
En las postrimerías del primer mandato del peronismo de Menem se interrumpe la onda de crecimiento económico que se había iniciado en 1992 y, al mismo tiempo, comienzan a registrarse alteraciones estructurales muy significativas en la "comunidad de negocios" que se había constituido pocos años antes sobre la base de la privatización de las empresas estatales (Basualdo, 2000a).
Como fue señalado, a partir de la convergencia de las reformas del estado y la desregulación con el Plan de Convertibilidad y el Plan Brady, se genera una etapa de crecimiento económico que culmina en el tercer trimestre de 1994. Durante esos años, caracterizados por una acentuada expansión del consumo interno, se percibe que el crecimiento de las ventas de la cúpula empresarial (las doscientas firmas de mayor facturación) evoluciona de una manera similar a la expansión de la economía en su conjunto. Sin embargo, a partir de la crisis de 1995 se altera ese comportamiento, ya que mientras el PIB a precios corrientes se contrae casi 2%, las ventas de la cúpula crecen muy acentuadamente (8.4%). De esta manera, las grandes firmas recobran en los años noventa uno de los atributos fundamentales que exhibían en la década anterior, y que habían perdido en la crisis hiperinflacionaria de 1989: su independencia del ciclo económico.[11]
La independencia del ciclo que recobra el establishment económico implica que las crisis se descargan sobre el resto de la sociedad con una intensidad que supera en mucho la reducción promedio del PIB. De allí que su correlato durante esta etapa sea un acentuamiento en la concentración de la producción y del ingreso con el consiguiente empeoramiento en las ya comprometidas condiciones de vida de los asalariados debido al abrupto e irreversible deterioro que registraron a partir de la dictadura militar. Sin embargo, es insoslayable destacar que esta profundización de la regresividad distributiva es resultado de la consolidación de nuevos factores estructurales que hacen posible una modificación cualitativa de las condiciones de explotación de la clase trabajadora argentina. En efecto, una somera revisión de las últimas décadas indica que desde 1976 en adelante la desocupación y la subocupación exhiben una tendencia creciente que se agudiza a partir de 1993, para estabilizarse en 1995 en niveles inéditos y alarmantes (ver gráfico 2). La intensidad de este proceso es tal que la desocupación y la subocupación no sólo constituyen los factores principales que impulsan la concentración del ingreso sino que operan como el clásico "ejército industrial de reserva", haciendo posible la reversión de conquistas laborales históricas, precarizando las condiciones de trabajo, deprimiendo el nivel salarial y expandiendo la marginalidad social. De esta manera, el desarrollo de la valorización financiera y del sistema de dominación que la hace posible instaura el fenómeno estructural que deviene en el principal instrumento de disciplinamiento y desmovilización de la clase trabajadora.[12]
La conformación de ese "ejército industrial de reserva" es uno de los resultados derivados de la agudización del proceso de desindustrialización que avanza a partir de la profunda y asimétrica apertura comercial, asentada fundamentalmente en las importaciones de bienes. En términos generales, la política arancelaria establecida durante la convertibilidad se caracteriza por constituirse en un instrumento central de la política de estabilización de precios en el corto plazo y, al mismo tiempo, en un elemento clave tanto para el creciente desplazamiento de la actividad industrial como para la concentración económica y la centralización del capital. La significación de la apertura comercial adquiere una importancia decisiva porque se conjuga con un creciente deterioro del tipo de cambio real, en un contexto en el cual los instrumentos que controlan las prácticas comerciales desleales, como el régimen "antidumping", se aplicaron con discrecionalidad, acentuando las asimetrías derivadas de la propia apertura comercial. Sin lugar a dudas, la conjunción de estos elementos terminó reflejándose en la estructura de precios y rentabilidades relativas e impulsó una inédita destrucción industrial con notables derivaciones en términos de la expulsión de mano de obra y de la inequitativa distribución del ingreso.
Por otra parte, a mediados de la década pasada comienza a diluirse la "comunidad de negocios" que se había constituido en el quinquenio anterior, en un contexto en que se despliegan acentuadas asimetrías en la evolución de los precios internos entre, por un lado, los bienes y servicios no transables con el exterior y los transables protegidos natural o normativamente de la competencia externa, y por otro, los transables; y esa asimetría proviene -entre otros factores- del tamaño de las firmas y de los conglomerados empresarios, así como de su respectivo grado de vinculación con los procesos de privatización. En efecto, hacia mediados de los años noventa se verifica una oleada de transferencias de propiedad que involucran a la totalidad o a una parte del capital de numerosas empresas privadas, entre las que se cuentan varios de los principales consorcios que adquirieron las empresas públicas en los años anteriores. Estas transferencias dan lugar, en términos generales, a un aumento importante de la facturación de las empresas transnacionales y los conglomerados extranjeros, en detrimento de los demás tipos de propiedad, especialmente de los grupos económicos que se habían consolidado durante los años previos. Sin embargo, es imprescindible mencionar que las modificaciones en la propiedad de los activos fijos tienen su correlato en términos de los activos financieros en el exterior de los grupos económicos. Efectivamente, apenas iniciada la fase declinante del proceso privatizador (de 1994 en adelante) se reaviva notablemente la salida de capital local al exterior, basándose, en un primer momento, en la elevada rentabilidad de las grandes empresas, a la cual se agregan posteriormente, definiendo un nuevo salto en el nivel de fuga de capitales, las ventas de empresas y/o participaciones accionarias por parte de la fracción local del capital concentrado.
De esta manera, los elementos de juicio disponibles indican que los grupos mantienen su poder económico obtenido durante el primer quinquenio, pero con una alteración significativa en la composición de su capital, que adopta un signo contrario al de la etapa anterior, en tanto se registra una disminución relativa en la importancia de los activos fijos y un aumento sustancial en la incidencia de los activos financieros, especialmente de los radicados en el exterior. En este contexto, es importante señalar que la nueva estrategia productiva de los grupos económicos consiste en concentrar su capital fijo en las actividades que exhiben ventajas comparativas naturales, específicamente en las tradicionales producciones agropecuarias y agroindustriales así como en la explotación de petróleo y gas.
Por el contrario, el capital extranjero exhibe una evolución opuesta a la de los grupos económicos, la cual no es casual porque son los principales compradores de los activos que enajena el resto del espectro empresario. En términos estrictos, el avance de los conglomerados extranjeros y las empresas transnacionales se origina en dos procesos complementarios: la incorporación de nuevas empresas y la adquisición de empresas ya existentes, así como en el dinamismo de su facturación, especialmente en la comercialización y en la producción automotriz, sector industrial que goza de una protección excepcional.
Los proyectos dominantes alternativos a la convertibilidad: la dolarización y la devaluación
En el marco de la prolongada e inconclusa crisis económica actual, se acentúan las contradicciones dentro de la cúpula económica, provenientes de la creciente heterogeneidad que introducen las modificaciones estructurales del último quinquenio de los noventa. En efecto, a lo largo de la crisis comienzan a perfilarse dentro del establishment dos proyectos alternativos a la convertibilidad, el primero de los cuales es impulsado por la fracción dominante asentada en colocaciones financieras en el exterior y en producciones exportadoras, es decir los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros; mientras que el otro surge de la fracción posicionada en activos fijos o con obligaciones dolarizadas, el sector financiero y los diferentes inversionistas extranjeros que adquirieron empresas y paquetes accionarios durante los años previos.
El proyecto vinculado con los capitales extranjeros tiene como objetivo fundamental la dolarización, concebida como la "fase superior" de la convertibilidad. La misma les garantiza a los capitales extranjeros radicados en el país el mantenimiento del valor en dólares de sus activos, que según estimaciones alcanzan cerca de 120 mil millones de dólares, y al sector financiero que sus deudas no se acrecentarán. El otro proyecto, vinculado a los grupos locales y algunos conglomerados extranjeros, tiene como objetivo fundamental la devaluación y la instrumentación de subsidios estatales para su producción local que es, principalmente, de bienes exportables. Éste produciría efectos contrarios al anterior. Por ejemplo, una devaluación de diez puntos implicaría en términos de dólar, dados los montos de inversión extranjera ya mencionados, que los capitales extranjeros perderían, aproximadamente, el equivalente a lo pagado por Repsol en la compra de YPF (cerca de 13 mil millones de dólares). En el caso de los grupos, se produciría una ganancia por un monto similar, teniendo en cuenta que fugaron al exterior más de 120 mil millones de dólares. Además, es insoslayable destacar que los grupos económicos, a pesar de los activos que vendieron, continúan teniendo importantes inversiones productivas en el país, especialmente en los sectores con ventajas comparativas naturales, como la agroindustria y la producción agropecuaria. Por lo tanto, con una devaluación obtendrían no sólo cuantiosas ganancias patrimoniales en términos de dólares, sino que también aumentarían la facturación y la rentabilidad de sus actividades productivas internas, al ser fuertes exportadores.
Sin embargo, a pesar de la importancia decisiva que alcanzan las modificaciones estructurales del último quinquenio de los noventa, los proyectos alternativos a la convertibilidad contienen elementos mucho más expandibles que involucran al sistema político y a la sociedad civil (Basualdo y Lozano, 2000). Al respecto, hay múltiples evidencias de que los organismos internacionales de crédito, que representan a los intereses extranjeros y específicamente a los estadounidenses, no sólo imponen sus tradicionales políticas de ajuste, dentro de las cuales la dolarización comienza a ocupar un lugar cada día más importante, sino que también vienen impulsando un proceso de "democratización y combate a la pobreza". Desde su interesado punto de vista, estas políticas no serían incompatibles, en tanto la pauperización creciente que caracteriza la situación de los países latinoamericanos no es una de las principales derivaciones de las propias políticas de ajuste, sino un resultado indeseado del comportamiento del sistema político e institucional de los países de la región, que neutraliza los efectos positivos de éstas sobre las sociedades latinoamericanas.
La reformulación del sistema político argentino que proponen los organismos internacionales -y el gobierno estadounidense- está dirigida a replantear algunos de sus rasgos centrales para neutralizar su clara subordinación a la fracción local de los sectores dominantes y a una parte de los conglomerados extranjeros de origen europeo, introduciendo así una nueva dinámica subordinada a sus propios intereses.
Por tanto, esta iniciativa se ubica en las antípodas de la democratización real del sistema político, que es un anhelo de vastos sectores sociales y que impulsan diferentes expresiones de los sectores populares. Sin embargo, la existencia de estas dos iniciativas contrapuestas, la proveniente de los organismos internacionales y la de las organizaciones populares, vuelve más complejo el proceso político porque ambas están presentes en los conflictos que jalonan su cuestionamiento.[13]
La profundidad que alcanza la pretendida reformulación del sistema político, encarada por la que es la indiscutida potencia imperial, puede avizorarse si se tiene en cuenta que la misma compromete la propia organización federal del país. Es conocida la manifiesta intención de los organismos internacionales de crédito de ajustar los presupuestos de las administraciones provinciales, mediante un replanteo de los términos básicos que guían la coparticipación federal, bajo la excusa de los notablemente elevados salarios relativos que perciben los altos funcionarios provinciales. Sin embargo, los objetivos de mediano plazo superan la problemática del ajuste presupuestario, porque de lo que se trata, aunque de manera incipiente aún, es de redefinir la existencia misma de las provincias a través de la fusión de varias de ellas en diversas regiones administrativas, borrando de esa manera las culturas y tradiciones propias, producto de una historia particular. Se trata, en este caso, de compatibilizar la reducción de los costos de las administraciones provinciales con una política tendiente a anular la identidad política, social y cultural, bloqueando la posibilidad de definir una estrategia propia por parte de las provincias que actualmente integran la geografía política del país.
En términos de la pobreza, dichos organismos entienden que las políticas sociales deben ser focalizadas y no generalizadas, "vicio populista" que resulta demasiado oneroso, sobre las manifestaciones más extremas de la pobreza. El sujeto de aplicación de las mismas no son las instituciones estatales sino las entidades de la sociedad civil, las denominadas ONG que son concebidas como las entidades no contaminadas de la corrupción estatal, que están dotadas de conocimientos técnicos y capacidad organizativa para solucionar problemáticas sociales específicas. Así, en tanto el Banco Mundial sostiene "los pobres no tienen información, ni capacidad para procesarla, las ONG deben ser la voz y los ojos de los pobres", resulta claro que dichas entidades deberían remplazar las representaciones que genera el movimiento popular en el proceso de resistencia al nuevo orden establecido a partir de la dictadura militar. En consecuencia, sobre la base de la evidente crisis de la representación que exhibe la sociedad, los organismos internacionales proponen superarla impulsando la disolución de todo lazo entre representante y representado, asumiendo que los sectores populares (hoy denominados pobres), en tanto víctimas del ajuste, son incapaces de tomar decisiones y de participar con autonomía en la definición de su propio destino. Cabe señalar que éste tampoco es un sendero libre de contradicciones y disputas, ya que la dinámica de las ONG realmente comprometidas con el trabajo social las conduce a la posición contraria a la que aspiran los organismos internacionales: en lugar de ser los transmisores de las posiciones del Banco Mundial ante los pobres son los transmisores de los puntos de vista de los sectores populares frente al Banco Mundial.
Por otra parte, la propuesta de la dolarización de la economía interna prevé la inserción internacional del país a través del ALCA, subordinando, de esta manera, al Mercosur como espacio de integración (Arceo, 2001). Cabe señalar al respecto, que si bien la iniciativa continental estadounidense se presenta como un simple acuerdo comercial, en los hechos se trata de una propuesta de integración, en rigor subordinación, económica dado el alcance y la profundidad de las propuestas que contiene.
La otra propuesta que surgió en el seno del bloque dominante, la devaluacionista, se sustenta en los grupos económicos locales y conglomerados extranjeros de origen europeo que están fuertemente asentados en las exportaciones y mantienen ingentes recursos financieros en el exterior. Nuevamente, en este caso, se trata de una propuesta que distorsiona deliberadamente las aspiraciones que están presentes históricamente en los sectores populares. En efecto, el planteo de estos sectores se basa en una lectura interesada ya no del nuevo sistema político que surge a partir de la dictadura militar, como es el caso de los organismos internacionales, sino de procesos de carácter estructural, como es la contradicción que se despliega entre los intereses nacionales y extranjeros, problemática que, por cierto, es central para la construcción de una nación.
En este sentido, se percibe con claridad que estos capitales se plantean a sí mismos como la burguesía nacional que soporta la agresión de los capitales foráneos y de los organismos internacionales que pretenden controlar la producción nacional. De esta manera, estos sectores intentan usufructuar en su favor la importancia que conserva en la identidad popular la alianza policlasista que sustentó al peronismo, reprocesándola en función de sus intereses y pasando por alto (en realidad ocultando) que sus condiciones estructurales poco tienen que ver con una burguesía nacional, ya que están fuertemente asentados en la valorización financiera y cuentan con ingentes recursos en el exterior. A partir de este planteo general, diseñan y reclaman la aplicación de un conjunto de protecciones (mayor control aduanero) y subsidios (fiscales y crediticios) que se articulan con el reclamo de un proceso devaluatorio controlado. En este sentido, las expresiones vertidas por Macri durante 1999 (grupo económico Socma) cuestionando la desindustrialización que vive Argentina,[14] así como las críticas al tipo de cambio fijo y convertible realizadas por Roberto Rocca (conglomerado extranjero Techint) poco antes de celebrarse el Día de la Industria de ese mismo año,[15] fueron los primeros ejemplos expresos de este planteo.
Detrás de la apelación de estos sectores a la cuestión productiva parece ocultarse la preocupación de esta fracción local de los sectores dominantes por recrear las condiciones para potenciar su acumulación de capital. Desde esta perspectiva, la potenciación de su ya significativa incidencia productiva les permitiría un nuevo salto en su acumulación de capital, ya que el mismo se agregaría a sus notablemente elevadas colocaciones financieras en el exterior. De allí que en esta postura se sitúe al crecimiento económico vinculado a una salida exportadora como la pieza clave para solucionar la crisis estructural de la economía argentina, mientras que la desocupación y la pobreza quedan subordinadas al mismo, sin constituir una problemática decisiva en la política económica. Por otra parte, esta estrategia basada en la exportación de bienes que cuentan con ventajas comparativas naturales no sólo presenta un escaso impacto en la ocupación de mano de obra sino que tiende a consolidar bajos salarios, en tanto los mismos pierden su contenido de demanda y operan únicamente como costo que debe reducirse lo más posible.
En esta propuesta, el Mercosur constituye una pieza clave tanto a nivel económico, por la notable incidencia de Brasil como destino de la producción local de bienes primarios, como político, para mantener cierto grado de autonomía respecto a la potencia hegemónica. A diferencia del planteo anterior, donde el ALCA constituye el eje de la proyección continental, en este caso se produciría una revitalización del mercado ampliado a partir de la modificación del tipo de cambio. Proceso que incluso favorecería y tendería a incorporar como sostenedores de la propuesta a varios de los consorcios privatizados que quedaron en manos de capitales extranjeros europeos, en tanto muchas de sus producciones (gas, petróleo, electricidad, etcétera) son potencialmente exportables a los países limítrofes. De esta manera, se le ofrece a una fracción relevante del capital extranjero una transacción que consiste en sacrificar parte del valor de sus activos en dólares a cambio de un incremento de sus ingresos en dólares que provendrían de sus exportaciones. Sin duda, esta última característica está orientada a incrementar la viabilidad de esta propuesta en tanto, potencialmente, tiende a fracturar la propuesta alternativa, incorporando un sector importante en términos económicos.
Este pseudo "proyecto nacional", en tanto apela al crecimiento económico y destaca el papel de los sectores productivos (centralmente exportadores), se dirige a conformar un frente social compuesto por un espectro amplio de instituciones tradicionales, entre las que se encuentran diversos sectores de la burocracia sindical, organizaciones empresariales y los sectores más tradicionales de la iglesia católica, como es el caso de la Comisión de Pastoral Social. Todos ellos, de diversas maneras y con sus peculiares estilos, intentan institucionalizar la propuesta mediante el planteo de la concertación social basado en el esquema tradicional de empresarios-sindicatos-estado, sobre la base de que la restricción central que enfrenta la sociedad argentina son las imposiciones políticas, económicas y sociales de los organismos internacionales.[16]
Esta perspectiva plantea mantener e incluso profundizar el actual sistema político como el instrumento idóneo para neutralizar a los sectores populares. En este sentido, cabe recordar que esta propuesta, en su apelación a muchos de los símbolos centrales que forman parte de la identidad nacional, olvida aclarar que la supuesta "burguesía nacional" que la impulsa (los grupos económicos locales) sostuvo a la dictadura militar y se expandió -y lo sigue haciendo-, sobre la base de la valorización financiera, la desindustrialización, la concentración del ingreso y la fuga de excedente al exterior.
Analizando la naturaleza de las propuestas enfrentadas, se puede percibir que se trata de planteos que no se agotan en la reivindicación de intereses inmediatos sino que tienen un carácter estratégico que, mediante la constitución de una alianza social, busca detentar la hegemonía en la sociedad. Para lograrlo, cada una de ellas integra alguna de las reivindicaciones que sostienen los sectores populares, pero las mismas son vaciadas y reprocesadas en función de los intereses de la respectiva fracción dominante que las impulsa. Así, la vertiente que propugna la dolarización reivindica la necesidad de replantear el sistema político y la lucha contra la pobreza para incrementar la incidencia política de los sectores que la sustentan y asegurar la viabilidad de la dominación. Por su parte, los sectores que impulsan la devaluación enarbolan la necesidad de reactivar la producción y desconocer la deuda externa, consolidando el actual sistema político para poder ampliar su esfera de influencia en la economía real. Este proceso de apropiación y reprocesamiento de ciertas reivindicaciones populares introduce un alto grado de complejidad y confusión que tiene como objetivo oscurecer el hecho de que ninguna de las propuestas dominantes incorpora, ni siquiera insinúa, algún elemento que indique la voluntad de profundizar el proceso democrático mediante la participación popular y la redistribución progresiva de los ingresos, elementos que constituyen ejes centrales de una genuina propuesta popular.
El breve mandato de la Alianza: la irrupción de la movilización social
En el marco de la crisis abierta en 1998, la intensa pugna entre las propuestas alternativas originadas a partir de la fractura del establishment económico se expresa con inusitada intensidad en la gestión gubernamental de De la Rúa y en el conjunto del sistema político. El primer fenómeno de primordial importancia, que ya se vuelve inocultable, es el carácter que la valorización financiera le imprime al estado. A medida que se afianza el nuevo patrón de acumulación, queda cada vez más claro que el estado no sólo abandona el desafío de impulsar y planificar el desarrollo económico sino que ni siquiera garantiza el crecimiento o una conducción mínima del proceso económico, en tanto sacrifica, en algunos casos, o le transfiere, en la mayoría de las ocasiones, su capacidad regulatoria al capital oligopólico que eufemísticamente se denomina el "mercado". La función estratégica que cumple el estado en la valorización financiera es garantizar los flujos financieros, misión que no consiste únicamente, aunque sea relevante, en lograr una fluida y abundante entrada de capitales, sino también en plantear las condiciones para una igualmente fluida salida de capitales locales al exterior (Holloway, 1993).
El nuevo carácter del estado tiene múltiples expresiones pero quizá una de las más nítidas es el papel que cumple su endeudamiento externo, en tanto el mismo no es únicamente función de los intereses y el capital que debe pagarse anualmente a los acreedores externos, sino que también depende de la necesidad de constituir las reservas de divisas que respaldan la convertibilidad y, lo que es más importante aún, garantizar las divisas que hacen posible la fuga de capitales locales al exterior y financiar el déficit en la balanza comercial.[17] Este patético achicamiento de las funciones estatales en la valorización financiera genera una ausencia total de un pensamiento estratégico orientado a la conformación de una nación. De allí entonces que, a partir de la consolidación de la valorización financiera, los proyectos estratégicos para nuestro país se originen en el establishment y tengan, por lo tanto, un carácter faccioso.
En este marco, no llama la atención que la gestión gubernamental del gobierno de la Alianza[18] que asume a fines de 1999 actúe como si no hubiese habido cambios estructurales en las condiciones originales en que se puso en marcha la convertibilidad e intente avanzar otorgándole concesiones a las dos fracciones dominantes en pugna, sin definir el rumbo de una salida a la crisis actual. La notable permeabilidad a las requisitorias de ambas fracciones hizo que el gobierno de la Alianza, pese a que se postuló como una alternativa al menemismo, adoptase el enfoque ortodoxo, acentuando la concentración del ingreso y profundizando la recesión que se había iniciado en la segunda mitad de 1998. Desde esta perspectiva, el ajuste de la economía traería aparejada una deflación general de los precios que funcionaría como una devaluación del tipo de cambio, en tanto éste sería el único precio que se mantendría mientras que en el resto de la economía se produciría una reducción variable pero generalizada de los precios. Esta modificación de los precios relativos generaría una significativa reactivación de las exportaciones que, con breves desfases, serían acompañadas por una no menos relevante reactivación de la inversión interna y externa, dirigida a la expansión de la producción de esos bienes, en tanto habría mejorado significativamente su rentabilidad. De esta manera, se pondría en marcha una reactivación económica que tendería a reducir el desempleo y, por otra parte, provocaría una sustancial mejora en las cuentas públicas.
Sin embargo, como ocurre recurrentemente con estas políticas de ajuste, su continuidad no produjo ninguna de las consecuencias declamadas porque su enfoque, diagnóstico y supuestos acerca del comportamiento económico son entelequias destinadas a proteger los intereses de los sectores dominantes pero que no guardan relación con la realidad económica y social.
En términos específicos, hay por lo menos cuatro factores relevantes que impidieron, y lo siguen haciendo, la reversión de la crisis más prolongada que se ha registrado en la historia argentina:
el primero radica en que el origen de la crisis se ubica en problemas de demanda y no de oferta como asume el diagnóstico oficial. En ese sentido, su modificación exige revertir la regresividad distributiva vigente en la economía argentina, reconstituyendo la demanda interna y las finanzas públicas;
el segundo es que el elevado nivel de concentración económica y centralización del capital neutraliza el efecto del ajuste económico sobre la estructura de precios relativos. En otras palabras, dada la notable inflexibilidad a la baja de la rentabilidad del capital oligopólico, los ajustes que deben realizarse deben ser desmesuradamente grandes para generar, por ese medio, una devaluación del tipo de cambio que tenga alguna importancia. Esto se debe a que el capital concentrado no transfiere a precios la reducción de costos sino que los mismos engrosan sus ganancias;
el tercero se refiere a la insuficiencia de introducir una recesión generalizada para lograr una devaluación relativa de la moneda local. Por el contrario, se requiere una modificación de los precios relativos de alcances más vastos, que incluya, por ejemplo, una disminución relativa de las tarifas de los servicios privatizados respecto al resto de los precios, incluyendo el salario dentro de estos últimos. En este campo, se registra uno de los fracasos más evidentes y estrepitosos de la administración económica de Machinea (primer ministro de Economía del gobierno de la Alianza), que comenzó impulsando recortes a las tarifas de los servicios públicos y terminó convalidando no sólo un nuevo incremento de las mismas sino también nuevos replanteos de las reglas del juego que aumentaron las prebendas de dichas empresas;
finalmente, resulta ilusorio afirmar que la superación de la crisis puede lograrse sobre la base de la expansión de las exportaciones, excluyendo el consumo interno, cuando las mismas representan solamente alrededor de 8% del PIB. Más aún cuando la ampliación de las mismas implica significativos incrementos en las importaciones debido a la notable desintegración productiva que constituye uno de los ejes por los cuales transitó la desindustrialización argentina de las últimas décadas.
En realidad, el autoproclamado "progresismo" que ocupa inicialmente el Ministerio de Economía terminó convalidando, nuevamente, una reducción de la participación de los trabajadores en el ingreso en tanto el ajuste económico transitó por una reducción salarial y un incremento de la desocupación. Al respecto, cabe destacar que la reducción de los salarios de la administración pública nacional no solucionó la situación fiscal, porque allí no radican los problemas del déficit, pero sí impulsó una nueva reducción generalizada del nivel salarial, definiendo un nuevo avance de la depresión salarial que puso en marcha el sector privado en los primeros meses de la crisis que se inicia en 1998.
En el marco de la crisis, los sucesivos remplazos de los ministros de economía están relacionados directamente con la pugna orgánica desatada dentro del establishment de la sociedad argentina. Caben pocas dudas que la gestión de Machinea estuvo fuertemente permeada por los intereses de la fracción local del poder económico (incluyendo, como parte de ella, la presencia de algunos conglomerados extranjeros de origen europeo), no sólo por el desempeño anterior del ministro y del jefe de asesores en la dirección del Instituto de Investigaciones de la Unión Industrial Argentina, institución que reconoce una fuerte dependencia política y financiera del conglomerado Techint, sino por la participación en su gabinete de varios funcionarios vinculados a ese conglomerado y a otros grupos económicos locales.[19]
El agotamiento de esa gestión, pese a la obtención del "blindaje", dio lugar a que accediera al Ministerio de Economía la línea opuesta, poniendo de manifiesto la ambigüedad y la debilidad política de la gestión de gobierno. El ajuste ortodoxo propuesto por López Murphy contemplaba varias etapas y respondía a la misma lógica que la adoptada por la gestión anterior. Sin embargo, en este caso, la reducción del gasto incorporaba un nuevo componente que consiste en lo que, desde hace tiempo, se denomina el costo presupuestario de la política (los salarios diferenciales y los gastos de los funcionarios políticos). Es decir, este ajuste intentaba avanzar en los dos objetivos buscados por esta fracción: la disminución drástica de los gastos estatales y, al mismo tiempo, un replanteo parcial del sistema político que incluso involucre una modificación de sus personeros.
El drástico rechazo a esta propuesta dio lugar al último cambio ministerial, accediendo a esa función un hijo dilecto de la dictadura militar y uno de los artífices del Plan de Convertibilidad y la reestructuración económica que generó la situación actual. El análisis del contenido de la propuesta de Domingo Cavallo se vuelve más complejo que los anteriores, porque su papel consiste, como ocurrió en el pasado, en intentar compatibilizar los intereses de ambas fracciones de los sectores dominantes.
Inició su gestión reivindicando la necesidad de reactivar la producción mediante la elevación de aranceles y de políticas sectoriales como medio de mejorar la situación fiscal en el mediano plazo pero, al mismo tiempo, elevó la presión tributaria a través del impuesto a los débitos y los créditos bancarios para recomponer las finanzas públicas en el corto plazo, alejando la posibilidad de incurrir en un "no pago" a los acreedores externos. Al respecto, caben pocas dudas acerca de que este paquete de medidas tenía un claro sesgo hacia la fracción local de los sectores dominantes, en tanto privilegiaba la recomposición de la producción interna e intentaba recomponer las finanzas públicas mediante nuevas imposiciones, y no a través de una disminución del gasto público. No se trataba de medidas orientadas a mejorar la dramática situación económico-social de los sectores populares debido a que la recomposición productiva tiene como horizonte el mediano plazo y está acotada a las grandes firmas oligopólicas, con escaso impacto en la ocupación, sino también porque los nuevos impuestos se trasladaban a precios en el mediano y en el corto plazo, especialmente por parte de los sectores que enfrentaban una demanda relativamente inelástica, como es el caso de los servicios públicos.
A pesar de que no se trataba de medidas para mejorar la situación social ni del intento de fortalecer un sistema político desacreditado, la nueva política generó cierta expectativa debido a que rompía la lógica del ajuste continuo y reivindicaba la reactivación productiva.
El sesgo de las primeras medidas provocó el rechazo del sector financiero, reavivándose la crisis y obligando a rectificar las medidas iniciales incorporando el recorte de los gastos estatales como parte de la nueva política económica. Sin embargo, como contrapartida, se puso en marcha una propuesta, que debía ser aprobada en el congreso, que consiste en la vinculación de la convertibilidad con una canasta de monedas, compuesta por el dólar y el euro. La importancia potencial de esta propuesta es indudable, en tanto abre la posibilidad de que se incorpore la otra moneda relevante en términos del comercio exterior argentino, el real, definiendo un sistema convertible con flotación del tipo de cambio que al ser implementado implicaría una significativa devaluación del signo monetario.
Finalmente, si bien la persistencia de la crisis externa se intentaba superar mediante la renegociación de una parte de la deuda pública externa a través de un canje de bonos a una descomunal tasa de interés y de una nueva reducción de los salarios mediante la revisión de los convenios básicos vigentes, la actitud intransigente de los acreedores, alimentada por la visión de que la derrota de sus propuestas no se condice con su situación de fuerza, disminuyó las posibilidades de que acuerden una salida que no contemple un nuevo intento de imponer un ajuste significativo en los gastos del sector público, evitando la modificación del tipo de cambio. Bajo la consigna de la necesidad de arrasar con el "costo de la política", buscan obtener consenso social para instrumentar un nuevo ajuste del sector público que contiene la transferencia de la salud y la educación pública al sector privado y una significativa contracción de los presupuestos provinciales mediante un replanteo del régimen de coparticipación federal.
Si bien la prolongada crisis económica y las distintas propuestas dominantes constituyen una expresión fundamental para aprehender el agotamiento del patrón de acumulación, es insoslayable tener en cuenta que dichos factores se articulan con una crisis del sistema político que es igualmente extensa y profunda. La notable crisis del sistema político que se consolida durante la última década es el resultado tanto de su creciente ilegitimidad social como de la confrontación de los proyectos alternativos que se generan en los sectores dominantes.
La evidente y creciente ilegitimidad social del sistema político parece estar férreamente vinculada al desarrollo del patrón de acumulación y dominación en marcha. A medida que se profundiza la valorización financiera queda socialmente cada vez más claro que la función prioritaria del estado es únicamente asegurar el flujo de capitales y que la supuesta desregulación económica es, en lo fundamental, una transferencia al capital dominante del control sobre vastos espacios económicos. De esta manera, se instala en los sectores populares la convicción de que el sistema político abandonó definitivamente, más allá de las palabras, toda preocupación por el desarrollo económico-social y específicamente por la desocupación y la distribución del ingreso. Por otra parte, a lo largo de este proceso también queda cada vez más nítido que los acuerdos y desacuerdos de los partidos políticos mayoritarios están crecientemente desvinculados de las diferencias políticas o ideológicas y cada vez más centrados en los negocios económicos, es decir que queda socialmente establecido el predominio de la corrupción en la dinámica política. De allí la fuerte reivindicación popular que tiene la iniciativa de algunos legisladores, especialmente Elisa Carrió, con el objetivo de instalar una democratización real del sistema político, dando cabida a la expresión de los intereses de los sectores populares.
Sin embargo, la crisis del sistema político también se origina en la confrontación dentro de los sectores dominantes. Al respecto, cabe recordar que un objetivo prioritario de los sectores que sustentan la salida de la convertibilidad mediante la dolarización de la economía argentina consiste en replantear la conformación del sistema político, instaurando nuevas formas de representación que sean funcionales a sus intereses y, por lo tanto, alejadas de la participación popular. Esta línea de acción se pone de manifiesto en la persistente iniciativa por desarmar política y económicamente al núcleo mismo del sistema político actual, es decir al menemismo. Sin duda, se trata de un proceso complejo de percibir al menos por dos razones. La primera de ellas es que esta iniciativa es coincidente con la que llevan los legisladores Carrió y Gutiérrez para democratizar el sistema político. El segundo factor que oscurece esta acción es la propia estrategia adoptada por el menemismo para neutralizar ambas iniciativas, que intenta erigirse en el referente indiscutido de la propia dolarización de la economía argentina y, de esa manera, convertirse en un factor político insustituible para los propios sectores que llevan a cabo, desde hace tiempo, estas acciones impulsando no sólo la investigación sobre el lavado y blanqueo de los fondos provenientes de la corrupción, como la investigación del Banco República, sino también avalando la investigación de otras operaciones como el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, operaciones directamente vinculadas con la destrucción del arsenal militar, y de la ciudad, de Río Tercero.[20]
En el contexto de la profunda crisis económica, social y política se produce la rebelión social del 19 y 20 de diciembre del año pasado que liquida al gobierno de De la Rúa luego de haber decretado el "estado de sitio" en el país. Esas jornadas fueron sumamente importantes por varios motivos. Por un lado, implicaron que irrumpa, por primera vez en las últimas décadas, la movilización popular con tal potencia que fue el factor fundamental que provocó la destitución del gobierno de la Alianza, señalando la incorporación de los jóvenes a la vida política argentina.
Si bien uno de los elementos desencadenantes para la movilización de los sectores medios fue el "corralito financiero",[21] los motivos en juego lo superan largamente, sobre todo a medida que avanza la movilización social y cobra forma un verdadero cuestionamiento al tipo de sistema político e institucional que había convalidado de manera sistemática el desarrollo de la valorización financiera y sus consecuencias en términos de la concentración del ingreso, la desindustrialización y la desocupación. Éste es el sentido del, por ejemplo, contundente repudio a los políticos del régimen y el creciente reclamo en pos de que sean expulsados los integrantes de la corte suprema de justicia.
Sin duda, la irrupción de los sectores sociales subalternos tiene una enorme importancia no sólo como veto al régimen imperante sino también porque indica el comienzo de la conformación de un tercer proyecto para la sociedad argentina sustentado en una democracia participativa capaz de garantizar la redistribución del ingreso, la reactivación productiva y la disminución de la desocupación.
La crisis orgánica y el actual gobierno de Duhalde (peronismo y radicalismo)
La prolongada recesión de la economía argentina que lleva casi cuatro años de duración no es una de las periódicas crisis que se desplegaron durante las últimas décadas. Por el contrario, todo parece indicar que se trata de una crisis orgánica que se origina en el agotamiento del patrón de acumulación que puso en marcha la dictadura militar veinticinco años atrás. Esta distinción no es para nada despreciable porque sus consecuencias son cualitativamente diferentes a las experiencias anteriores. En efecto, en este caso el agotamiento de la valorización financiera como núcleo del patrón de acumulación en nuestro país implica que necesariamente la economía transita un proceso de achicamiento inevitable porque ya no puede contar con los significativos montos de ahorro externo que se incorporaban anteriormente mediante el endeudamiento y la entrada de inversión extranjera directa, que si bien no hacía otra cosa que financiar una creciente fuga de capitales locales, era un flujo continuo. Más aún, no solamente se interrumpe la entrada de capitales sino que, debido a la crisis, continúa la fuga o el atesoramiento de divisas y hay que enfrentar el pago de las amortizaciones e intereses devengados por la deuda externa pública y privada, lo cual implica la salida de montos muy significativos de ahorro interno.
Este inevitable achicamiento de la economía argentina implica el redimensionamiento del conjunto de los agregados macroeconómicos (como el consumo, el gasto estatal e incluso la deuda externa que mediante quitas deberá ser readecuada a las nuevas condiciones), y la búsqueda de un patrón de acumulación diferente implica que necesariamente se producirá, como ya ocurre, una exacerbación de las contradicciones sociales tanto dentro de los sectores dominantes como entre éstos y los sectores populares.
En estas condiciones estructurales asumió como presidente hace casi dos meses, luego del breve mandato de Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde mediante una elección indirecta (Asamblea Parlamentaria). El planteo inicial fue adoptar, bajo un discurso que jerarquizaba la reactivación productiva y la salida exportadora, la propuesta devaluacionista planteada por los grupos económicos locales intentando, al mismo tiempo, una alianza con el sector financiero al establecer una licuación de sus deudas en perjuicio de los ahorristas que tenían inmovilizados sus fondos en el "corralito financiero". En principio, las perjudicadas dentro de los sectores dominantes eran las empresas privatizadas a las que se les congelaban las tarifas por seis meses y, en el caso de las energéticas, se le imponía una retención de 20% a las exportaciones cuando, por el contrario, a las exportaciones agroindustriales, el otro rubro importante en términos de las exportaciones argentinas, no se les imponía ninguna.
Sin embargo, rápidamente este planteo inicial comenzó a diluirse y el conjunto de los sectores de poder comenzaron a presionar para consolidar o aumentar sus ganancias a costa de la cada vez más crítica situación de los sectores populares debido a la desocupación y el deterioro de sus ingresos por el incremento del conjunto de los precios internos que, por incidencia o expectativas, genera la devaluación de la moneda local. Es así como los grupos económicos, las empresas privatizadas y las entidades financieras presionan por obtener todas ellas un seguro de cambio que les permita transferir sus deudas con el exterior al estado. A su vez, las empresas privatizadas reclaman un ajuste de sus precios internos y las petroleras el remplazo de las retenciones por un impuesto interno que les permita disponer plenamente de sus ingresos en dólares. Finalmente, los bancos extranjeros apuntan a lograr que se privaticen las entidades oficiales como forma de aumentar su giro de negocios.
La centralidad que ocupan las distintas fracciones de la cúpula en el marco de la actual política económica se puede percibir analizando la importancia que asumen las ochenta empresas más destacadas en términos de las que hasta el momento parecen ser las tres vías principales de redistribución de los recursos: las exportaciones, la deuda interna y las obligaciones negociables.[22] Al respecto, en el Cuadro 1 se verifica que los conglomerados extranjeros y los grupos económicos son los dos tipos de empresas más relevantes en las tres variables consideradas. A ello hay que agregar que los grupos económicos son los principales tenedores de fondos locales en el exterior, los cuales se duplican en términos de pesos debido al nivel alcanzado por la devaluación.
En síntesis, la actual gestión no exhibe la capacidad para instrumentar una salida a la crisis ni resolver la pugna entre los dos proyectos que esgrimen las distintas fracciones de los sectores dominantes (devaluación versus dolarización), ni menos aún entre ellos y el de los sectores populares (la redistribución del ingreso) que comienza a tomar forma desde la sublevación social de diciembre del año pasado. Por lo tanto, de no mediar cambios significativos en la política gubernamental, esta situación plantea para el corto plazo un acentuamiento de la crisis social, económica y política que incluso puede llegar a provocar nuevos cambios presidenciales.
Febrero de 2002
Notas:
Se entiende por valorización financiera la colocación de excedente por parte de las grandes firmas en diversos activos financieros (títulos, bonos, depósitos, etcétera) en el mercado interno e internacional. Este proceso, que irrumpe y es predominante en la economía argentina desde fines de la década de los años setenta, se expande debido a que las tasas de interés, o la vinculación entre ellas, supera la rentabilidad de las diversas actividades económicas, y a que el acelerado crecimiento del endeudamiento externo posibilita la remisión de capital local al exterior al operar como una masa de excedente valorizable y/o liberar las utilidades empresarias para esos fines.
En este trabajo se asume que la cúpula empresarial está constituida por las doscientas empresas de mayores ventas en la economía argentina, tomando en cuenta todos los sectores de actividad salvo la financiera y la producción agropecuaria. Para cada una de ellas se consideran los datos de balance acerca de las distintas variables que permiten analizar su comportamiento económico (ventas, utilidades, endeudamiento externo, etcétera) para el periodo comprendido entre 1991 y 1997.
En este trabajo se entiende que la concentración de la producción consiste en la incidencia que tienen las mayores firmas de una actividad económica (cuatro u ocho según la metodología utilizada) en el valor de producción de la misma. En cambio, la centralización económica alude a los procesos en los cuales unos pocos capitalistas acrecientan el control sobre la propiedad de los medios de producción con que cuenta una sociedad, mediante la expansión de su presencia en una o múltiples actividades económicas, basándose en una reasignación del capital existente (compras de empresas, fusiones, asociaciones, etcétera). Cuando la centralización del capital no se produce en una rama sino prioritariamente a través de la compra de empresas, fusiones o asociaciones que aumentan el control por un mismo capital de diversas actividades, hablaremos de centralización diversificada.
Las modificaciones estructurales de las últimas décadas indican que la diferenciación entre empresas estatales y las privadas de capital extranjero y nacional es insuficiente para examinar la economía argentina en general y la cúpula económica en particular. De allí que para el análisis de las grandes firmas se distinga, dentro del capital local y extranjero, entre las firmas que forman parte de grupos o conglomerados económicos, y las firmas que actúan por sí solas o de una manera "independiente". Como resultado se obtienen cinco tipos de firmas diferentes: empresas estatales, empresas de grupos económicos locales, empresas locales independientes, empresas de conglomerados extranjeros y empresas transnacionales. A las mismas se le agregan las asociaciones como un sexto tipo de empresa, que son los consorcios cuyo capital accionario está en manos de diferentes inversores (específicamente de diversos grupos económicos locales e inversores extranjeros).
Es importante recordar que la relación valor agregado/valor de producción de 1993 es la más baja de la historia industrial argentina, incluso que la de 1935, momento en que había un escaso desarrollo industrial. La evolución de dicha relación desde 1935 hasta la década de los años setenta puede consultarse en Sourrouille y Lucángeli, 1980.
Cabe señalar que en los años recientes se incorporan recursos de fuera del sector (como es el caso de los Fondos de Inversión Agrícola) debido a que la rentabilidad agrícola compite favorablemente con las diversas tasas de interés. Asimismo, la desregulación económica y la reestructuración estatal de los últimos años no sólo dan por terminadas las retenciones sobre las exportaciones, sino que al potenciar las economías de escala acentúan la heterogeneidad interna, dando lugar a una alta rentabilidad para los terratenientes pampeanos y a una situación crítica de los pequeños y medianos propietarios rurales. Respecto a las transformaciones en la propiedad y la producción agropecuaria pampeana, ver Basualdo y Khavisse, 1993, y Basualdo, 1995.
Estas diferencias iniciales se mantienen hasta la actualidad (Basualdo y Lozano, 2001).
Cronograma que fijaba una tasa de cambio decreciente a lo largo del tiempo, es decir la revaluación del peso respecto al dólar.
Un análisis de las políticas económicas ensayadas durante el primer gobierno constitucional puede consultarse en Azpiazu, 1991.
La Ley de Reforma del Estado (n. 23.696 de 1989) establece que las empresas públicas podían privatizarse mediante decretos del poder ejecutivo (artículo 9), y que los acreedores del estado y/o sus empresas podían capitalizar sus créditos, lo cual permitió la posterior capitalización de títulos de la deuda externa por parte de los capitales extranjeros y también de ciertos grupos económicos locales.
No obstante, este significativo atributo parece ponerse en cuestión años después, ya avanzada la crisis más prolongada de la economía argentina que se inicia en 1998 y se prolonga hasta la actualidad. En efecto, entre 1998 y 1999, mientras el PIB registra una retracción de 5.2%, las ventas de las doscientas empresas de mayor facturación también se contraen, aunque a un ritmo sensiblemente más reducido (-2.1%). Al respecto, cabe mencionar dos hechos relevantes que obligan a la reflexión. El primero es que la expansión de las ventas de la cúpula el año anterior, 1997-1998, fue notablemente elevada en términos relativos (crecieron 9.3% cuando el PIB se incrementó 2.1%). El segundo es que la reducción de las ventas de la cúpula en 1998-1999 se origina en la notable reducción de las realizadas por las empresas automotrices (-36%), que fueron sumamente afectadas por la contracción del consumo y la reducción de las exportaciones a Brasil. Tanto es así que, si se excluyen las ventas de las empresas automotrices en 1998 y 1999, las ventas de la cúpula empresarial en ese periodo crecen 1.1%.
Al respecto, Zygmunt Bauman (1999: p. 36) entiende que "La verdadera novedad [se refiere al neoliberalismo] no radica en la necesidad de actuar en condiciones de incertidumbre parcial o total, sino en la presión sistemática tendiente a desmantelar las defensas concienzudamente construidas: por un lado, abolir las instituciones destinadas a limitar el grado de incertidumbre y los daños que ha causado la incertidumbre salvaje; por otro, frustrar los intentos de idear nuevas medidas colectivas para mantenerla a raya [...] La consecuencia conjunta de estos ataques -dispares pero convergentes- contra las líneas defensivas es el ‘dominio absoluto de la flexibilidad’, que tiende a la ‘precarización’ -y, por lo tanto, a la ‘impotenciación’- de la gente situada en la punta de lanza de la resistencia [...] Medidas tales como el remplazo de contratos permanentes y protegidos legalmente por empleos temporarios o con límite fijo que permiten despidos instantáneos, contratos flotantes y la clase de empleo que socava el principio del ascenso mediante la evaluación permanente del desempeño que hace depender la remuneración de cada empleado de los resultados individuales obtenidos y que induce a la competencia entre distintas secciones de la misma empresa privando a los empleados de la posibilidad de asumir una postura colectiva razonable, producen una situación de permanente incertidumbre endémica. En la lucha universal del mundo darwiniano, el cumplimiento obediente de las tareas fijadas por las empresas nace de esa sobrecogedora sensación de paralizante incertidumbre y del miedo, el estrés y la angustia que nacen de ella [...] La base última de todos los regímenes económicos que se embanderan bajo el signo de la libertad es, en consecuencia, la violencia estructural del desempleo, de la precariedad de los puestos y de la amenaza de despido que cualquier cargo implica".
Un caso paradigmático, en ese sentido, es la reciente investigación sobre las operaciones ilegales llevadas a cabo por el Banco República y el Citibank, donde se entrecruzan las iniciativas de algunos legisladores en busca de una democratización real del sistema político con la de sectores de poder estadounidenses que buscan replantearlo subordinándolo a sus propios intereses. Cabe mencionar que dicha investigación fue llevada a cabo por una comisión de la cámara de diputados y estuvo basada en la información provista por el congreso de Estados Unidos.
En septiembre de 1999, Francisco Macri, cuando vende la empresa Canale y adquiere un frigorífico en Brasil, declara que "Éste es un país antiindustrial y la lucha con las multinacionales no nos permite mantenernos" (Clarín, Suplemento Económico, 19 de octubre de 1999).
En el transcurso de una entrevista, Roberto Rocca, ante una pregunta acerca de la necesidad de devaluar, responde: "Es un problema psicológico. Pero todo el mundo se da cuenta de que el tipo de cambio [fijo] es un problema. La argentina no es una economía como Hong Kong, que intermedia servicios financieros y comerciales. Éste no es el momento de tocar el tipo de cambio. Pero cuando esté consolidado el próximo gobierno no tendría que haber inconvenientes en poder anunciar con tranquilidad un régimen de fluctuación cambiaria, como fluctúa el yen contra el dólar, o el marco contra el dólar, o las monedas europeas entre sí, y no pasa nada. Brasil pudo devaluar con éxito porque ellos nunca tuvieron este problema psicológico que existe en Argentina, pero que en algún momento se va a superar" (Página 12, 19 de agosto de 1999).
Al respecto, es ilustrativo traer a colación algunos de los conceptos que pronunció Roberto Rocca, fundador de Techint en la Argentina, en una mesa redonda sobre "El proyecto nacional": "Debemos tener un modelo nacional, que tiene que ser productivo, fruto de las fuerzas productivas en simbiosis con las fuerzas políticas de toda la nación" (El Diario del Foro, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de mayo de 2001).
Como lo demuestran varios trabajos recientes (FIDE, 2000; Damill, 2000; Auditoría General de la Nación, 1999), el sector público es el que provee las divisas para conformar las reservas que garantizan la convertibilidad a través de su endeudamiento externo. Por el contrario, el sector privado no sólo no contribuye a constituir las mismas sino que su déficit en términos de la balanza de pagos también debe ser cubierto por el endeudamiento estatal.
Nombre de la coalición electoral conformada por la Unión Cívica Radical (UCR) y por el Frente para un País Solidario (FREPASO), al que pertenecía el vicepresidente Chacho Álvarez y donde se agrupó una parte de la izquierda argentina [N. de E.].
Esta caracterización coincide básicamente con la asumida por Julio Nudler (1999). Al respecto, afirma: "En el estrado ocupaba una silla José Luis Machinea, economista a quien Roberto Rocca, dueño y señor de Techint, le dio trabajo tras la vuelta al llano de los radicales, poniéndolo al frente del Instituto de Desarrollo Industrial (IDI), que Rocca creó y solventó. ¿Significa esto que Machinea, si llega a ministro con Fernando de la Rúa, tratará con especial cariño a Techint? Sí, pero no sólo a Techint -contesta otro economista de la Alianza-. Él va a tratar con cariño a todos los industriales localizados en el país y que hayan hecho inversiones fuertes aquí. Si tiene que definir a quién darle un reintegro y a quién ponerle un impuesto, Machinea le dará el reintegro a Techint, o lo mismo a Arcor, y le pondrá el impuesto a IRSA (Soros)".
Cuando a mediados de la década del noventa se inicia la investigación del contrabando de armas, se produce una explosión del arsenal de Río Tercero que devastó la ciudad cordobesa del mismo nombre, que tiene varios miles de habitantes. De acuerdo a las evidencias que se pudieron establecer posteriormente, dicha explosión fue realizada deliberadamente (no fue un accidente) para poder justificar la falta de cañones, pólvora y armas que se habían sustraído de los arsenales del ejército y enviado a Croacia y Ecuador.
En noviembre de 2001 el ministro de Economía (D. Cavallo) impone una severa restricción a la disponibilidad de los depósitos bancarios de todo tipo que ascendían a 75 mil millones de pesos. Esta medida, que estuvo destinada a evitar una creciente corrida bancaria, se denominó el "corralito financiero".
Dichas empresas concentran 69% de las exportaciones, 99% de las obligaciones negociables y 8% de las deudas con el sistema financiero.
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