Chiapas
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José Seoane
Crisis de régimen y protesta social en Argentina *
Presentación
Eduardo Basualdo,
La crisis actual en la Argentina: entre la dolarización, la devaluación y la redistribución del ingreso
Edur Velasco Arregui,
Asia Central en el siglo XXI y los movimientos de larga duración en la economía mundial
Enrique Rajchenberg,
La rebelión de la memoria. Entrevista con Mauricio Fernández Picolo
Myriam Amparo Espinosa,
Contraste entre miradas colonizadoras y subalternas sobre el Plan Colombia
José Seoane,
Crisis de régimen y protesta social en Argentina
DEBATE
Raúl Zibechi,
Poder y representación: ese estado que llevamos dentro
Ana Esther Ceceña, Adriana Ornelas y Raúl Ornelas,
No es necesario conquistar el mundo, basta con que lo hagamos de nuevo nosotros hoy
Jérôme Baschet,
¿Los zapatistas contra el imperio? Una invitación a debatir el libro de Michael Hardt y Toni Negri
PARA EL ARCHIVO
II Foro Social Mundial de Porto Alegre:
Argentina
Este mundo de la injusticia globalizada
Claudia Korol,
Las palabras nuevas de los piqueteros
Cachito,
Los hijos del Cordobazo. Crónica desde el Gran Buenos Aires
León Rozitchner,
Los campos floridos de la Argentina
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Imágenes del final
El jueves 20 de diciembre, al caer la tarde, presentaba su renuncia el presidente De la Rúa y concluía, precipitadamente, el breve gobierno de la Alianza[1] que había ganado holgadamente las elecciones presidenciales en Argentina en octubre de 1999. Mientras el helicóptero oficial transportaba al ya expresidente, en los alrededores de la casa de gobierno y a lo largo de todo el centro de la ciudad de Buenos Aires, las fuerzas policiales intentaban disolver, bajo el peso de una violenta represión, la incansable manifestación popular que había ocupado y disputado la simbólica Plaza de Mayo desde la noche del día anterior.
Estas imágenes retrataban el fracaso de la coalición política oficial que había por demás defraudado las expectativas populares que acompañaron su triunfo dos años atrás. Tras el compromiso electoral de trabajo, educación y justicia,[2] el significativo incremento de la desocupación, la asfixia presupuestaria de la educación pública y los intentos de arancelamiento de los estudios universitarios, y la concupiscencia con los jueces federales designados bajo la gestión "menemista", habían señalado ya el fácil olvido de los mínimos pactos ciudadanos del que parecen hacer gala las élites políticas contemporáneas. Los cacerolazos y protestas de los finales de diciembre, protagonizados en buena medida por los propios sectores sociales que habían apoyado la coalición gobernante, reponían en las calles la esencia vital de la democracia, vilipendiada y corroída bajo la aplicación de las políticas neoliberales.
Finalizaba una gestión que sólo había profundizado, una y otra vez, el ajuste fiscal -bajo la supervisión del FMI y la banca acreedora- y, consecuentemente, acelerado brutalmente el largo ciclo recesivo -que lleva más de cuatro años- y el proceso de pauperización social que signa la política económica argentina casi sin discontinuidades desde mediados de la década de los setenta.
La renuncia forzada del expresidente De la Rúa se incorporaba así a la lista -por cierto, nada breve si consideramos los casos de Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela en la última década- de gobernantes neoliberales latinoamericanos que debieron abandonar apresuradamente el poder al calor del repudio y la movilización social.
Las consecuencias sociales de dichas políticas quedan, por demás, graficadas ante el hecho que mientras en 1975, sobre 22 millones de habitantes, la población que vivía por debajo de la línea de pobreza se contaba en 2 millones, hoy entre una población de 37 millones son más de 14 millones de ciudadanos los condenados a ser pobres, de los cuales casi un tercio (un poco más de 4.5 millones de personas) son indigentes.[3] Esta pauperización fue acompañada en la década de los noventa por un desempleo de masas -vale señalar que las últimas cifras oficiales dan cuenta que más de 22% de la población económicamente activa se encuentra desempleada, magnitud más de tres veces mayor que la contabilizada a principios de dicha década-, por la precarización de las condiciones laborales y por la caída sistemática de los salarios. Estos breves señalamientos retratan el acelerado proceso de concentración del ingreso y la riqueza que supuso la aplicación de las políticas neoliberales. Proceso agudizado sobremanera como resultado de la prolongada recesión y crisis económica de los últimos años.
En este sentido, la caída del gobierno y la crisis política abierta a partir de diciembre -que, entre otras cuestiones, se expresó en el devenir de cinco presidentes en menos de quince días- reflejaban el colapso del régimen forjado a principios de la década de los noventa conocido bajo el nombre de la "convertibilidad" y que fuera la cristalización histórica particular de un ciclo de más largo aliento que hunde sus raíces casi tres décadas atrás con el inicio de las políticas de corte neoliberal en la Argentina.
Pero también la crisis de la "Argentina de la convertibilidad" proyectaba sus sombras en el plano internacional. Forjada por el expresidente Menem y el ministro Cavallo a principios de los noventa y prolongada bajo la gestión de De la Rúa, enseñada como el ejemplo del camino a seguir por parte de los impulsores del "libre mercado", su colapso actual señala también, con toda la intensidad de un caso testigo, la profunda crisis que afronta la llamada "globalización neoliberal".
El propósito de este artículo es describir y analizar el proceso constitutivo y la significación -en términos de la movilización de los sectores populares- de la rebelión social que hacia fin de 2001 desembocó en la caída del gobierno del expresidente De la Rúa y la apertura de una crisis de hegemonía del régimen que aún no se halla definitivamente resuelta.
El resurgir de la movilización social
Los cacerolazos y movilizaciones encarnados por los sectores urbanos -particularmente las capas medias y amplios grupos juveniles en la ciudad de Buenos Aires- que signaron las jornadas de diciembre, coronaron un largo proceso de incremento de la protesta social y fortalecimiento de los movimientos populares forjado a lo largo del año 2001. En este sentido, vale mencionar que el número de protestas, impulsadas por diferentes movimientos y organizaciones, a lo largo del año que acaba de concluir, se incrementó en más de un 50% respecto del año anterior.[4]
Este crecimiento de la protesta social ponía ya de manifiesto el final del periodo de derrota, retroceso, cooptación y fragmentación social que habían sufrido las organizaciones sindicales y los movimientos populares en los primeros años de la década de los noventa. Es claro que la aplicación de las contrarreformas neoliberales durante ese periodo supuso tanto el quiebre de las experiencias de resistencia social (vale mencionar en este sentido los intensos y prolongados conflictos ante las privatizaciones de la acería estatal SOMISA, la empresa telefónica y los ferrocarriles), la consolidación de una dirigencia sindical afín al gobierno (que supo participar de los beneficios del poder evolucionando hacia un sindicalismo empresarial), así como el nacimiento de nuevas experiencias de organización sindical de oposición (particularmente la CTA).[5] Pero la aplicación del recetario neoliberal significó también un dramático y complejo proceso de transformación de la configuración estructural de la sociedad, de las clases y fracciones de clase. El reinicio del ciclo de protestas sociales, claramente marcado en 1996 con la aparición de las primeras puebladas y piquetes en el interior del país, señalaba el principio de un proceso de articulación de nuevas prácticas colectivas, de nuevos movimientos asociados a nuevas formas de organización, de lucha y de inscripciones programáticas e identitarias, que daban cuenta y emergían frente a las realidades sociales forjadas por las políticas neoliberales.
Relativamente oscurecido por las expectativas electorales entre 1997 y 1999, el nuevo ciclo de protesta abierto en el 2000 e intensificado en el 2001 se caracterizó por la ampliación de su territorialidad social -que abarcó desde los trabajadores con empleo (particularmente del sector público), a los desocupados, los estudiantes, los sectores medios, los comerciantes y los pequeños productores rurales y urbanos-, en su densidad, en el avance organizativo que algunos de estos procesos supusieron -especialmente en los sectores de trabajadores desocupados y urbanos-, en el desarrollo de nuevas formas de acción colectiva y entramados organizativos y en la importancia de los conflictos. En su amplia configuración e intensidad reflejaba tanto la profundidad del impacto de la recesión económica y las políticas de ajuste como los procesos de rearticulación de los lazos societales bajo la constitución y el fortalecimiento de los movimientos sociales.
En este sentido las movilizaciones de diciembre portaban como herencia, experiencia y antecedente las intensas luchas sociales desencadenadas en marzo y julio del mismo año frente a los renovados intentos de recorte del gasto fiscal impulsados por el gobierno. El primero, condensado entre los días 16 y 21 de marzo, se originó en el rechazo al feroz paquete de medidas de recorte del gasto público anunciado por el ministro de Economía Ricardo López Murphy. Si bien se concretaron sólo una parte de las medidas anunciadas, la masiva movilización de diversos sectores y el importante paro nacional realizado el 21 de marzo contribuyeron a precipitar la renuncia del nuevo ministro. El segundo, iniciado a mediados del mes de julio y que se extiende hasta octubre, surge en respuesta al anuncio gubernamental del plan de déficit cero impulsado por Domingo Cavallo, sucesor de Murphy en el Ministerio de Economía. Dicho plan suponía -como su nombre ya lo anuncia- la eliminación inmediata del déficit fiscal a través de la reducción del gasto, con excepción de los servicios de la deuda externa, al nivel de la recaudación tributaria. En los hechos, la aplicación de esta ley supuso una reducción de 13% en los salarios del sector público (que incluyó también las jubilaciones), así como cesantías masivas, desmantelamiento de áreas públicas y el recorte del presupuesto universitario, lo que condenaba a varias casas de estudio a su virtual paralización. La prolongación de dicho ajuste a las administraciones provinciales significó, además de las reducciones salariales y los despidos, el pago de parte de los salarios con bonos o directamente el no pago, a lo que se agregaba la deuda del incentivo docente -plus salarial obtenido en los inicios del gobierno aliancista. Frente a esta política -que mostraba ya el colapso del régimen económico conocido como "convertibilidad"-, un amplio arco de movimientos y organizaciones sociales (trabajadores desocupados, empleados del sector público, maestros, docentes universitarios, estudiantes, etcétera) protagonizaron un intenso y prolongado periodo de protestas que tuvo sus jornadas nacionales más significativas en la masiva huelga nacional convocada por las centrales sindicales el 19 de julio y en los cortes de ruta progresivos a lo largo del mes de agosto (impulsados por la asamblea nacional de trabajadores desocupados[6] y, entre otros, por la CTA), y se extendió, en numerosas provincias del interior del país, bajo la forma de nutridas movilizaciones multisectoriales (Carrera y Cotarelo, 2001; Dinerstein, 2001; Scribano y Schuster, 2001; Spaltenberg y Maceira, 2001; Rodríguez, 2001; Seoane, Viú, Rodríguez y Santucho, 2001; Spaltenberg, Seoane, Rodríguez y Santucho, 2000).
Este ciclo de movilizaciones, huelgas, cortes de ruta y cacerolazos que recorrió el 2001 y que se expresó distintivamente sobre el fin del año con la aparición -en el terreno de la protesta- de los sectores urbanos, nos remite a tres cuestiones que vale la pena resaltar.
En primer lugar, señala el quiebre del disciplinamiento social consolidado bajo el ejercicio o amenaza del terror represivo de la pasada dictadura y recuperado bajo la forma del "terror económico", que instaló socialmente la serie hiperinflacionaria y el desempleo de masas en la década de los noventa. El proceso de reconstitución y surgimiento de nuevos colectivos sociales -asociados a nuevas formas organizativas y de protesta, como lo son las puebladas, los cortes de ruta o piquetes y ahora los cacerolazos-, a lo largo de los últimos años señala una serie que, puede decirse, culmina con la irrupción social en la escena del poder en diciembre pasado, recuperando así para la movilización social su capacidad de incidencia efectiva en la crisis. En este sentido parece apuntar la actual potencia en la constitución de un límite social a los intentos de resolución de la situación actual. El bullar de las cacerolas y los piquetes resuena en los oídos de la élite política y económica, convertido en un actor de presencia efectiva en la disputa sobre la salida a la crisis.
En segundo lugar, en tanto las políticas aplicadas durante estas décadas -y particularmente durante el último año- contaron con la participación o beneplácito de la mayoría del establishment político, el crecimiento de los movimientos de protesta se consolidó en una cada vez más manifiesta autonomía con respecto a los partidos mayoritarios y en su experiencia fue forjando una crítica al conjunto del régimen político -claramente manifiesta en las protestas de diciembre-, señalando tanto un proceso de reapropiación social de lo público-político como de postulación de una compleja y germinal práctica de democracia callejera, asamblearia y participativa. Ambas características fructificaron, en mayor o menor medida, en la experiencia reciente tanto del movimiento de trabajadores desocupados -entre otras cuestiones dicha experiencia supuso el cuestionamiento y apropiación de la gestión de los planes de desempleo-, como de los sectores urbanos.
Finalmente, en su vitalidad y sus formas, la rebelión social de diciembre y los colectivos y prácticas sociales desplegadas parecen rememorar otras experiencias de rebeliones sociales recientes en Latinoamérica, como el levantamiento zapatista en México, la rebelión indígena de Ecuador en enero de 2000 o la llamada "Guerra del Agua" en Cochabamba, Bolivia, en abril de ese mismo año, señalando así también el carácter regional de los procesos en curso (AA.VV., junio de 2000 y septiembre de 2000). En sus diferencias y en su confrontación común al orden neoliberal vale resaltar un conjunto de semejanzas, algunas de las cuales pueden referirse sintéticamente a la configuración territorial de los movimientos (donde las relaciones sociales abiertas por la práctica colectiva se inscriben en un particular espacio geográfico y comunitario), en la puesta en práctica y reivindicación de modelos organizativos horizontales y asamblearios, en la crítica a los modelos de dominación política -nacional o localmente- y en los procesos de apropiación societal de la cuestión pública.
La creciente ilegitimidad del régimen político[7]
Como lo señala Noam Chomsky (2002), la liberalización del capital, característica de las contrarreformas neoliberales, conduce a la instalación de un "parlamento virtual" que, tras el control cotidiano de los flujos especulativos, obtiene un "poder de veto y decisión" sobre las políticas de gobierno, restringiendo de facto la democracia.
La experiencia argentina reciente resulta un trágico y claro ejemplo de estas consideraciones. La aplicación de las políticas neoliberales durante la década "menemista" de los noventa supuso una particular concentración del poder en el ejecutivo -a través de los decretos presidenciales-, de control y subordinación de la justicia -ampliación de la corte suprema, remplazo de los jueces federales- y de generalización de la corrupción -que lejos de ser un "cuerpo extraño" al modelo económico cumplió un rol fundamental en la conformación del consenso activo y pasivo que la mayoría de las élites dirigenciales de los diferentes estamentos otorgaron a su implantación (Basualdo, 2001). Las victorias electorales obtenidas por el presidente Menem -abonadas por estos procesos y por el control inflacionario y la ficticia bonanza económica y extensión del crédito de los primeros años- comenzaron a opacarse en la segunda mitad de la década de los noventa con la profundización de la crisis económica. Así, el retroceso electoral del partido gobernante (justicialista) en las elecciones parlamentarias y provinciales de 1997 -particularmente con el revés en la provincia de Buenos Aires- y la derrota estrepitosa en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1999 marcaban, en términos de la voluntad popular, la exigencia social de un cambio de rumbo. Sin embargo, como ya lo señalamos, el gobierno de la Alianza lejos de escuchar las razones democráticas de su apoyo electoral, fue marcando una continuidad, cada vez más acentuada, con el gobierno menemista anterior que en los hechos significó una sucesión de conflictos políticos en su interior y un progresivo desgranamiento y distanciamiento respecto del poder ejecutivo de buena parte de las estructuras políticas de los dos partidos que conformaban la coalición oficial.
De cara a la sociedad, la creciente ilegitimidad política que había sabido ganarse el gobierno en su corta gestión y, también, la amplia mayoría del establishment, se reflejó en los resultados de las elecciones de octubre de 2001 con el fabuloso derrumbe electoral de la alianza gobernante, la pérdida de votos del Partido Justicialista -aunque le permitió conquistar la primera minoría en la cámara de diputados y, en ese sentido, asegurarse un relativo control del parlamento, cuestión que jugará un rol decisivo en la transición abierta en diciembre-, el vertiginoso crecimiento del voto nulo o blanco que alcanzó casi 22%, constituyéndose en la tercera fuerza a nivel nacional, el caudal electoral obtenido por nuevas coaliciones electorales -en buena parte conformadas por desprendimientos y rupturas de la "alianza gobernante"-, críticas a la política gubernamental y el importante incremento de la izquierda política.
En este sentido, el cuestionamiento al conjunto de los poderes del estado (el poder ejecutivo, el parlamento y la corte suprema) que caracterizó las protestas de diciembre expresó en las calles -con mayor intensidad- el reclamo de un "demos" que, sobrepasando su orfandad de representación, demandaba una reforma radical del régimen político capaz de hacer efectivo el gobierno del pueblo.
Las jornadas de diciembre
Durante las últimas semanas de diciembre, estos procesos se combinaron e intensificaron para sellar la suerte del oficialismo, cuestionar al régimen político y poner a debate las salidas a la crisis de la "convertibilidad". Su detonante particular fue la sanción de una serie de medidas resueltas por el ministro Cavallo, bautizadas luego como el "corralito", y que significaron un virtual congelamiento de los depósitos bancarios afectando tanto los "plazos fijos" como el cobro de salarios que habían sido obligados en buena parte a realizarse a través de las entidades bancarias por medidas anteriores del propio ministro. El impacto de estas políticas rápidamente hizo oír su voz. El miércoles 12 de diciembre múltiples protestas y cortes de ruta se realizaban en todo el país, y se escuchaban los primeros cacerolazos y bocinazos y al día siguiente todas las centrales sindicales convocaban a un paro nacional contra la política económica que recogió un altísimo acatamiento -uno de los mayores de la década.[8]
Ese mismo día aparecen los primeros saqueos y reclamos de comida en el interior del país que se prolongan, en una ola que los días 18 y 19 se multiplica en todo el conurbano bonaerense y en buena parte de las ciudades del país. Bajo estas acciones, que rememoran aquellas de 1989, los sectores más empobrecidos de las populosas barriadas de las principales ciudades del país reaparecían en la arena del conflicto -redefiniendo las experiencias de cortes de ruta que habían caracterizado al movimiento de trabajadores desocupados en los meses y años anteriores.
Por la noche del 19 de diciembre el expresidente De la Rúa anunciaba por cadena nacional el dictado del estado de sitio, medida consensuada con los gobernadores justicialistas. Sobre el final de su discurso y en un acto de abierta desobediencia civil, los vecinos de Buenos Aires -y de numerosas ciudades del país- comenzaban a hacer sonar sus cacerolas, para reunirse luego en las esquinas e iniciar una larga marcha hacia los lugares símbolos del poder político: la residencia presidencial de Olivos, la casa del ministro Cavallo, el congreso nacional y la Plaza de Mayo. Cuando las primeras columnas de vecinos -donde se destacaban las mujeres, los jóvenes y los niños- llegaban a la Plaza de Mayo repiqueteando las cacerolas, ya era pasada la medianoche. Singularmente la represión que se descargó sobre los primeros manifestantes que se concentraban en la plaza no hizo desistir al conjunto. Durante buena parte de la noche, en una jornada que se reinicia el jueves desde la mañana, se prolonga una verdadera batalla callejera por su ocupación, la que se extiende paulatinamente a todo el centro de la ciudad. Las imágenes de estos enfrentamientos, la distintiva presencia juvenil y el encarnizamiento policial hacen recordar las jornadas de Génova de julio de 2001 contra la cumbre del G8. La brutal represión cobra cientos de heridos y detenidos y, por lo menos, seis muertos bajo las balas policiales.[9] Hacia el fin del día 20, el presidente y el gobierno en su conjunto renuncian. La tan inesperada como intensa protesta y movilización ciudadana -de aquellos que fueron principales apoyos electorales del triunfo de la Alianza en 1999-, y la respuesta represiva que los acogió, marcan así el fin del gobierno de De la Rúa. Señalan también la profundidad de la crisis de hegemonía que cuestiona hoy al modelo neoliberal en Argentina.
Tras la asunción de Rodríguez Saá y de su brevísimo mandato como presidente, las disputas de poder en el interior del Partido Justicialista (a las que no fue ajeno el conjunto del establishment político) y la puja entre las distintas fracciones del "poder económico" abrieron el espacio para que el bullar de las cacerolas y las movilizaciones marcaran el tiempo de la crisis política.
Una resolución aún pendiente
Por la noche del martes 1° de enero de 2002 la asamblea legislativa, convocada por segunda vez en menos de quince días, coronó -con el apoyo de la mayoría del establishment político- como nuevo presidente al candidato justicialista Eduardo Duhalde. Por vía del acuerdo parlamentario llegaba así al poder ejecutivo aquel que fuera ampliamente derrotado en las elecciones presidenciales de 1999. En términos partidarios, su elección significaba el encumbramiento del aparato justicialista de la provincia de Buenos Aires con el apoyo de los sectores "alfonsinistas" de la UCR; en términos sociales representaba el arribo de los sectores políticos más próximos a los intereses de los grupos económicos locales, lo que permite entender su confrontación discursiva inicial frente al poder financiero.
Así, en la corta gestión que lleva el nuevo gobierno, el rumbo económico adoptado ha intentado privilegiar estos intereses (devaluación del peso, licuación de las deudas bancarias convirtiéndolas en pesos al tipo de cambio de la convertibilidad, sanción de la ley de quiebras, etcétera). Por otro lado, la gestión gubernamental ha evitado descargar el peso de estas medidas sobre los sectores financieros a expensas nuevamente de anunciados salvatajes con recursos públicos, dando continuidad así al esquema de transferencias de ingresos y riquezas que caracterizó la aplicación de las políticas neoliberales en las últimas décadas. Dicha continuidad vuelve a quedar de manifiesto en la confección del presupuesto fiscal para el corriente año de próxima aprobación, que promete reeditar -bajo las recomendaciones del FMI- la política de ajuste del gasto público que caracterizó las gestiones políticas anteriores.
Frente a las demandas sociales expresadas en las calles, el nuevo gobierno ha implicado así una nueva frustración, que se ha expresado en la prolongación -aunque con menor intensidad- de la dinámica social abierta en diciembre hasta la actualidad.
En este sentido, las experiencias de los cacerolazos y movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires y el cordón urbano que la rodea han abierto, en el interior de estos sectores, nuevos procesos de organización local de una enorme potencialidad y riqueza, que, en menos de un mes, dieron nacimiento a asambleas populares en los diferentes barrios y a la conformación de la asamblea interbarrial que reúne semanalmente estas experiencias locales. En sus debates y sus continuas y múltiples protestas ha ido forjándose una programática popular que integra desde las reivindicaciones particulares, económicas generales (rechazo del pago de la deuda externa, entre otras), hasta la exigencia de una profunda reforma política orientada hacia formas de democracia participativa y/o directa, cristalizada en el reiterado estribillo de las protestas que reza "que se vayan todos".
Por otra parte, a la par de estas experiencias, otras protestas vuelven a manifestarse, particularmente protagonizadas por el movimiento de trabajadores desocupados y los trabajadores del sector público que ya habían encarnado el ciclo de movilizaciones durante agosto y septiembre de 2001. A lo largo del último mes, la articulación entre estos sectores sociales ha ido creciendo, señalando un proceso de construcción de solidaridades y nuevas territorialidades sociales.
La gestación de estas experiencias y su instalación en la calle dan cuenta tanto de la resistencia social desplegada frente a los intentos de descargar la salida de la crisis sobre las mayorías populares, como de la creciente aspiración a una renovación y democratización radical de la vida social.
En este sentido, a diferencia de los sucesos de 1989, cuando la hiperinflación y los saqueos apresuraron la asunción de Carlos Menem a la presidencia, dando inicio a una profundización radical de las políticas neoliberales (luego sancionadas en la "convertibilidad"), hoy la constitución, sobre las cenizas de aquel régimen, de un nuevo modelo enfrenta tanto la dificultad de reconstruir la unidad de los poderes económicos -ahora bajo la aparente preeminencia de los "grupos exportadores"-, las limitaciones y urgencias de iniciar, bajo este consenso, un proceso que detenga al menos el ciclo recesivo, así como la resistencia social a la afirmación de una salida que suponga, una vez más, una nueva profundización de la distribución regresiva del ingreso.
En este contexto puede visualizarse la relativa fragilidad que acompaña hoy la salida adoptada por las élites políticas en enero reciente, así como señala que la resolución definitiva de la crisis de hegemonía abierta en diciembre aún se encuentra pendiente.
En tanto estos procesos están en curso, quizás valdría interrogarse en qué medida, si la otrora "Argentina convertible" forjada por Menem y Cavallo fue presentada por los organismos internacionales de crédito como el exitoso camino a seguir, la de hoy no podría ser pensada como el espejo del futuro posible del neoliberalismo en América Latina.
Notas:
Una primera versión de este artículo fue publicada en la revista Diálogo, FLACSO, Guatemala, febrero de 2002. Agradezco especialmente a Ivana Brighenti por su colaboración en la edición del texto, así como a Ana Esther Ceceña, Atilio Boron y Clara Algranati por sus comentarios.
Nombre de la coalición electoral conformada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO (Frente para un País Solidario).
Éste fue el lema principal de la campaña electoral realizada por la Alianza en 1999.
Según las estimaciones realizadas por la consultora Equis con base en la proyección de los datos de pobreza e indigencia en los principales aglomerados urbanos provistos por el INDEC (Instituto de Estadística y Censos) a partir de la medición efectuada en octubre de 2001.
Esta evaluación resulta de los datos proporcionados por el Observatorio Social de América Latina (OSAL). El análisis de dichos resultados y del relevamiento de los conflictos realizado por el OSAL desde enero de 2000 puede consultarse en Seoane, Taddei y Algranati, 2001, y en Seoane y Taddei, 2001. Las versiones, a texto completo, de los últimos números de la revista del OSAL se encuentran en las páginas web: http://www.clacso.org o http://osal.clacso.org
Central de los Trabajadores Argentinos, cuyos orígenes se remontan a inicios de la década de los noventa y que, a mediados de dicha década, se constituyera como central sindical alternativa a la Confederación General del Trabajo (CGT) y encabezara la oposición sindical al gobierno menemista.
El 24 de julio de 2001 se realiza la I Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados -o asamblea nacional "piquetera"- que reúne, por primera vez, a la mayoría del movimiento de trabajadores desocupados.
Por régimen político se entiende la particular forma que adopta el complejo institucional de dominación política en un momento histórico determinado.
Vale señalar también que entre el viernes 14 y el lunes 17 el Frente Nacional contra la Pobreza -multisectorial que agrupa a la CTA, organismos de derechos humanos, asociaciones de pequeños propietarios del campo y la ciudad y partidos políticos- realizó una consulta nacional por el reclamo de un seguro de empleo y formación para los jefes y jefas de hogar desocupados que recogió más de 3 millones de votos a favor.
Los seis muertos (algunas informaciones elevan el número a siete) son las víctimas fatales reconocidas resultado de la represión policial en el centro de la ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, a lo largo de estos días de diciembre, el número de muertos alcanza, por lo menos, a treinta y siete personas -la amplia mayoría jóvenes-, contándose los heridos en cientos y en más de 3 500 los detenidos.
Bibliografía
AA.VV., "La revuelta indígena en Ecuador", OSAL, n. 1, CLACSO, Buenos Aires, junio de 2000.
---, "Bolivia. La ‘Guerra del Agua’ en Cochabamba", OSAL, n. 2, CLACSO, Buenos Aires, septiembre de 2000.Basualdo, Eduardo, Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, Universidad Nacional de Quilmes-FLACSO-IDEP, Buenos Aires, 2001.
Carrera, Íñigo y Celia Cotarelo, "La protesta en Argentina (enero-abril de 2001)", OSAL, n. 4, CLACSO, Buenos Aires, junio de 2001.
Chomsky, Noam, "El 11 de septiembre y sus consecuencias: ¿hacia dónde se dirige el mundo?", OSAL, n. 6, CLACSO, Buenos Aires, enero de 2002.
Dinerstein, Ana, "El poder de lo irrealizado. El corte de ruta en Argentina y el potencial subversivo de la mundialización", OSAL, n. 5, CLACSO, Buenos Aires, septiembre de 2001.
Rodríguez, Gloria, "Un ‘Rosario’ de conflictos. La conflictividad social en clave local", OSAL, n. 5, CLACSO, Buenos Aires, septiembre de 2001.
Scribano, Adrián y Federico Schuster, "Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura", OSAL, n. 5, CLACSO, Buenos Aires, septiembre de 2001.
Seoane, José y Emilio Taddei, "Protesta social, ajuste y democracia: la encrucijada latinoamericana", OSAL, n. 4, CLACSO, Buenos Aires, junio de 2001.
---, Emilio Taddei y Clara Algranati, "Neoliberalismo, crisis y resistencias sociales en América Latina: las configuraciones de la protesta", OSAL, n. 5, CLACSO, Buenos Aires, septiembre de 2001.
---, Gabriel Viú, Daniel Rodríguez y Ana Santucho, Informe de coyuntura, Área de Investigación-Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, 2001, mimeo.Spaltenberg, Ricardo y Verónica Maceira, "Una aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la clase obrera en Argentina", OSAL, n. 5, CLACSO, Buenos Aires, septiembre de 2001.
---, José Seoane, Gabriel Rodríguez y Ana Santucho, Informe de coyuntura, octubre-diciembre, Área de Investigación-Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, 2000, mimeo.
Revista Chiapas
http://www.ezln.org/revistachiapas
http://membres.lycos.fr/revistachiapas/
http://www33.brinkster.com/revistachiapasChiapas 13
2002 (México: ERA-IIEc)
